25 años de transformaciones en el ámbito de la Justicia

En el último cuarto de siglo, la Justicia ha vivido una transformación sin precedentes. La digitalización, el acceso a la información y los cambios legislativos han redefinido su funcionamiento, pero los desafíos siguen siendo enormes. La necesidad de reformas legales, la creciente judicialización de la política y fenómenos como el lawfare han puesto el sistema en el centro del debate. A esto se suma el impacto mediático de los grandes casos y la difusión de declaraciones en fase de instrucción, cuestiones que no sólo afectan a los tribunales, sino también a la opinión pública y a la confianza en la Justicia.

Para analizar la evolución y los desafíos de la Justicia en España, Diario de Sevilla reunió a destacados expertos en un nuevo desayuno de redacción bajo el título “Análisis de las competencias de la Justicia 25 años después”. En el encuentro participaron Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía; Luis Fernández Arévalo, fiscal jefe provincial de Sevilla; y Reyes Vila, decana de los jueces. La conversación estuvo moderada por Jorge Muñoz, redactor jefe de Diario de Sevilla, especializado en Tribunales.

Sobre la transformación de la Justicia en estos 25 años comenzó el encuentro. José Antonio Nieto destacó el impacto del decreto de transferencias de competencias en materia de Justicia, la Ley del Menor o la Ley de Violencia sobre la mujer como grandes hitos.

Por su parte, Lorenzo del Río subrayó que la transformación ha sido tanto cualitativa como cuantitativa. La forma de trabajar ha cambiado, con mejores infraestructuras y una mayor incorporación de tecnología. No obstante, también ha crecido el volumen y la complejidad de los asuntos, lo que ha llevado a una sobrecarga del sistema y ha planteado nuevos retos.

“Con el Plan Estratégico de Justicia, redefiniremos el modelo mediante una hoja de ruta planificada y estudiada”

Respecto a esto, Luis Fernández Arévalo enfatizó la necesidad de afrontar cambios estructurales en la Justicia, especialmente en lo relativo a la especialización de los juzgados y la eficiencia del sistema. Destacó el papel de la oficina judicial y de los turnos especializados en los colegios de abogados, que han mejorado la resolución de conflictos. Además, mencionó el avance en la formación continua, la importancia de reformas legales y la necesidad de mejorar la accesibilidad de la Justicia para la ciudadanía, a través de la Justicia gratuita. Subrayo, además, la modernización tecnológica como uno de los ejes fundamentales de la evolución del sector. Más allá de los cambios estructurales, también abogó por fortalecer la conciencia del servicio público dentro del sistema judicial.

Uno de los problemas críticos que persisten, puntualizó Nieto, es la escasez de jueces y la elevada carga de trabajo. En este sentido, el consejero señaló que es fundamental establecer un diálogo entre todas las partes implicadas. Sobre esto, Reyes Vila abordó uno de los retos más recientes: la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Púbico de Justicia.

Más allá de las reformas legales, Vila insistió en la necesidad de proyectar el futuro del sistema judicial. Recordó que vivimos en una sociedad avanzada que confía en la Justicia. Entre los desafíos, destacó la urgencia de abordar los Tribunales de Instancia, la integración de los jueces en la sociedad y la necesidad de reforzar los canales de comunicación con la ciudadanía a través de los gabinetes de prensa de los órganos judiciales. Asimismo, alertó sobre e problema estructural que ralentiza los procesos judiciales, sobre todo con los pleitos masivos presentes en todas las jurisdicciones.

“La transformación de la Justicia en los últimos 25 años ha sido tanto cualitativa como cuantitativa”

Así, en el panorama judicial, la falta de recursos materiales y la escasez de personales son objeto de debate. José Antonio Nieto apuntó que los juzgados de Primera Instancia y de lo Social, preferentemente, se encuentran operando al límite de su capacidad y que, desde el Ministerio, no se está ayudando acorde con las necesidades planteadas por la consejería.

A estos problemas de escasez de personal se le añade la falta de planificación estratégica en la valoración de los recursos. Para afrontar esta situación, hay un plan en marcha que busca mejorar la infraestructura, organizar mejor los recursos humanos, impulsar la digitalización y, en definitiva, ofrecer un servicio de calidad al ciudadano. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía también destacó la importancia de la sostenibilidad, con un enfoque en la reducción del gasto en materiales como el papel, que en los últimos años ha alcanzado los 8 millones de euros. “Necesitamos ese dinero para otras cuestiones”, expresó, señalando que la voluntad de utilizar la tecnología de manera efectiva es clave para optimizar el sistema judicial.

"Es necesario concienciar sobre la idea de que la Justicia es un servicio público”

Luis Fernández Arévalo, fiscal jefe provincial de Sevilla, aportó cifras para contextualizar la situación. Según los datos del Consejo de Europa, España presenta un número de jueces por cada 100.000 habitantes “significativamente inferior” a la media europea, con 11,92 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 17,43 de promedio en Europa. No obstante, destacó que España tiene una proporción elevada de personal no judicial, con 8,7 integrantes por juez, una de las tasas más altas del continente. Además, el informe subraya que España fue el país de Europa que otorgó en 2022 el mayor número de casos con asistencia jurídica gratuita, y es uno de los pocos Estados que sólo cobra tasas judiciales a las empresas y no a los particulares. En este sentido, Fernández Arévalo insistió en la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Cerrando el tema, Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, consideró fundamental agilizar las instrucciones y realizar cambios procesales que favorezcan un sistema judicial más ágil y eficaz. En cuanto a los recursos, también destacó la necesidad de un esfuerzo presupuestario para asegurar que las reformas propuestas se lleven a cabo de manera efectiva.

En este sentido, y pasando a un bloque del encuentro destinado al debate sobre la digitalización, un proceso que no sólo busca modernizar el sistema judicial, sino también mejorar su eficiencia y la accesibilidad para los ciudadanos, José Antonio Nieto destacó durante su intervención que la Junta de Andalucía ha destinado cerca de 80 millones de euros a la digitalización de la Justicia. Así, Nieto subrayó un hito importante: la implantación del sistema de gestión judicial @Adriano en todos los órganos judiciales de la comunidad, lo que, según sus palabras, representa un paso decisivo hacia la modernización del sistema judicial andaluz. Este sistema, que optimiza los procesos administrativos y facilita la gestión de casos, forma parte de una estrategia más amplia que incluye 16 proyectos destinados a la mejora tecnológica del sector judicial.

Sin embargo, la digitalización no está exenta de dificultades. Reyes Vila, juez decana de Sevilla, señaló que uno de los problemas más críticos es la caída masiva del portal judicial, lo cual genera desconfianza entre los usuarios. “La digitalización debe facilitar el acceso a la Justicia, no entorpecerlo”, indicó, refiriéndose a los problemas de accesibilidad y la carga que supone para los profesionales del Derecho y los ciudadanos. Los fallos en el sistema a menudo llevan a la frustración, lo que puede desincentivar la adopción de nuevas tecnologías dentro del ámbito judicial.

“No hay politización de la Justicia en este país; los jueces están sometidos al imperio de la ley”

José Antonio Nieto reconoció que la situación es compleja debido al alto número de usuarios que acceden simultáneamente al portal, lo que provoca saturaciones y errores en el sistema. Además, el consejero explicó que actualmente el sistema se encuentra en plena transición de licencias, un proceso técnico que está siendo gestionado para mejorar la estabilidad y rendimiento del portal, pero que aún presenta desafíos.

Otro tema de actualidad que salió a debate fue la propuesta del PSOE para limitar la acusación popular. José Antonio Nieto advirtió que esta iniciativa amenaza el artículo 125 de la Constitución y la consideró incoherente. Criticó además que se use la Justicia para proteger intereses políticos.

Lorenzo del Río destacó que, aunque la acusación popular no debe eliminarse, sí se puede mejorar con un mayor consenso legislativo. A su vez, Luis Fernández Arévalo señaló que, aunque es constitucional, la acción popular debe reformarse para evitar abusos por parte de quienes la utilizan con fines personales. Reyes Vila lo calificó como ataque al Estado de Derecho, ya que no es una cuestión política, sino que es parte trascendental de una sociedad democrática y que hay que legislar de manera general, no particular.

En este contexto, la creciente judicialización de la política y la aparición del concepto lawfare (utilización abusiva de las instancias judiciales con la intención de inhabilitar manteniendo apariencia de legalidad) han generado preocupación entre los expertos. José Antonio Nieto destacó que lo que debería ser una práctica normal, como que alguien responda ante un tribunal, se está convirtiendo en un choque entre lo político y la justicia. Estando de acuerdo, Lorenzo del Río subrayó que lo que se está judicializando son actos concretos de personas con responsabilidades políticas, no la política en sí.

Luis Fernández Arévalo señaló que hay una jurisdicción preparada y reglada para acometer cualquier tipo de decisión si se percataran indicios de lawfare. Por su parte, Reyes Vila rechazó la idea de que haya una politización de la Justicia. Según la juez decana de Sevilla, los jueces son independientes, pero cuando la aplicación de la ley no agrada a algunos, se le da una lectura política a la decisión tomada.

Para finalizar, todos los ponentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de evitar la difusión de declaraciones en vídeo en fase de instrucción de los investigadores, las víctimas y los testigos para salvaguardar su privacidad.