El pacto de Doñana queda suspendido por la aprobación del decreto de simplificación

Sevilla/El Acuerdo por Doñana firmado el pasado mes de noviembre iba a tener esta mañana uno de sus primeros hitos. El Ministerio se reunía con los principales actores implicados en el mismo, desde organizaciones sociales y científicas hasta ayuntamientos y agricultores para poner en marcha un marcho de actuaciones que constituyeron el mayor logro de colaboración entre las dos administraciones, regional y autonómica, conocido hasta la fecha. Paradójicamente el decreto sobre simplificación que en un principio no tenía nada que ver con el marco acordado para el Parque Nacional, se cruzó en el camino. Los artículos 242 y 244 del decreto que mañana se debatirá (y aprobará) en el Parlamento de Andalucía en los que se modifica la Ley y el Reglamento Forestal de Andalucía (un texto de 1992), hicieron que el PSOE pusiera el grito en el cielo. Para el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, suponía rescatar la ley de regadíos de Doñana enterrada –o eso parecía– con la imagen de Juanma Moreno y Teresa Ribera en las marismas de Almonte.

De nada sirvieron ni las llamadas del consejero de Presidencia, Antonio Sanz al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para asegurarle que “en absoluto es cierta la denuncia del PSOE de Andalucía” y que se lamentaba la “interpretación maliciosa” del mismo, ni las reiteradas referencias a que ambos artículos respondían simplemente a la adaptación de la norma andaluza a la Ley estatal de montes.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo sentenció a media mañana de ayer: “es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consensos con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación y encontrarnos con que todas las políticas para reducir estas presiones, de un día para otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal”. La ministra añadía que “desgraciadamente teníamos organizada una jornada con las distintas organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos y agricultores para poder conversar y detallar los términos exactos en los que se irían saliendo adelante las medidas acordadas en noviembre, hace menos de tres meses”. Así, anunció que iba a llamar al presidente de la Junta porque “quiero entender qué es lo que ha ocurrido, pero no me siento en condiciones para saber qué es lo que tenemos delante y lo lamento profundamente”.

En manos de la CHG

La clave puede estar en el artículo 98 del Reglamento Forestal de Andalucía. En su artículo 98 se precisa que “las solicitudes relativas a cambios de uso de terrenos forestales deberán acreditar la viabilidad técnica y económica del nuevo uso y justificar la inexistencia de riesgos graves de erosión o degradación del suelo, los recursos hídricos o el ecosistema forestal en su conjunto. Cuando se pretenda implantar usos agrícolas, podrá exigirse el informe de la Consejería de Agricultura y Pesca en relación con la rentabilidad y en el caso de regadíos se exigirá la concesión administrativa para riego otorgada por el organismo competente”, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del propio Ministerio de Transición Ecológica.

El PSOE arremete contra el decreto

Cronológicamente, fue Juan Espadas el primero en lanzar las sospechas, al denunciar que el decreto ley de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, en vigor desde el pasado sábado, introduce “a escondidas, sin participación, sin debate y desdiciéndose de lo que acordó con el Gobierno de España”, un cambio en la ley forestal de Andalucía.

En concreto se añadía que no tendrán la calificación de terrenos forestales, “aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de la normativa forestal mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas”. De la misma manera, se excluía el carácter forestal “aquellas superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas con anterioridad a su entrada en vigor”.

En un primer momento, la Junta desmentía que esa redacción “recupere la proposición de ley de la Corona Norte de Doñana o siquiera abra la puerta a retomarla”, al mismo tiempo que aseguraba que “la voluntad de la Junta de adaptar nuestra legislación forestal a la estatal la conoce el Ministerio desde hace mucho tiempo e incluso el texto se ha tratado con ellos en diversas reuniones.⁠ Es una medida que no tiene nada que ver con agua ni con la autorización de regadíos. No es una medida para Doñana, es una adaptación de la ley andaluza a la estatal y afecta a diversas superficies en Andalucía”.

Desde el Ejecutivo andaluz, se aclaraba con un ejemplo: “viene a suponer que si alguien tenía un terreno agrícola y decidió poner una especie forestal de ciclo corto como eucaliptos o chopos, puede revertir al uso agrícola, tal y como dice la norma del Estado, y hasta ahora en Andalucía no se podía. Eso no quiere decir en absoluto que tenga derecho de agua si hasta ahora no lo tenía”.

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, no dejaba en mal lugar al secretario general de los socialistas andaluces y aseguraba que “es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consensos con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación y encontrarnos con que todas las políticas para reducir estas presiones, de un día para otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal”.

En el juego de aclaraciones, le tocaba el turno a la Junta. Fuentes del Gobierno andaluz reiteraban su postura expresada a primera hora de la mañana e insistía en que su única pretensión era “adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente en materia forestal en términos que incluso fueron acordados en su día con el Ministerio. La Junta no actúa en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie. No obstante, ante cualquier duda que pueda suscitar esa redacción, confiamos en el diálogo y en el acuerdo, como hemos venido haciendo siempre, por lo que por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo. Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo”.

A última hora de la mañana, el PSOE redoblaba sus ataques y en boca de su portavoz adjunto y secretario de Comunicación Política, Josele Aguilar, aseguraba que estábamos ante “una cacicada más de Juanma Moreno, que lo usa además como decreto ómnibus al estilo Milei, metiendo normas que nada tienen que ver con la simplificación administrativa. Aguilar consideraba que el caso “más flagrante e inaceptable” es que vuelve a meter la proposición de ley de Doñana por la “puerta de atrás”, copiando literalmente su contenido en el nuevo decreto, pese a que Moreno había acordado con el Gobierno de España su retirada.

Esto supone “un acto de desfachatez y deslealtad con el Gobierno de España”, según el parlamentario socialista, que no entiende por qué Moreno vuelve a colocar Doñana en el “ojo del huracán” incluyendo “de tapadillo” la posibilidad de transformación de las fincas de forestal a agrícola. Por todo ello, a primera hora de la tarde presentaba una queja ante la Mesa del Parlamento para que se retirara del orden del día al decreto de simplificación y se procediera a su tramitación como proyecto de ley.

Más de 1.400 millones de inversión quedan en el aire

La apuesta fue vendida como la más arriesgada y comprometida con el entorno desde el propio nacimiento del Parque Nacional. Son más de 1.400 millones de euros para cerrar un acuerdo “histórico” que aúna a todas las administraciones, agricultores y ecologistas para garantizar el futuro de Doñana, de los municipios y la actividad económica del entorno. Una cantidad en la que se incluyen todas las actuaciones que realizan las Junta de Andalucía y Gobierno de España y que inciden en la comarca.

Tal y como se anunció en La localidad de Almonte el 27 de noviembre del año pasado, la inversión global del Acuerdo por Doñana será financiada por la Junta de Andalucía y el Gobierno central con más de 700 millones cada uno, sumando el Estado 350 millones de euros complementarios a los 356 que ya se habían dado a conocer en actuaciones ambientales en Doñana.

El presidente de la Junta de Andalucía anunciaba por su parte 334,5 millones de euros en inversiones en infraestructuras hídricas o 251,5 millones para modernizar el sector agrícola y ganadero de la zona, a lo que sumaba la compra de las 7.500 hectáreas de Veta La Palma para mantener esa zona inundada todo el año. Otras ayudas de la Administración autonómica son 23,5 millones para el sector pesquero, 21,3 millones para el sector forestal y medio natural, 96,3 millones para Espacio Natural de Doñana o 1,5 millones para la Ordenación del Territorio. De hecho fue la Junta la primera que puso encima de la mesa los primeros millones del Acuerdo; el 24 de enero se destinaban 15 millones en la provincia de Huelva para “el mantenimiento de la biodiversidad y los hábitats naturales, así como el cuidado, conservación y prevención de incendios”.

La búsqueda del consenso se cobró las primeras dificultades. De los 14 municipios afectados por el Acuerdo, dos de ellos se desmarcaron del mismo. Almonte e Hinojos –especialmente el primero que reclama que se tenga en cuenta el Rocío y Matalascañas en el reparto– manifestaron sus discrepancias en la distribución del dinero, ya que pretenden que se tenga en cuenta la superficie total de ambos municipios y su población. Los otros 12 estaban de acuerdo. Todos ellos se iban a reunir esta tarde con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán para cerrar ese reparto. Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer Palos, Rociana del Condado, Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilar, Villamanrique de la Condesa y Sanlúcar de Barrameda estaban dispuestos a dar el primer paso para que el Acuerdo pasara del papel a los hechos, para que se pusiera en funcionamiento los antes posible.

Todo eso queda paralizado en espera a que se produzca –nuevamente– el acuerdo entre las dos administraciones. Fuentes de la Junta dan por hecho que la polémica durará poco y que en cuento la ministra se informe de las implicaciones reales de lo hecho durante las últimas horas, se continuará en una “senda de colaboración que no se ha perdido. La actitud de todos es que este acuerdo pueda ser llevado a la práctica cuanto antes”.