El desgaste económico de subir impuestos

La industria de alimentación y bebidas, al igual que muchos otros sectores productivos de nuestro país, sufre desde hace meses las consecuencias económicas de la crisis provocada por el coronavirus.

Es innegable que los estragos económicos y sociales que nos deja el Covid-19 provocan un perjuicio constante sobre el medio millón de trabajadores y las más de 30.000 empresas que componen el tejido productivo de la industria alimentaria, formado en su mayoría por pymes.

A pesar del empeño del sector por salir adelante, su estrecha dependencia con otras áreas que no pueden llevar a cabo su actividad económica con normalidad impide su correcto desarrollo: el turismo y las ventas internacionales, o la hostelería, que se enfrenta a restricciones que impiden su pronta recuperación.

Esta situación opacará años de crecimiento de la industria con caídas de producción e incluso la pérdida de hasta 11.000 puestos de trabajo.

Es por ello que, en este contexto, consideramos que introducir medidas que aumenten la presión fiscalpresión fiscal a determinados productos del sector de alimentación y bebidas supone una traba no solo para la reactivación de nuestro sector, sino también de nuestro país.

De forma inevitable, aumentar la carga impositiva del 10% al 21% sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas conllevará una serie de desgastes a nivel económico que pueden acabar materializados en forma de una caída de la facturación de cerca de 120 millones de euros, del valor añadido bruto (VAB) del sector en 110 millones de euros y en la destrucción de hasta 2.000 puestos de trabajo.

Caída en cadena

Estas consecuencias también se trasladarían al resto de eslabones de la cadena alimentaria. Por ejemplo, al sector agrario, al transporte, a la distribución y al de la hostelería. Además, la contemplación de esta medida entra en conflicto con los mensajes que había trasladado el Gobierno hasta el momento de no aumentar las cargas impositivas en un momento en el que la reactivación económica pasa, entre otras cuestiones por aumentar el consumo.

Es importante recordar que las enfermedades como la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial, por lo que un aumento fiscal no resolvería el problema.

De hecho, en algunos países como Francia y México no se han percibido mejoras en este sentido tras seis años de implementación de la medida. Otros países, como Dinamarca, Eslovenia, Australia o Colombia, han acabado por desechar esta tasa, dado que no ha demostrado ser efectiva, según indica la evidencia científica, y por sus efectos perjudiciales sobre el conjunto de la economía.

La obesidad y el sobrepeso son enfermedades que debemos combatir de forma efectiva y a través de un enfoque general y multisectorial coordinado entre el sector privado y público, y no a través de medidas fiscales que pueden provocar daños colaterales. Los impuestos no cambian hábitos y no tienen efectos probados sobre la obesidad.

Este tipo de políticas acaban afectando a las clases más desfavorecidas, ya que no tienen en cuenta la renta de las personas. De hecho, el 17% de los hogares, con un nivel socioeconómico bajo, harán frente al 22% de la facturación total de este impuesto. Por estas razones, consideramos que se trata de un impuesto puramente recaudatorio.

En el contexto en el que nos encontramos, marcado por la recesión económica, este tipo de decisiones contribuyen a hacer todavía más incierta la situación del sector. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para promover un estilo de vida saludable y activo, a través de acciones informativas y educativas. Para esto, apostamos por la colaboración público-privada con las administraciones y por promover acuerdos y compromisos en los distintos ámbitos.

La industria ha sabido adaptarse a una nueva normalidad, modificando sus rutinas de producción e implementando los protocolos marcados por las autoridades sanitarias para, día a día, seguir elaborando alimentos y bebidas que mantengan todos aquellos valores que los consumidores reconocen y aprecian: calidad, textura, variedad, sabor y, especialmente, seguridad.

Los estándares previos a la pandemia en materia de seguridad alimentaria ya eran muy estrictos, pero se han visto reforzados para garantizar la integridad de nuestros trabajadores y consumidores.

Somos una pieza clave y estratégica para el desarrollo económico y social. Además, durante todos estos meses hemos demostrado ser un sector resiliente y con capacidad de afrontar las circunstancias más excepcionales, pero sobre todo que somos un sector comprometido y responsable con los ciudadanos de este país. Ha sido gracias a los trabajadores del sector, así como el resto de miembros que componen la cadena alimentaria, que hemos podido garantizar el abastecimiento constante de nuestros productos.

Confianza

Por ello, es momento de proteger nuestros productos, de infundir confianza en los ciudadanos para que sigan demandando los alimentos y bebidas que producimos dentro de nuestras fronteras y de potenciar el trinomio Alimentación-Gastronomía-Turismo, a través de acciones que promuevan el consumo nacional y fomenten la actividad del sector hostelero, que canaliza hasta un 30% de la facturación total del sector.

En el peor momento de la economía de nuestra historia reciente gravar el consumo va a afectar gravemente a muchos sectores y al conjunto de la economía española.

Por eso, hacemos un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado eviten cualquier subida fiscal que afecte al consumo.