La propuesta andaluza de la armonización fiscal choca con Madrid

Madrid/La reforma de la financiación autonómica echó este martes a andar. Cuatro años después de su última convocatoria, la Conferencia de Presidentes simbolizó en su sexta edición el nuevo tiempo político en el que se encuentra España. La ausencia de los dirigentes de Cataluña y País Vasco, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, en el Palacio del Senado constituyó el principal lunar de una cumbre en la que los líderes autonómicos coincidieron en expresar su "voluntad de diálogo", aunque sus posturas todavía están muy alejadas. Un ejemplo de la dificultad que les espera para lograr puntos de encuentro es la propuesta andaluza de incluir en en la reforma la armonización fiscal entre las comunidades de régimen común para evitar la "competencia desleal".

Al igual que en las anteriores ediciones de la conferencia, el turno de intervenciones venía determinado por la fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía. La falta de País Vasco y Cataluña convirtió a la presidenta andaluza, Susana Díaz, en la segunda dirigente en intervenir en la sesión matutina a puerta cerrada tras el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. A lo largo de más de veinte minutos, Díaz expuso la necesidad de fijar topes máximos y mínimos en los impuestos cedidos a las autonomías, como ocurre ahora mismo con el tramo cedido de IRPF. Esto afectaría fundamentalmente a los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio.

Su propuesta fue respaldada por otros presidentes socialistas como el de Valencia, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández-Vara; Castilla La Mancha, Emiliano García-Page -quien pronunció el discurso más extenso, de 23 minutos de duración- o el de Aragón, Javier Lambán.

La armonización fiscalno llegó a incluirse en el documento final de la conferencia. Se abordará en la Comisión de expertos que se creará en el plazo de un mes para modificar el sistema de financiación autonómico. Los dirigentes socialistas consideran que el modelo actual facilita la existencia de comunidades que reciben una financiación muy superior por el hecho de tener domiciliadas las grandes empresas, como ocurre con Madrid, lo que le ha permitido suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, otras comunidades más pobres, como es el caso de Andalucía, se ven obligadas a mantener estos tributos con el fin de sostener a sus servicios públicos, lo que ha llegado a provocar que titulares de altos patrimonios y grandes empresas opten por domiciliarse en Madrid.

Al término de la reunión, Díaz evitó aludir directamente al Gobierno madrileño para incidir en la necesidad de saber "la media de la tributación y por qué unas comunidades están por encima o por abajo". "No voy a señalar a nadie. No podemos permitirnos estar en un país donde los territorios se enfrenten con otros. Esa no es la España que deseamos", reiteró la presidenta andaluza, que se mostró convencida de que el informe al menos "influirá" en la reforma de la financiación autonómica. "Hay una voluntad mayoritaria de que los ciudadanos tengan que hacer un esfuerzo acorde a su renta y no por el lugar donde vivan", sostuvo Díaz.

El planteamiento fue acogido con frialdad por la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien destacó que la Constitución reconoce el derecho a la asimetría fiscal. En el caso de la Comunidad de Madrid, Cifuentes subrayó que su fiscalidad es "la más baja" de las comunidades autónomas de régimen común y defendió sus "muy buenos resultados" en materia de crecimiento económico y creación de empleo. "Defendemos una fiscalidad baja y tenemos el compromiso de no subir los impuestos en la Comunidad. No tengo intención ninguna de que los madrileños paguen más, que bastante pagan", recalcó. La dirigente popular insistió en que en la Conferencia no se ha lanzado una propuesta concreta, sino que "se ha planteado una idea vinculando la política fiscal con el sistema de financiación".

"Creo que todos hemos coincidido en que para mejorar el Estado de Bienestar es necesario incrementar la recaudación", afirmó Cifuentes, quien añadió que su comunidad está infrafinanciada pese a que aporta "el 78% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales". "El problema del actual sistema de financiación es que desincentiva completamente a las comunidades más dinámicas, con más capacidad de creación de empleo o de riqueza o de crecimiento como la Comunidad". En ese sentido, señaló que en el caso de subir el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) "ni un solo euro revertiría en la Comunidad de Madrid". "Creo que la política fiscal es un instrumento más de la política económica", sostuvo Cifuentes, que agregó que rechazó que se convierta en una política "confiscatoria, como parece que algunos gobiernos cree que debe ser".

Tampoco hay unanimidad entre los gobiernos socialistas. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, se opuso a las demandas de armonización fiscal, y, por contra, pidió profundizar en el autogobierno, reclamando la cesión de nuevos impuestos a las autonomías, solicitando para su comunidad el IVA y los impuestos especiales.

Aunque el Gobierno central ha insistido reiteradamente en los últimos días su voluntad de alcanzar acuerdos, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy marcó el terreno de juego en el que se deben mover las negociaciones para reformar la financiación autonómica. En su intervención inicial a puerta cerrada, Rajoy incidió en que la recaudación sigue estando 20.000 millones por debajo del año 2007, en el que comenzó la recesión económica. El presidente del Gobierno dio por terminada la crisis al señalar que en la primera mitad de 2017 el PIB habrá recuperado los diez puntos básicos que llegó a perder respecto a 2007. Además y apuntó que se crearán unos 400.000 puestos de trabajo, lo que llevará la tasa de paro al 17,6% aproximadamente. Según dijo, esos datos dibujan una situación mejor que la que había en 2012, pero subrayó que siguen persistiendo los "desequilibrios". Además, señaló que el gasto en pensiones aumentó en 40.000 millones. Por todo ello, el jefe del Ejecutivo insistió en que este año se recuperará riqueza perdida, si bien aún queda por recuperar empleo y recaudación.