Alaya amplía la imputación al ex consejero Martín Soler por una ayuda a Avantia Ticsa

La juez Mercecedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha ampliado la imputación al ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler Márquez, al que ha citado de nuevo a declarar el próximo 22 de septiembre para interrogarle por una ayuda concedida a la empresa Avantia Ticsa.

La magistrada ha dictado una providencia, que tiene fecha de ayer, en la que señala que al realizar “un repaso de las medidas cautelares sobre los imputados” se ha dado cuenta de que a Martín Soler “no se le imputó expresamente la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa”, que fue concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación.

Por este motivo, la juez ha decidido citarle a declarar “sobre estos extremos” en una comparecencia que ha sido fijada para el próximo 22 de septiembre, precisa Alaya.

El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler Márquez compareció ante la juez Alaya en junio pasado pero se acogió a su derecho constitucional a no declarar y al término de su comparecencia ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones personadas en el proceso pidieron que se le impusiera una medida cautelar.

Martín Soler es el octavo ex consejero de la Junta imputado en la causa –Alaya le atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos-, dentro de una macrocausa con 227 imputados, de los cuales 33 son altos o ex altos cargos de la administración autonómica.En el auto de imputación de Martín Soler, la instructora explicaba que con esta imputación se cerraba el "capítulo relativo al papel" desempeñado por la agencia IDEA y por consiguiente de la consejería de Innovación a la que estaba adscrita desde el 2004, "como compañero perfecto de la Consejería de Empleo en el proceso no sólo de materialización y ejecución, sino de concesión de las subvenciones a empresas del programa 31L", conocido como el fondo de reptiles.

La juez añadía que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a Idea por la Intervención General de la Junta, volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado. Este informe, prosiguió entonces Alaya, sería recibido el 4 de noviembre de 2009 por el entonces consejero de Innovación, Martín Soler Márquez, que ostentó el cargo entre abril de 2009 y marzo de 2010. La instructora aseveraba igualmente que a pesar de las conclusiones de este informe, la Agencia IDEA "seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo", por lo que Alaya acuerda imputar a este ex consejero.