Alaya imputa a otras seis personas por el ERE de Dhul, que recibió 10,5 millones en ayudas

La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado en el caso a otras seis personas relacionadas con el ERE de la empresa Dhul, propiedad de la familia Ruiz-Mateos y que recibió 10,5 millones de euros en ayudas públicas de la Junta.

Estas nuevas imputaciones elevan a 151 la cifra de implicados en la causa y entre las ocho personas que han sido citadas a declarar la próxima semana, en concreto los días 10 y 11 de abril, se encuentran otro hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, el abogado de la familia, tres intrusos y un sindicalista de CCOO en Jaén. La juez también ha ampliado la imputación por estos hechos a José María Ruiz-Mateos, quien no acudió a declarar cuando fue citado por el ERE del Hotel Cervantes del grupo Nueva Rumasa alegando un empeoramiento de su estado de salud.

En un nuevo auto, que tiene fecha de este viernes, Alaya señala que del atestado realizado por la Guardia Civil respecto a la comercial alimentaria Dhul se desprende la "existencia de nuevos imputados" relativos a este ERE, entre ellos el director comercial de Dhul, Rafael Carvia Barrios, quien firmó con el director general de Trabajo Javier Guerrero el protocolo de colaboración por el que la Junta mostraría, "a través de las influencias ejercidas" por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, su disposición a gestionar las ayudas de prejubilación de los trabajadores de esta empresa.

La solicitud del ERE se presentó el 16 de abril de 2002 y se materializaron ayudas por importe de 7.605.282,06 euros, "sin que en dicho expediente se hubiera observado solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna".

Según Alaya, las cuantías del ERE fueron ampliadas "a instancias" de Rafael Carvia, que señaló que la póliza había sufrido un coste adicional de 2,3 millones, por lo que se amplió el mismo, si bien "dicha cantidad era para la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo este último que presuntamente conocía la Administración, falseándose el contenido de la Addenda al Protocolo y el propio convenio", asegura Alaya. El compromiso de pago al final ascendió a 10.005.070,46 euros, pero el IFA/Idea abonó 10.594.159,31 euros, lo que supone más del 100% del total, con un exceso de 589.088,85 euros que según la instructora puede deberse a los "intereses devengados por los incumplimientos de los plazos de pagos".

Alaya también ha imputado a Álvaro Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano, que figuraba como administrador solidario de Dhul y luego fue administrador único; y también a Carlos Santandreu Soriano, apoderado de Dhul desde 1999 y director general desde 2006, quien participó también en la tramitación del ERE "de forma activa tanto en el proceso de elaboración de la documentación para la solicitud del ismo como en los trámites posteriores".

Dice Alaya que en este expediente tendría un "papel importante como mediador o intermediario" con la dirección general de Trabajo, derivado del cual serían incluidos como intrusos en este expediente su cuñada Ángeles Sierra García y su marido, Carmelo Cruz Porcel.

También fueron incluidos como intrusos José Egea Parra y Miguel Espinola Palma, trabajadores autónomos y que fueron contratados por Dhul tres meses antes de la solicitud del ERE.

En el expediente fue incluida además como intrusa Fernanda García Vilches, que nunca trabajó en Dhul, y que es esposa de Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación en la provincia de Jaén del sindicato CCOO entre 1993 y 2003 o 2004. Según Alaya, este sindicalista, "prevaliéndose de su amistad con Juan Lanzas, motivó la inclusión de su mujer en la póliza individual a sabiendas de su ilicitud", aunque este matrimonio que declarará la próxima semana ya fue imputado en julio del año pasado.

Por último, la instructora ha imputado a Joaquín Ivancos Muñiz, que fue abogado de la familia Ruiz-Mateos y administrador mancomunado del Hotel Cervantes, y que según Alaya sería "conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron en estos expedientes de regulación de empleo (hotel Cervantes y Dhul), conociendo igualmente del presunto tráfico de influencias a favor del grupo Nueva Rumasa, ejercido ante la Junta por Juan Lanzas" para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE, así como de los pagos efectuados al conseguidor a razón de 600.000 euros por cada ERE.

La juez ha decidido asimismo ampliar la imputación a José María Ruiz-Mateos por su "participación activa en este expediente" de Dhul, aunque su citación a declarar queda pendiente a la espera del reconocimiento forense que ordenó practicar hace varias semanas.

Las ocho nuevas declaraciones tendrán lugar los días 10 y 11 de abril, a razón de cuatro imputados por día. El día 10 comparecerá Álvaro Ruiz-Mateos y el abogado de la familia Joaquín Ivancos, entre otros, mientras que el sindicalista de Jaén y su esposa lo hará el viernes 11 de abril.