Diligencia 6.344

Jesús es un trabajador gaditano de la construcción de 42 años. Desde que perdió el empleo en su cuadrilla habitual hace cuatro años no ha parado de hacer cursos de las actividades más variadas, desde cuidado de ancianos a manipulación de conservas. Ninguno le ha servido para encontrar empleo. El único curso que hizo que le dio un empleo duró un día. Era el curso que daba su propio patrón, el jefe de su cuadrilla en 2009. La tarea de Jesús era acudir al lugar donde se impartía el curso, firmar y, a continuación, ser contratado por su empresa habitual para cumplir los objetivos de empleabilidad de los cursos que pedía la Junta, que era la que subvencionaba su empleo.

Diana, 23 años, acudió en 2008 a un curso de peluquería en Málaga. De lo primero que se enteró era que tenía que comprarse un secador y una plancha de pelo. En el lugar donde se impartían los cursos había un cartel, cumpliendo con la normativa, en el que se especificaba el material aportado por la Junta, incluidos los secadores y planchas de pelo.

Gralett, una empresa de un concejal socialista de Jerez, realizaba en 2008 contratos de 24 horas a sus alumnos de cocina, unos alumnos que, según ellos mismos han narrado, realizaban colectas para poder comprar los alimentos con los que poder hacer las prácticas.

Trabajar horas sueltas en lugares muy distantes de las localidades de residencia con sueldos de 200 euros y, sino, firmar la renuncia ante notario, firmas que aparecen en los estadillos sin que nadie conozca al cursillista, cursos celebrados en angostos almacenes sin material alguno relacionado con el curso, propuestas de trabajo sin cobrar nada a cambio de estar dado de alta en la Seguridad Social, cursillistas haciendo trabajos que nada tienen que ver con el curso sin cobrar en naves carentes de las más mínimas medidas de seguridad, inspectores de la Junta de estos cursos que nunca aparecen o que no contestan al teléfono... Las posibilidades son infinitas y todos estos casos están documentados, con declaraciones de alumnos y monitores, en la Unidad Central del Departamento de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil, la prueba de cargo contra el sistema de los cursos de formación que, de un modo u otro, la Junta puso en marcha hace ya veinte años. El sistema ya estaba bajo sospecha en 2002. Un experto en empleo, Jorge González Aznar, en su día responsable del Plan Territorial de Empleo en Cádiz, lo calificó como "una puerta abierta a tramas mafiosas donde alcaldes, sindicatos y responsables empresariales se apoyan en centros de formación y academias para financiar estructuras y familias de determinados partidos políticos". La advertencia de González Aznar no pareció escucharla nadie o nadie quiso escucharla. Hoy se sabe que el sistema de formación para desempleados era un agujero por donde se han podido ir en los últimos doce años una cantidad tres veces superior a la estimada en el otro gran macroproceso de corrupción en Andalucía, el del fraude de los ERE, aunque los investigadores prefieren no hablar de cifras: "Es hablar por hablar. A día de hoy es imposible saber cuántos cursos subvencionados fueron fraudulentos"

Fiscalías provinciales, unidades policiales y jueces llevan años mirando de reojo el descontrol del gran negocio de los cursos de formación para desempleados, pero en esta nueva fase todo empieza en el verano de 2013, en el atestado de la Guardia Civil encabezado como diligencia 6.344. Es el que corresponde a la charla que los investigadores mantienen con Teodoro Montes en relación a los trabajos de conseguidor que el ex dirigente ugetista Juan Lanzas realiza dentro de la trama de los ERE falsos. Montes, responsable del departamento de la Junta que se encarga de la Formación Profesional Ocupacional, no se calla nada. Y Montes no es cualquiera. Relaciona a Lanzas con los cursos de formación. También los consigue. No es el único. El sistema está desbocado, no tiene el más mínimo control. Habla de 450 cursos fantasma, que él sepa, realizados por la Faffe (Fundación Andaluza de Formación y Empleo) y de favores al sindicato UGT. La Guardia Civil informa a la juez Mercedes Alaya de que acaban de encontrar un hilo del que tirar para llegar a un ovillo. Un ovillo muy grande.

Las indagaciones iniciales ya revelan el caos. De los centenares de cursos subvencionados por la Junta entre 2007 y 2012 muchos de ellos no sólo no han sido fiscalizados, sino que, ante la imposibilidad de controlarlos, Empleo, la Consejería despojada de esta función en 2012 para entregársela a Educación, se refugió en una palabra de dudosa percha legal: exoneración. Exoneración significa alivio, descarga de peso. En el lenguaje de la Junta la exoneración era, en aras del "interés social", un modo de saltarse su propia ley general de Hacienda en el artículo 124.1, por el cual ninguna entidad que no hubiera justificado debidamente la subvención entregada a un curso anterior podía seguir accediendo a las ayudas. En la práctica ha supuesto que más de 1.300 cursos se quedaban fuera de cualquier control, no tenían que justificar nada. Entre 2008 y 2009 esa exoneración alcanzó a casi todo el mundo. Nadie controlaba nada. Observar el listado de exonerados, hecho público por la propia Junta, es acceder a la inmensa cantidad de organismos, entes públicos, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones que encontraban en la formación una fuente de ingresos.

Por orden de exoneraciones, se observa algunos de los colaboradores habituales en el mundo de la formación. A la cabeza de esa dispensa se encuentran tres asociaciones que trabajan con discapacitados en Córdoba, Sevilla y Cádiz: son Fepamic, Servicios Integrales de Fincas de Andalucía y Servicios Laborales y Formativos. Entre las tres, con 70 cursos de formación no sujetos al artículo 124.1, emplean a casi medio millar de personas con discapacidad física, lo que parece incluirlos dentro del apartado de interés social. A continuación, se sitúa la Fundación Forja XXI, vinculada a la Iglesia y nacida tras la Expo para la formación y empleo de jóvenes en situación de marginación social y que actualmente está sumida en una profunda crisis económica. A partir de ahí, son los sindicatos UGT y CCOO, que han creado a lo largo de estos años auténticas estructuras empresariales a cambio de mantener el modelo de paz social, los que más exoneraciones han logrado por parte de la Junta y, a continuación, un interminable listado de ayuntamientos de todo signo. Las dudas abarcan a todo el arco político. Los ayuntamientos del PP, por ejemplo, recuerdan en la Junta, tienen pendientes de justificar más de 250 millones de euros. Los del PSOE, aunque eso no lo dice la Junta, tienen pendiente casi el doble. De momento, nadie puede decir que estas entidades cometieran fraude con los cursos. Tampoco se puede decir lo contrario porque nadie se encargó de comprobarlo.

Los 64 funcionarios de Elliot Ness, como alguno bromea en la Consejería de Educación, están desbordados. Cuando Luciano Alonso, en septiembre de 2013, asumió las competencias de Formación se encontró con una tarea inmensa y sin personal, pero la orden recibida era tajante: limpieza. Alonso sintió ese vértigo llamado la soledad del consejero. Le había caído un "marrón".

A principios de este año, Luciano Alonso recibió el refuerzo solicitado: los 64 de Elliott Ness. Pues bien, estos 64 funcionarios tienen que estudiar, uno a uno, como ha dicho el consejero, 8.500 expedientes. Cada expediente tiene entre 100 y 300 folios. "Consumimos recursos para corregir errores del pasado que se tendrían que haber resuelto sobre la marcha. Y sabemos que no se nos puede pasar ni una, pero esto es como la grasa del coche, si te pasas tiempo sin limpiarla no hay quien la quite", explica uno de estos trabajadores de Educación que ve que cada día su mesa tiene una nueva montaña de papeles, una montaña de papeles que nunca se acaba.

"Han sido cuatro chorizos, o cinco, o seis, o los que hayan sido -continúan desde la Consejería-, gente que han creado empresas fantasmas sólo para beneficiarse de mecanismos que ellos conocían bien y sabiendo que el control era mínimo". La indignación de los responsables de Educación con la pésima gestión de Empleo en Formación se comprueba nada más levantar el teléfono. "Un desastre, ha sido un desastre", como llegó a afirmar a sus colaboradores Carlos Cañavate, actual responsable de Formación Profesional, al comprobar el indiscriminado número de exoneraciones que había firmado la Consejería de Empleo entre 2008 y 2009. Cañavate fue llamado a declarar por la Guardia Civil y, desde el primer momento dijo que colaboraría. La conversación empezó con un "por dónde empiezo".

El Viernes de Dolores la sección de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía entra en el juego. Desde el Ministerio del Interior se filtra a la prensa que ya ha empezado la tarea de desmantelar un fraude en los cursos de Formación en Andalucía que podría suponer miles de millones de euros. En plena Semana Santa la Guardia Civil observa los pasos de sus compañeros con estupefacción. ¿A qué se refieren? A la operación EDU, que afecta a unas cuantas empresas de Málaga creadas exclusivamente para acceder a subvenciones y luego desaparecer. No hablaríamos de más de 1,7 millones de euros. En realidad, tanto un cuerpo policial como otro saben que es la punta del iceberg, pero unos investigadores no saben lo que hacen los otros porque no existe una línea de acción común y las irregularidades saltan por todos lados. Hoy es Almería, mañana es Córdoba, pasado es Cádiz. Desde la Guardia Civil explican lo que sucede: "Actuamos en escalas diferentes sobre la misma materia. Mientras nosotros investigamos de arriba a abajo, siguiendo el dinero que sale de la Junta y hasta donde llega; ellos lo hacen a la inversa, desde las pequeñas academias hacia arriba".

En Educación también se ven sorprendidos por la operación. Ya estaban trabajando en la revisión de expedientes, ya habían recibido la orden de que todo iba a cambiar y un escándalo de este tipo, "una tormenta en un vaso de agua en comparación con lo que nosotros teníamos en nuestras mesas", como lo define un funcionario, vuelve a poner el foco en el descontrol de la Junta sobre los fondos dedicados a combatir el paro en la comunidad más parada. Después de dos años sin cursos de formación, con pequeñas empresas que vivían de esto con el agua al cuello, sin haber recibido los fondos prometidos pese a haber entregado toda la documentación, Educación ya redactaba la nueva base reguladora y, entre unas cosas y otras, volvería a haber cursos de formación a finales de año. Y la frase que más se escuchaba era "concurrencia competitiva". Quien conoce el mundo de la Formación en la Junta sabe muy bien que de eso ha habido poco, que los buenos cursos siempre se los llevaban los mismos. Y es aquí donde salta el nombre de Ángel Ojeda. El nombre de Ángel Ojeda, tarde o temprano, tendría que salir.

Ángel Ojeda era visitante asiduo de los despachos de la Consejería de Empleo. Ex consejero de Hacienda con Rodríguez de la Borbolla, es el ejemplo palmario de qué es un cazasubvenciones. Ojeda hizo sus primeros contactos con la Administración trabajando como responsable de compras en el incipiente SAS, fue un hombre de confianza de Manuel Olivencia en la Expo 92 y pasó a la empresa privada hasta asentarse por sí mismo en un sector que él sabía que sería muy rentable: formar parados. Para ello, creó Prescal, situada en un polígono de San José de la Rinconada y que se anuncia como líder en Formación, Aeronáutica, Consultoría, Prevención y Call Center. De Prescal nace un desplegable de empresas que van a ser las que van a concursar para quedarse con algunas de las mejores propuestas nacidas de la Junta en materia de formación ocupacional y, de todas ellas, el premio gordo: Delphi.

Delphi es la multinacional automovilista americana que cierra sus puertas en 2007 en Cádiz y deja de un plumazo a 1.600 personas en la calle. En ese mismo momento, mientras la provincia salía a la calle en manifestaciones lideradas por el obispo y montaba una huelga general en defensa del empleo industrial, Ojeda estaba a punto de pasar de ser rico a ser millonario.

Antonio Fernández, consejero de Empleo, explicaba en una charla informal lo que sucedió aquellos días de 2007: "Yo soy un soldado. Si mi partido me dice que antes de unas elecciones no puede haber 1.600 personas en la calle, yo quito a esas 1.600 personas de la calle". Lo consiguió. ¿Cómo? Metiéndolos en aulas y pagándoles un sueldo por ir a ellas. Formación. No podía contar Fernández con que esa tarea de distracción, provisional a la espera de llegada de empresas que nunca llegaron a sustituir a Delphi, se iba a volver en su contra: las empresas de la Bahía de Cádiz, con la llegada de la crisis empezaron a caer en cascada.

Este no era el problema de Ojeda. El problema de Ojeda, con información de toda la tajada que iba a salir a concurso a cuenta de estos cursos, era crear el número suficiente de empresas para quedarse con la mayor parte del pastel y hacerlo de tal modo que el margen de beneficio fuera mayor. Aunque ahora en el PSOE todos digan que no conoce a Ojeda de nada, lo cierto es que el PSOE ha expulsado al militante Ojeda porque pocos en la cúpula de PSOE en Sevilla desconocían qué es lo que hacía Ojeda: cazar subvenciones.

El pasado 4 de julio se produce otro movimiento que denota la falta de coordinación. Mientras la Guardia Civil investiga a Ojeda, tira del hilo siguiendo la pista del dinero ("de arriba a abajo"), la Policía Nacional se presenta en el chalé de Ángel Ojeda en la barriada de La Jara, en Sanlúcar, y pide al juez el registro de las sedes de sus empresas ("de abajo a arriba"). El ex consejero es llevado 48 horas después ante el juzgado de instrucción 2 de Cádiz. El juez lo deja en libertad sin fianza y él sale del juzgado proclamándolo. Se defiende de forma sencilla. Ganó unos cursos y dio los cursos. Que los cursos fueran un desastre es una mera apreciación. Los cursos se dieron.

Esos cursos, vendidos a la prensa con gran bombo, fueron muy caros. Empleo puso 33 millones de euros sobre la mesa de Ojeda. Es sólo una parte de los más de 400 que le ha costado a las arcas públicas la decisión de Delphi de deslocalizarse. Ojeda, que va a ser imputado por Alaya antes incluso que los juzgados de Cádiz y Algeciras le cedan el caso, entregó como proyecto un batiburrillo de materias sin una organización clara en la dirección de los cursos, muchas veces sin contar siquiera con los temarios impresos. Ex empleados de muy distinta formación compartían pupitres para adentrarse en el mundo de la cartografía o de las bondades turísticas de la provincia, colocaban paneles solares en un colegio de Puerto Real tutelados por Forja XXI, firmaban contratos aparentemente laborales con Ojeda o dejaban pasar el tiempo a la espera de la prejubilación a cambio de 1.600 euros mensuales mientras Empleo lograba de esta manera sacarlos del listado de demandantes de empleo, una forma de maquillar cifras. Los ex empleados de Delphi, de los cuales hoy quedan una muestra, los que no han podido escapar, en el edificio de los sindicatos de Cádiz esperando con un larguísimo encierro que se cumplan unas promesas que nunca se van a cumplir, no entendían nada, pero escuchaban a sus dirigentes sindicales hablarles de las bondades de esos cursos y de su utilidad. "¿No estáis cobrando? Pues entonces, ¿de qué os quejáis?", les decían.

Hay quien piensa que la precipitación en la detención de Ojeda ha desbaratado toda posibilidad de entender por qué él era el que se quedaba con la mejor tajada en Formación. La estrategia de su defensa es dispersar entre diferentes juzgados las causas y evitar que se centralice en el juzgado de Alaya.

La Guardia Civil está deseando acabar las diligencias del fraude de los ERE que les consumen gran cantidad de recursos, para zambullirse en la Formación. "Estamos ante un mayor volumen de trabajo que con los ERE, aunque examinar esa documentación será tarea de la Intervención del Estado. Pero ahora jugamos con una ventaja. Conocemos cómo funcionaban las consejerías, en qué pasillos se movían las influencias. Sabemos mucho. Los ERE nos han enseñado el camino", afirma un mando.