El 44% de los funcionarios de la Junta de Andalucía ha tenido tentaciones de corrupción

Es la primera vez que se realiza una encuesta de estas características y ha revelado mucha información interesante. La Oficina Andaluza Antifraude, un organismo independiente de control que mana del Parlamento de Andalucía, ha realizado una encuesta entre los 270.000 empleados públicos andaluces de todos los sectores: administración general, SAS, Educación, entes instrumentales y empresas públicas, para conocer cuál es su percepción de la corrupción y el fraude y como atajarlos.

Este estudio desvela que el 44% de los funcionarios autonómicos responde con un rotundo sí a la pregunta de “si han intentado usar su contacto conmigo para obtener beneficio en un servicio público”, es decir, han tenido tentaciones de corrupción o de fraude. Sin embargo, sólo reconocen esos intentos ya que el 80% de los encuestados asegura que no ha sido testigo de sobornos o de fraude. Hay otro dato interesante. El 16% de los funcionarios autonómicos reconoce que sí ha usado sus contactos para obtener beneficios en un servicio público.

Esto no significa, claro, que haya habido corrupción, soborno o algún delito pero sí que es relativamente frecuente recurrir a algún conocido en algún puesto de la administración para agilizar algún trámite burocrático o para tener información sobre cómo acceder a determinados servicios. El 84% de los encuestados niega también esta posibilidad.

Lo ven de otra manera cuando se les pregunta indirectamente; una cosa es haber sido partícipe de prácticas fraudulentas y otra cosa conocer a “alguien” que las ha realizado. Un 74% de los encuestados reconoce que la corrupción existe; además, más de la mitad de los funcionarios afirma conocer a personas que sí han presenciado estos actos, mientras que otro 44% asegura saber que esto sucede. ¿Pruebas? la conclusión a la que llega la Oficina Andaluza Antifraude es que en general, aunque muchos no han tenido experiencias directas con la corrupción, existe una percepción generalizada de que es un problema presente en la administración.

Confianza en Andalucía

Los funcionarios y trabajadores del sector público andaluz están en contra de los estereotipos ya que el 63% niega que la corrupción esté asociada especialmente a nuestra cultura y consideran, además que el 75% de los andaluces cumplen con las leyes bastante o siempre. Y queda un 25% que es donde, presuntamente, se ubicaría la corrupción y el fraude, ya que “no siempre” respeta la legalidad vigente.

Ineficiencia de la administración

En conjunto, los datos de esta encuesta reflejan una fuerte oposición a la corrupción, con un consenso sobre la necesidad de un cambio cultural hacia la integridad y la creencia de que la corrupción afecta negativamente a la libre competencia. Además, la mayoría de los encuestados (el 60%) cree que la corrupción existe debido a que la administración es ineficiente, un dato revelador teniendo en cuenta que todos los encuestados son personal de la administración andaluza en todos los sectores. No hay ningún ciudadano que tenga otro empleo que haya respondido a este cuestionario que se ha realizado por canales internos de la administración.

Hay un dato positivo. El 69% percibe que la corrupción en Andalucía ha disminuido en el último año, mientras que un 31% cree que ha aumentado.

El objetivo de este estudio es, claro, dar a conocer a la propia Oficina Andaluza Antifraude, que se creó en el verano de 2021 con el fin de prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía. Y que está al servicio también de los funcionarios públicos andaluces en la creencia de que son ellos los primeros que pueden detectar prácticas fraudulentas.

Las denuncias

La encuesta desvela también que, a pesar de que existe una creencia generalizada en que la corrupción existe, los funcionarios no ponen medios para atajarla ya que sólo el 9% se ha atrevido a denunciar, frente al 91% que nunca ha presentado una denuncia. ¿Por qué? Los datos muestran un panorama en el que la falta de información, la desconfianza en el sistema y el miedo a represalias contribuyen a la baja tasa de denuncias sobre corrupción: el 56% no sabe dónde debe denunciar, mientras que el 84% explica que no puede obtener pruebas, además de que otro 60% considera que denunciar no sirve para nada, mientras que un 81% teme represalias por hacerlo. En esta respuesta (que permite que el mismo encuestado responda a varias afirmaciones) hay un 66% que sostiene que todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie denuncia.

Si los encuestados tuvieran conocimiento de una conducta inapropiada, fraude o corrupción de un empleado público, el 47% lo denunciaría sólo si sabe que no le generará ningún problema. Un 32% afirmaría que lo denunciaría incluso si le generara algún tipo de problema, mientras que el 21% no denunciaría en ningún casos. Y todo ello a pesar de que un 41% de los funcionarios de la Junta y el personal de la administración y empresas públicas, ya conocía la existencia de la Oficina Andaluza Antifraude.