Andalucía tendrá que reducir un 18% sus emisiones de dióxido de carbono

Foro Joly | José Fiscal. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Fiscal desgrana los detalles de la Ley de Medidas contra el Cambio Climático, que ordenará la lucha contra el calentamiento global en la región y que comenzó el martes su trámite legislativo

José Fiscal durante su conferencia en el Foro Joly
José Fiscal durante su conferencia en el Foro Joly / Juan Carlos Vázquez
Carlos Rocha

21 de diciembre 2017 - 14:34

Si los andaluces se reparten entre todos el dióxido de carbono que se emite desde la comunidad en un año, cada uno debería quedarse con 6,11 toneladas. Es un 15% menos que si el reparto se aplica al conjunto del país y un 32% menos que si se extrapola a la Unión Europea. Pero dentro de doce años, para 2030, esa cantidad deberá ser todavía menor para quedarse, aproximadamente, en unas 4,9 toneladas por habitante y año.

Es un 18% menos que el registro de 2005 y es la cifra que marca la Ley de Medidas contra el Cambio Climático, que el martes pasado comenzó su trámite parlamentario y que ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, glosó durante su conferencia en el Foro Joly organizado por el Grupo Joly con la colaboración de Ditecsa y que se desarrolló en el hotel NH Collection de Sevilla.

Después de que el presidente de Ditecsa, Gonzalo Madariaga, esbozase las principales líneas de acción de la empresa, fue el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien se encargó de presentar al político onubense, al que responsabilizó de la importancia que tienen para el Gobierno andaluz las políticas medioambientales.

En su conferencia, Fiscal se retrotrajo a 2002, cuando el Ejecutivo que entonces presidía Manuel Chaves aprobó la primera Estrategia Andaluza de Cambio Climático y el Plan de Acción por el Clima, que contemplaba una serie de directrices encaminadas a mitigar las emisiones, adaptar los distintos sectores económicos y comunicar a la población la importancia del calentamiento global y sus consecuencias. "Entonces era un fenómeno poco conocido. Todavía había gente que lo negaba", detalló el titular de Medio Ambiente.

La ley desgranada ayer por Fiscal servirá para reforzar el control que la Administración autonómica ejerce sobre las emisiones "difusas", que se corresponden con el 55% del total que genera Andalucía. El 45% restante, del que son responsables las grandes industrias, queda bajo el marco del régimen internacional de comercio, altamente regulado.

"La ley viene a tapar un vacío legal", recalcó Fiscal, que insistió en el carácter transversal de una norma con ramificaciones en todas las consejerías y que también incluye a los entes locales. El consejero de Medio Ambiente señaló especialmente a los municipios de más de 50.000 habitantes, que tendrán que aprobar un plan propio contra el cambio climático. "En los núcleos urbanos se concentra el 80% de la población andaluza y donde se producen mayores emisiones de dióxido de carbono", reconoció Fiscal, que sin embargo descartó que el texto legislativo incluya medidas coercitivas para el tráfico rodado como las que ha aplicado el Ayuntamiento de Madrid en momentos con altos niveles de contaminación atmosférica.

"Ya está claro el compromiso de la Administración. No podíamos predicar sin dar ejemplo", reconoció el titular de Medio Ambiente, que también quiso aludir al sector privado, con quien, aseguró, ha mantenido un "diálogo fructífero" para que la ley también regule las emisiones de sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería, la construcción o las pequeñas y medianas industrias. Para controlar el cumplimiento de los requerimientos que la futura norma impondrá a empresas y Administración, se creará el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, que también servirá para dotar de transparencia a los avances -o retrocesos- que presenten las entidades incluidas en la ley.

Andalucía, aseguró el político onubense, será uno de los territorios más afectados por los efectos de la subida de las temperaturas en todo el planeta. Con la mencionada reducción del 18% en las emisiones -aunque los objetivos pueden recalcularse cada seis años en función de la situación-, lo que se busca es cumplir con el Acuerdo de París, que tiene por objetivo evitar que la temperatura media mundial aumente más de dos grados. "Hablábamos de que el cambio climático afectaría a hijos y nietos, pero lo estamos sufriendo ya", aseguró Fiscal, que ensalzó la importancia que tiene la acción local y regional en un problema de carácter global.

El consejero de Medio Ambiente pintó un escenario complicado en el apartado de las aportaciones hídricas si se produce el aumento de temperaturas previsto, que puede ir desde el grado y medio a los seis grados hasta el año 2100. "Va a llover menos, aunque no sabemos cuánto menos", reconoció antes de alertar de otro peligro: el aumento de la temperatura favorecerá la evaporación en los embalses andaluces. Esta situación provocará "un incremento en la intensidad y la duración de las sequías", aunque Fiscal rechazó que la situación actual de escasez de precipitaciones esté directamente relacionada con el cambio climático. Sí defendió que gracias a los planes especiales de sequía "no habrá problemas de abastecimiento en las grandes ciudades a medio plazo". Sin embargo, lamentó que hay pequeñas poblaciones que se nutren de acuíferos que sí están teniendo problemas, algo que se podría solucionar, según Fiscal, con una mejora de las infraestructuras hidráulicas que cargó mayoritariamente en los hombros del Gobierno central.

Otro de los problemas que se volverán más acuciantes serán los incendios. En el caso de que no se mitiguen los efectos del cambio climático, estos siniestros se volverán más virulentos. Por ese motivo, explicó Fiscal, el Plan Forestal de Andalucía y las actuaciones del Infoca tendrán en cuenta escenarios con "condiciones térmicas más cálidas". Entre las medidas a destacar, el consejero de Medio Ambiente situó el control de las especies vegetales invasivas para lograr masas forestales "más resilientes y adaptadas a la realidad".

"Doñana está amenazada, pero no en peligro"

José Fiscal es consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pero también periodista. Por eso cuando le pidieron titulares sobre Doñana fue tajante. "No está en peligro, pero sobre Doñana pende una amenaza", aseguró el político onubense, que recordó que el espacio natural "no está en ninguna lista negra" y que la Unesco descartó hace seis meses la posibilidad de que el humedal más importante del país fuera a salir de la lista de espacios patrimonio de la humanidad. En el turno de coloquio, Fiscal se refirió a los pozos ilegales como uno de los principales riesgos para la conservación de Doñana, puesto que esquilman el conocido como acuífero 27, del que se surte Doñana.

El titular de Medio Ambiente garantizó que la Junta de Andalucía no tiene intención de esquivar esta responsabilidad, pero señaló también al Gobierno central, de quien depende, por ejemplo, el trasvase hacia el territorio que rodea al espacio natural desde la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras. La puesta en marcha de este proyecto, aseguró Fiscal, permitiría el cierre de pozos legales que ahora nutren al potente sector agrícola de la zona, que el político onubense considera compatible con la conservación de Doñana. En este sentido, Fiscal ensalzó los efectos positivos del Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte.

Lo que descartó de pleno -porque depende del Ejecutivo central- es que se retome el dragado de profundización del Guadalquivir, un aspecto en el que coinciden Junta y Gobierno. Fiscal también habló sobre el lince, que "sigue en peligro de extinción, pero progresa muy notablemente". Y además defendió la repercusión económica para la zona que tiene el proyecto europeo de conservación de este felino. Por contra, calificó como una "leyenda urbana" que exista un plan de reintroducción del lobo en Andalucía, aunque reveló que existe una pequeña población de este mamífero en la provincia de Jaén, cerca de Andújar.

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