Andalucía rechaza las medidas del Gobierno para restringir la movilidad ante el avance del coronavirus

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha votado este miércoles en contra de la propuesta presentada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad para restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19, al considerar que los criterios fijados por el departamento que dirige Salvador Illa son "totalmente arbitrarios".

Además de Andalucía, las comunidades autónomas de Madrid, Galicia y Cataluña, así como la ciudad autónoma de Ceuta han rechazado la propuesta presentada por el Ministerio de Sanidad, mientras que la Región de Murcia se ha abstenido en la votación. De esta forma, el documento presentado por Sanidad se traslada a la Ponencia de Alertas de Salud Publica para trabajarlo técnicamente.

En un comunicado, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que "Andalucía ha votado en contra porque este documento ha sido rechazado por los técnicos y expertos andaluces en las ponencias de Salud Pública y Alertas sanitarias que se han reunido esta mañana".

Además, ha indicado que espera que "vuelva a ser debatido una vez más en las distintas ponencias y que, tras el trabajo de los técnicos, regrese mejorado al Consejo Interterritorial".

Aguirre ha añadido que "no se pueden limitar a tres los indicadores y no tener en cuenta otros factores determinantes, como la trasmisión epidemiológica, la densidad de población, los casos positivos en el ámbito sanitario o criterios clínicos".

En ese sentido, ha recalcado que "Andalucía ha presentado una propuesta en la que hay indicadores para conocer la situación y evolución de cada uno de los municipios, teniendo en cuenta la capacidad asistencial real, considerando la situación de las personas más vulnerables y las instituciones sociosanitarias, y fomentando el trabajo conjunto entre las distintas administraciones".

Finalmente, el consejero andaluz ha señalado que "es fundamental que se adopten medidas consensuadas para evitar la transmisión del virus", pero ha remarcado que "estas medidas tienen que nacer de los técnicos, no de los políticos, e incluir todos los posibles escenarios e indicadores para una respuesta efectiva y coordinada".

Las medidas propuestas por Sanidad

En el borrador que ha presentado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las comunidades autónomas se contemplaba restringir entradas y salidas de las personas que vivan en municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes, como por ejemplo Madrid.

Además, establecía que debían de presentar un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por Covid-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10 por ciento; y la comunidad autónoma a la que pertenece tener una ocupación de camas por pacientes Covid-19 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superior al 35% de la dotación habitual (época pre-Covid-19).

Sin embargo, esta tarde la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en la que pide criterios "objetivos y claros" para todas las comunidades autónomas e insta a Sanidad a que no se ciñera solo a estos indicadores. Y es que, tal y como han señalado, en el caso de la región madrileña, debería tenerse en cuenta el criterio de capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI".

"La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo además la construcción del nuevo Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que incrementará notablemente dicha respuesta asistencial. Además, se debe tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad", ha dicho la Consejería de Sanidad.

Otras medidas contempladas en el documento del Ministerio de Sanidad pasaban por restringir a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales; cerrar los parques infantiles de uso público; reducir aforos y horarios; y cerrar las barras de los bares.