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LA consejera de Presidencia, Susana Díaz, anunció ayer que el Gobierno andaluz solicitará al Gobierno de la nación mil millones en concepto de anticipo a cuenta de la participación de la comunidad autónoma en los ingresos obtenidos por el Estado vía impuestos. La petición obedece, por un lado, a la necesidad imperiosa de liquidez por parte de la Junta de Andalucía para hacer frente a pagos ya comprometidos y que se están demorando, con el consiguiente perjuicio para los prestatarios de servicios públicos, a causa de la falta de créditos de las instituciones financieras privadas. Por otro, la operación supone ponerse a la cola, virtual, de las comunidades que solicitarán ayuda del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aprobado el pasado mes de julio, pero aún falto de desarrollo y concreción. Es cuestión de tiempo, y seguramente de poco tiempo, que Andalucía recurra a este mecanismo de rescate, cuya cuantía ha sido fijada inicialmente en 18.000 millones de euros. Debe tenerse en cuenta que las tres comunidades que ya lo han demandado (Cataluña, Valencia y Murcia) lo han hecho por una cantidad que supondría, de concederse, la mitad del tope previsto. Igualmente, es políticamente significativo el hecho de que la regulación del FLA implica un alto grado de intervención estatal en las comunidades que acudan al rescate. Así lo establece con claridad el decreto-ley regulador del FLA, a pesar de la oposición que expresaron en su día los dos partidos que gobiernan en nuestra comunidad autónoma, además de las formaciones políticas nacionalistas. Según esta norma, la comunidad beneficiaria del fondo habrá de someterse a estrictos controles de Hacienda y la Intervención General del Estado, tendrá que remitir información detallada y mensual de carácter financiero, presupuestario y de tesorería y asumirá la posibilidad de sufrir sanciones por incumplimiento de los compromisos de déficit y deuda. Este es el panorama para las comunidades acogidas al rescate. También para Andalucía.
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