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Caso ERE
El Tribunal Constitucional retrasará hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo su decisión sobre si admite a trámite los cuatro primeros recursos presentados por ex altos cargos socialistas condenados por los ERE, entre ellos los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El alto tribunal rectifica así su idea inicial de tomar una decisión sobre la eventual admisión a trámite de los recursos el 22 de mayo, sólo seis días antes de los comicios.
Además de los recursos de los expresidentes andaluces, el Constitucional decidirá sobre los presentados también por Magdalena Álvarez y Antonio Fernández, el único de los recurrentes que está en prisión por este caso.
Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación de fondos públicos, ha sido citado el 18 de mayo para que la forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla valore la pertinencia de su ingreso en la cárcel debido al cáncer de próstata que padece y una vez acabadas las sesiones de radioterapia.
Es el único de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenado a prisión que permanece en libertad, tras el ingreso el pasado 11 de abril en la cárcel Puerto III de El Puerto de Santa María (Cádiz) de quien fue viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también enfermo de cáncer, para cumplir su condena de siete años.
Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, por su parte, fueron condenados a inhabilitación y no a ir a la cárcel porque el tribunal no apreció que cometieran un delito de malversación.
La defensa de Griñán formalizó el recurso contra la sentencia del Supremo que confirmó su condena a seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE. El plazo para presentar el amparo finalizaba el pasado 12 de abril y, según confirmaron a este periódico fuentes del caso, además de Griñán han recurrido los otros ocho ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos, entre ellos los siete acusados que están ya cumpliendo condena desde principios de año (los ex consejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo; los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barberá –que ingresó recientemente en el centro penitenciario de Puerto-III–; así como el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar).
No sólo han acudido al Constitucional los ex altos cargos condenados a penas de cárcel por el delito de malversación. También lo han hecho otros cinco condenados por el delito de prevaricación, entre ellos los citados Chaves y Álvarez y Gaspar Zarrías, hombre fuerte de la Junta durante el mandato del primero.
Según fuentes del caso, el Constitucional admitirá a trámite los recursos de amparo porque en este caso “se dan todos los requisitos legales” para ello y teniendo en cuenta que la sentencia contaba con dos votos particulares, aunque la estadística refleja que esto sólo sucede en el 1,6% de los casos en los que se acude a este tribunal. Está previsto que la vicepresidenta del Constitucional, la magistrada del progresista Inmaculada Montalbán, redacte la ponencia que debatirán los miembros de la Sala Segunda en un día aún por determinar.
El amparo puede ser la última oportunidad de Griñán para impedir su entrada en prisión, y todo ello a pesar del cáncer que le fue diagnosticado en diciembre pasado. El hecho de que la Audiencia de Sevilla rechazara recientemente suspender la entrada en la cárcel de Barberá –que también padece cáncer–, anticipa que el tribunal tomará la misma decisión en su caso. De hecho, el ingreso en prisión del ex presidente andaluz fue aplazado en enero pasado a la espera de que terminaran las sesiones de radioterapia previstas en el tratamiento contra la enfermedad.
Con el ingreso en prisión de Barberá, Griñán –que en junio cumplirá 77 años– es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.
Otras fuentes consultadas por este periódico apuntan que la admisión a trámite de los recursos no tendría por qué implicar que se paralizara el ingreso en prisión de Griñán –que la próxima semana está citado de nuevo por la forense que debe emitir un informe clave–, ni que los siete ex altos cargos que están cumpliendo la condena actualmente pudieran salir de las cárceles en las que están internados, puesto que cabría otra opción que consiste en que el tribunal de garantías acelerara el proceso y tuviera una resolución sobre los recursos antes de las vacaciones de verano, lo que además distanciaría esta decisión de las elecciones generales previstas para final de año.
Todos los ex altos cargos han presentado el recurso de amparo después de que el Supremo rechazara el pasado 1 de marzo los incidentes de nulidad planteados contra la sentencia que confirmó su condena, tras haber alegado la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el de presunción de inocencia por la anticipación del fallo de la sentencia en julio de 2022, dado que el contenido de la resolución no se hizo público hasta septiembre del año pasado, cuando se incorporó el voto particular que emitieron dos magistradas que entendían que Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a Empleo –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar– debieron haber sido absueltos.
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