Anticorrupción pide suspender las declaraciones del "tándem" de la Sierra Norte al no haberse resuelto un recurso

Sevilla/La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, en el que solicita la suspensión de la declaración de cinco imputados por las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos el “tándem” formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, debido a que aún no se ha resuelto el recurso que el Ministerio Público presentó contra la decisión de la instructora de negarse a abrir una pieza separada por estas subvenciones y remitirla al Tribunal Supremo, dado que en la misma aparecen indicios contra personas aforadas, como el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado que la Fiscalía ha pedido la suspensión de hasta cinco declaraciones, previstas para el próximo 29 de abril –José Enrique Rosendo, José María Sayago y Eduardo Lora Ruiz- y el 5 de mayo –Manuel Valdecantos y Pascual Capputo-, y está a la espera de la decisión que pueda adoptar la juez Mercedes Alaya, que aún no ha remitido a la Audiencia de Sevilla el recurso contra su negativa a no formar esta pieza separada.

Con esta petición, Anticorrupción quiere evitar que se produzcan las posibles nulidades que se derivarían si la Audiencia estima el recurso y ordena abrir esta pieza separada, con lo que esas declaraciones serían nulas y deberían volver a practicarse, tal y como ocurrió con la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez cuando el tribunal anuló inicialmente su imputación y la juez tuvo que citarla de nuevo a declarar. En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía considera que “no es procedente y por el contrario causa un efecto dilatorio la toma de declaraciones a las personas implicadas en dicha trama no aforadas, interesando que se suspendan tales declaraciones, en tanto en cuanto no se resuelva expresamente” su petición de abrir una pieza separada y elevarla al Tribunal Supremo.

El Ministerio Público solicita igualmente que, en el caso de que la petición de suspensión no se estime por la juez, se mantenga la suspensión de las declaraciones durante la “tramitación del posible recurso, y en todo caso durante la tramitación del recurso de apelación ya interpuesto contra el auto de fecha 3 de abril de 2014”, precisa la Fiscalía.

Anticorrupción insiste en que la investigación que afecta a los aforados está ya agotada. “Esta Fiscalía entendía y entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero, por lo que a la mayor brevedad se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el atestado”, asevera el escrito del Ministerio Público.

La juez Mercedes Alaya rechazó a principios de abril dividir “por ahora” la causa en piezas separadas, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, y enviar la parte que afectaba a los aforados al Tribunal Supremo, y para defender esta postura argumentó que hay que evitar lo que los juristas denominan la “ruptura de la continencia de la causa”, para no provocar un "caos procesal" y el peligro "obvio, serio e indiscutible" de que se produzcan sentencias "contradictorias" por el enjuiciamiento por separado de las distintas ayudas.

De momento, la juez ha citado a declarar para el próximo 29 de abril a los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago, a los que la Guardia Civil y la propia instructora se refieren como el "tándem" que recibió 34.264.273,70 euros de las ayudas de la Junta de Andalucía. La declaración de ambos empresarios se produce dos años después de su imputación en la causa, que tuvo lugar en un auto del 5 de marzo de 2012, y se ha visto retrasada fundamentalmente por la demora de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la entrega del atestado relativo a las ayudas recibidas por el entramado societario establecido por ambos empresarios.

Ese mismo día también comparecerá como imputado el empresario Eduardo Lora Ruiz, administrador de la SAT Virgen del Espino, que también recibió ayudas de la partida 31L, más conocida como fondo de reptiles. El 5 de mayo, Alaya ha citado a Manuel Valdecantos y Pascual Capputo, ambos vinculados al grupo Barbadillo y que fueron consejeros de la entidad Matadero de la Sierra Morena.

En el nuevo auto, la instructora señala que al tándem Rosendo-Sayago le fueron concedidas subvenciones excepcionales por importe de más de 34 millones de euros, de los cuales recibirían fondos públicos por importe de 16.931.573,25 euros, aunque Alaya sostiene que "los beneficios obtenidos habrían sido mayores, en relación con las operaciones financieras realizadas en virtud de la instrumentalización de las ayudas". Para la magistrada, los responsables del grupo de empresas -en alusión a Rosendo y Sayago- serían "plenamente conscientes de las arbitrariedades que se cometieron en la concesión de las ayudas, y como interesados incumplirían los trámites para la concesión de estas ayudas, pues a excepción de la ayuda concedida en 2009 a SAT Virgen del Espino, en ninguno de los expedientes consta solicitud de ayuda, memorias, proyectos o cualquier otra documentación preceptiva para solicitar ayudas públicas".

Aunque Alaya sospecha que Rosendo y Sayago son las personas que "llevaron el control y uso de los fondos obtenidos", la instructora considera que Eduardo Lora Ruiz también habría participado "directamente en la concesión de determinadas ayudas, pues como administrador de hecho de SAT Virgen del Espino, ejercitaría el control de esta sociedad, utilizándola para que la misma adquiriera los fondos públicos, aprovechándose presuntamente de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados, con objeto de conseguir resoluciones a favor de la citada sociedad". Según la juez Alaya, SAT Virgen del Espino habría obtenido ayudas "indebidas" por importe de 1.593.571,12 euros, de los cuales se habrían abonado efectivamente 1.143.812 euros, y un importe sin determinar de créditos amparados en la concesión de las ayudas. Eduardo Lora figura igualmente en los órganos sociales de diversas entidades del grupo: Matadero de la Sierra Norte, Al Ballut, Maestrazgo de Sevilla, Sael y Sociedad de Servicios y Envasados.

La juez también decidió imputar a Manuel Valdecantos Lora Tamayo y Pascual Capputo Pérez, ambos vinculados a Barbadillo, y que fueron consejeros de la entidad Matadero de la Sierra Morena desde el año 2003, fecha en la que este grupo empieza a adquirir participaciones de la entidad Tierra Virgen de Alimentación (administrador único de Restaurantes Andaluces de Calidad) con la intención de "introducirse en el grupo empresarial vinculado a los imputados Rosendo y Sayago, comprando Barbadillo la mayoría de las participaciones sociales de Matadero de la Sierra Morena a partir del 24 de noviembre de 2005", precisa la juez Mercedes Alaya.