Andalucía tendrá que reducir un 18% sus emisiones de dióxido de carbono

Si los andaluces se reparten entre todos el dióxido de carbono que se emite desde la comunidad en un año, cada uno debería quedarse con 6,11 toneladas. Es un 15% menos que si el reparto se aplica al conjunto del país y un 32% menos que si se extrapola a la Unión Europea. Pero dentro de doce años, para 2030, esa cantidad deberá ser todavía menor para quedarse, aproximadamente, en unas 4,9 toneladas por habitante y año.

Es un 18% menos que el registro de 2005 y es la cifra que marca la Ley de Medidas contra el Cambio Climático, que el martes pasado comenzó su trámite parlamentario y que ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, glosó durante su conferencia en el Foro Joly organizado por el Grupo Joly con la colaboración de Ditecsa y que se desarrolló en el hotel NH Collection de Sevilla.

Después de que el presidente de Ditecsa, Gonzalo Madariaga, esbozase las principales líneas de acción de la empresa, fue el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien se encargó de presentar al político onubense, al que responsabilizó de la importancia que tienen para el Gobierno andaluz las políticas medioambientales.

En su conferencia, Fiscal se retrotrajo a 2002, cuando el Ejecutivo que entonces presidía Manuel Chaves aprobó la primera Estrategia Andaluza de Cambio Climático y el Plan de Acción por el Clima, que contemplaba una serie de directrices encaminadas a mitigar las emisiones, adaptar los distintos sectores económicos y comunicar a la población la importancia del calentamiento global y sus consecuencias. "Entonces era un fenómeno poco conocido. Todavía había gente que lo negaba", detalló el titular de Medio Ambiente.

La ley desgranada ayer por Fiscal servirá para reforzar el control que la Administración autonómica ejerce sobre las emisiones "difusas", que se corresponden con el 55% del total que genera Andalucía. El 45% restante, del que son responsables las grandes industrias, queda bajo el marco del régimen internacional de comercio, altamente regulado.

"La ley viene a tapar un vacío legal", recalcó Fiscal, que insistió en el carácter transversal de una norma con ramificaciones en todas las consejerías y que también incluye a los entes locales. El consejero de Medio Ambiente señaló especialmente a los municipios de más de 50.000 habitantes, que tendrán que aprobar un plan propio contra el cambio climático. "En los núcleos urbanos se concentra el 80% de la población andaluza y donde se producen mayores emisiones de dióxido de carbono", reconoció Fiscal, que sin embargo descartó que el texto legislativo incluya medidas coercitivas para el tráfico rodado como las que ha aplicado el Ayuntamiento de Madrid en momentos con altos niveles de contaminación atmosférica.

"Ya está claro el compromiso de la Administración. No podíamos predicar sin dar ejemplo", reconoció el titular de Medio Ambiente, que también quiso aludir al sector privado, con quien, aseguró, ha mantenido un "diálogo fructífero" para que la ley también regule las emisiones de sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería, la construcción o las pequeñas y medianas industrias. Para controlar el cumplimiento de los requerimientos que la futura norma impondrá a empresas y Administración, se creará el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, que también servirá para dotar de transparencia a los avances -o retrocesos- que presenten las entidades incluidas en la ley.

Andalucía, aseguró el político onubense, será uno de los territorios más afectados por los efectos de la subida de las temperaturas en todo el planeta. Con la mencionada reducción del 18% en las emisiones -aunque los objetivos pueden recalcularse cada seis años en función de la situación-, lo que se busca es cumplir con el Acuerdo de París, que tiene por objetivo evitar que la temperatura media mundial aumente más de dos grados. "Hablábamos de que el cambio climático afectaría a hijos y nietos, pero lo estamos sufriendo ya", aseguró Fiscal, que ensalzó la importancia que tiene la acción local y regional en un problema de carácter global.

El consejero de Medio Ambiente pintó un escenario complicado en el apartado de las aportaciones hídricas si se produce el aumento de temperaturas previsto, que puede ir desde el grado y medio a los seis grados hasta el año 2100. "Va a llover menos, aunque no sabemos cuánto menos", reconoció antes de alertar de otro peligro: el aumento de la temperatura favorecerá la evaporación en los embalses andaluces. Esta situación provocará "un incremento en la intensidad y la duración de las sequías", aunque Fiscal rechazó que la situación actual de escasez de precipitaciones esté directamente relacionada con el cambio climático. Sí defendió que gracias a los planes especiales de sequía "no habrá problemas de abastecimiento en las grandes ciudades a medio plazo". Sin embargo, lamentó que hay pequeñas poblaciones que se nutren de acuíferos que sí están teniendo problemas, algo que se podría solucionar, según Fiscal, con una mejora de las infraestructuras hidráulicas que cargó mayoritariamente en los hombros del Gobierno central.

Otro de los problemas que se volverán más acuciantes serán los incendios. En el caso de que no se mitiguen los efectos del cambio climático, estos siniestros se volverán más virulentos. Por ese motivo, explicó Fiscal, el Plan Forestal de Andalucía y las actuaciones del Infoca tendrán en cuenta escenarios con "condiciones térmicas más cálidas". Entre las medidas a destacar, el consejero de Medio Ambiente situó el control de las especies vegetales invasivas para lograr masas forestales "más resilientes y adaptadas a la realidad".