Los ERE y la reforma de la Administración de nunca jamás

Manuel Chaves "no sabía cómo se daban las ayudas" y José Antonio Griñán "jamás fue alertado de las irregularidades". Chaves, que estuvo al frente de la Junta de Andalucía durante 19 años, "ni conocía el procedimiento, ni la cuantía, ni los requisitos, ni los beneficiarios, ni cómo se articulaba… Ni lo conocía ni tenía que conocerlo". Griñán, que antes de ser presidente de la Junta fue durante cuatro años consejero de Economía entre 2004 y 2009, tampoco "conoció exactamente el programa de ayudas sociolaborales hasta que surgió la causa, porque no se puede llegar a ese nivel de detalle como consejero". Chaves, en "el contexto de la confianza de un equipo de gobierno", tuvo siempre la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. Y Griñán sostiene que como nunca recibió ningún informe solicitando su actuación directa ante posibles irregularidades no tuviera que actuar en nada: "Porque si no se promueve la actuación del consejero y no se le remite el informe, este no puede actuar".

Podría extender las líneas hasta el final del artículo, con declaraciones idénticas de otros consejeros con responsabilidades en la época que han dicho exactamente lo mismo en sus comparecencias. En nadie supo nada están resumidas las declaraciones de todos los imputados durante el juicio que investiga la denominada trama política de los ERE, un escándalo de corrupción que se enquistó durante la friolera de diez años en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía alrededor de un fondo de 885 millones de euros destinados a empresas en crisis. Partidas que, en determinados casos, se repartieron con una arbitrariedad vergonzante y sin que nadie diera la voz de alarma sobre el uso fraudulento que se hizo de parte de ese dinero. Es cierto que todo ese presupuesto no se utilizó de forma torticera, pero no es menos cierto que se colaron intrusos en empresas donde no habían trabajado; se repartieron ayudas directas por puro clientelismo y se pusieron las botas aseguradores que mediaron en algunos expedientes cobrando comisiones de hasta un 20%, entre otros tejemanejes.

Chaves y Griñán renunciaron a sus cargos institucionales hace ya algún tiempo. Y ambos dejaron de militar en el PSOE en cuanto fueron imputados en la causa. Sus declaraciones ante el juez no han hecho más que confirmar sus responsabilidades políticas en el caso, esas que ya asumieron en materia de in vigilando. Será, ahora, el tribunal el que deba determinar si, además, pudieron incurrir en algún tipo de responsabilidad penal. De lo que no habrá que esperar a que llegue la sentencia, es a alcanzar una evidencia. La trama de los ERE fue posible por la ausencia de mecanismos eficaces de control del dinero público. La partida 31L fue un coladero y sirvió para que una parte del presupuesto destinado a trabajadores que se habían quedado sin empleo, el gran drama de esta comunidad autónoma, tuviera un destino vergonzante.

Una Administración incapaz de detectar un fraude durante diez años es una Administración atrofiada, donde no hay una clara separación entre la autoridad del Gobierno y la independencia con la que deben actuar los encargados de fiscalizar las cuentas de ese Gobierno; donde los procedimientos administrativos no son impecables y donde no existe transparencia sobre el destino del último céntimo de un presupuesto. En definitiva, es una Administración copada por cargos políticos en puestos que deberían ser destinados a funcionarios y donde se premia la lealtad hacia el partido en el Gobierno por encima de la capacidad profesional y la solvencia de funcionarios cuya función no debería depender nunca de los vaivenes electorales.

Por eso, si aceptamos, como sostienen todos y cada uno de los responsables políticos durante aquella época prodigiosa -que no es poco aceptar- que nadie supo nada durante diez años de lo que sucedía con el fondo de empresas en crisis y que ningún mecanismo de control dio la voz de alarma sobre el fraude que se estaba cometiendo… Si aceptamos también -al menos hasta que se sustancie el juicio y se diriman responsabilidades penales, si las hay- que todos están diciendo la verdad y no se creó un procedimiento intencionadamente opaco, tendrán que asumir todos y cada uno de ellos que la trama fue compatible con una supuesta perfecta legalidad administrativa y que el fraude, en el mejor de los casos, se enquistó durante una década sin que ni políticos ni responsables de la fiscalización fueran capaces de velar por el buen uso del dinero público. Y eso es un problema tan preocupante como el propio fraude, que no está en manos de la justicia, sino de la política. Un problema que exige, de inmediato, la cacareada reforma de la Administración de nunca jamás que los socialistas, en tres décadas de gobiernos ininterrumpidos, siguen sin querer hacer.