Anticorrupción pide imputar a Chaves y Zarrías por un préstamo a Hamsa

Nuevo y espectacular giro en el caso de los ERE tras la sentencia de la "pieza política". La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que mantiene abiertas 122 piezas separadas por la macrocausa de los ERE, solicitando que sean citados a declarar en calidad de investigados el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, en relación con un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica ubicada en Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.

El escrito fue presentado en el juzgado el pasado 20 de noviembre, tan sólo un día después del dictado de la sentencia, algo que según fuentes del caso obedece a una simple coincidencia temporal, derivada del análisis de la documentación relacionada con esta nueva línea de investigación.

La Fiscalía considera que los hechos por los que deben declarar Chaves y Zarrías, que ya han sido condenados a nueve años de inhabilitación en relación con la creación del denominado "procedimiento específico" para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009, podrían igualmente ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos.

En el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra piden al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar este préstamo, que en cualquier caso no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA que la sentencia dictada recientemente ha considerado ilegales. De esta forma, se trataría de una nueva investigación que no quedaría afectada, según el Ministerio Público, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la “pieza política” acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en aplicación del principio ‘non bis in ídem’.

De hecho, en el escrito presentado al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana –que investiga la macrocausa mientras dura la baja por motivos de salud de María Núñez Bolaños-, la Fiscalía reclama que se impute a un total de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco directivos de la empresa Primayor.

Entre los ex altos cargos hay cinco ex consejeros, entre ellos el ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, o los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, estos tres últimos también condenados en la sentencia de los ERE. Completan la lista el ex director de Trabajo Javier Guerrero, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex presidente del IFA Salvador Durbán y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En el informe remitido al juzgado, Anticorrupción explica que ya en el año 1999 la Junta concedió ayudas sociolaborales tendentes a costear los planes de prejubilación de los trabajadores de Hamsa, y en febrero de ese mismo año la Comisión Europea declaró "incompatibles" las ayudas recibidas por la empresa, lo que llevó al Estado a recuperar todas las ayudas haciendo que la empresa fuera inviable.

Un préstamo puente hasta que llegaran las futuras subvenciones

De "manera paralela en el tiempo se decidió desde la Junta" otorgar ayudas a la empresa, aunque se hizo formalmente "a modo de anticipo de las futuras ayudas y bajo la figura de un préstamo puente", según consta en el acta del consejo rector del IFA del 29 de octubre de 1999, que por entonces presidía Salvador Durbán. El consejo rector adoptó por unanimidad y a expensas de su aprobación definitiva por el consejo de gobierno "anticipar las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo solicitadas por Campocarne Andalucía, mediante un préstamo puente de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros)".

La Fiscalía añade que ese acuerdo fue ratificado por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves el 9 de noviembre de 1999, y "directamente relacionado con este anticipo en forma de préstamo puente" está el acuerdo firmado el 2 de diciembre de 1999 por Gaspar Zarrías y el presidente de Campocarne, Miguel Ángel Ortega Bernal, por el que la Junta adquiría el compromiso de "abono completo" de las cantidades que por la creación de empleo se habían estipulado en un acuerdo anterior hasta alcanzar los 2,8 millones de euros.

Como continuación, el 10 de marzo de 2000 el entonces consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez y el presidente del IFA, Salvador Durbán, firmaron un convenio de colaboración para que se anticipara ese pago.

Disposición "arbitraria" de los fondos públicos

La Fiscalía sostiene que tras examinar las actas del consejo rector no se ha encontrado "ninguna mención a la condonación, declaración de fallido o, en su caso, conversión del préstamo puente en su día concedido a Campocarne", de lo que se desprenden "indicios racionales de criminalidad" en la concesión en 1999 de ese préstamo porque de la documentación "podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor".

El Ministerio Público considera que en 2003 el préstamo "no había sido pagado y que la única amortización que constaba al IFA era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo", cifrándose en 3,7 millones de euros el principal pendiente de vencimiento. Y de la documentación analizada, los fiscales concluyen que "el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero de 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas" en la escritura pública del mismo, por lo que reclama al juzgado que abra esta nueva pieza. El supuesto menoscabo de los fondos públicos que ahora piden investigar sería de esos 3,7 millones de euros.