El Ejemplo de la juez Alaya

La decisión de la juez Mercedes Alaya llegó el pasado Lunes Santo. La magistrada de la Audiencia de Sevilla decidió aplazar hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo el juicio por los gastos realizados con tarjetas de la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) en varios prostíbulos, un juicio que se celebra ante un jurado popular y en el que Alaya es la magistrada-presidenta.

Su decisión sorprendió porque, previamente, la magistrada había convocado el arranque de este mismo juicio para el día 18 de mayo –con la constitución del jurado–, a tan sólo diez días de los comicios. Eso suponía que la vista oral irrumpiría en la recta final de la campaña, en la última semana antes de las votaciones, en la que el foco mediático se centraría en los presuntos pagos con fondos públicos en distintos puticlubes en los que se abonaron un total de 32.556 euros con las tarjetas de la Faffe que tenía a su disposición el director de la fundación y principal acusado, Fernando Villén.

Si el asunto ya de por si solo iba a generar una gran expectación y seguimiento mediático –basta recordar lo que ocurrió durante la fase de instrucción–, el hecho de que el juicio coincidiera con la campaña electoral disparaba aún más la repercusión. Los nombres de los clubes de alterne Don Angelo, Top Show Girls Electro Dance, La casita, la Sala Delux Pub La Movida –antes American Show– y Bahía 2, donde se realizaron los pagos con las tarjetas de la Faffe, se mezclarían sin lugar a duda en el debate de los partidos y las propuestas de los candidatos a las alcaldías, junto con los problemas de la limpieza, seguridad o transporte de las ciudades.

Y a buen seguro que un escándalo como éste, con prostíbulos y dinero público de por medio, no iba a pasar desapercibido, ni se dejaría pasar por parte de los rivales políticos. Porque, no olvidemos, que el caso en sí es realmente grave, tanto por los delitos que se atribuyen a los dos acusados como por las penas de prisión a las que se enfrentan.

El calendario fijado inicialmente para el desarrollo del juicio de la Faffe establecía el 26 de mayo como última sesión del juicio, cuando se procedería a la audición de un archivo sonoro y a los informes de las partes. Es decir, a dos días de las votaciones, la Fiscalía Anticorrupción presentaría su informe de conclusiones.

Aunque la entrega del denominado objeto del veredicto a los jurados se realizaría ya después de los comicios locales, lo cierto es que en la jornada de reflexión los votantes iban a desayunar leyendo las crónicas de la última sesión del juicio. Y se toparían con la más que previsible dureza y contundencia del informe del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, que pide seis años de cárcel para el ex director de la Faffe Fernando Villén, al que en su escrito de conclusiones provisionales ya le reprocha la utilización de los fondos públicos para “pagar sus vicios”, satisfacer “sus lúbricos deseos” y organizar “orgías” con terceros no identificados.

Nada más conocer la coincidencia del juicio con las elecciones, las defensas de los dos acusados presentaron un escrito a la juez Alaya, solicitando el aplazamiento de la vista oral hasta después del 28 de mayo, con la finalidad, según expusieron los letrados Adolfo Cuéllar y Manuel Salinero, de evitar que el proceso fuese usado “como arma política” durante estos comicios, una utilización que los abogados de la defensa consideraban que además se haría con una “importante virulencia”.

La petición de las defensas no tenía, a priori, muchas posibilidades de prosperar si se acudía a la hemeroteca personal de la magistrada en su etapa de instructora de las macrocausas. Así, en las elecciones municipales del año 2011, Alaya había citado a declarar como imputado al entonces primer teniente de alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos una semana antes de los comicios, y algo similar ocurrió en el año 2013 con la toma de posesión de la entonces presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. El mismo día del acto, Alaya dio a conocer el auto en el que “preimputaba” a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE.

Estos fueron sólo dos de los hitos más destacados en los que decisiones de la entonces instructora se simultaneaban con acontecimientos relevantes de la política andaluza o local.

Y ahora, aparentemente, había vuelto a suceder con el escabroso asunto de los prostíbulos y las tarjetas de la Faffe. Sin embargo, en esta ocasión, Mercedes Alaya ha asumido la regla no escrita que establece que la Justicia no debe interferir en los procesos electorales. Antes de que Alaya cambiara la fecha del juicio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, había abogado expresamente por que la justicia interfiera “cuanto menos” en los procesos electorales. Del Río declinó, no obstante, posicionarse sobre “lo que se debía de hacer” en este caso.

Sea como fuere, lo cierto es que el mismo día en que el presidente del TSJA realizó estas manifestaciones, la juez Mercedes Alaya dictó una escueta providencia en al que aceptaba los argumentos de las defensas de los acusados y fijaba una nueva fecha para el inicio del juicio, que comenzará al día siguiente de las elecciones municipales, el 29 de mayo, en la Audiencia de Sevilla.

Alaya puso de manifiesto en esa resolución que, una vez presentado el escrito por parte de las defensas, “en base a las consideraciones que en el mismo se contienen se accede a lo solicitado”.

No cabe duda de que Alaya ha dado un buen ejemplo con este cambio de fecha porque, al contrario, si hubiese decidido mantener la vista en plena campaña electoral, el proceso se habría intoxicado de forma innecesaria. Además, el aplazamiento del juicio es tan sólo por unos días y la decisión de la magistrada evita posibles alegaciones futuras por parte de las defensas que podrían complicar el desarrollo del proceso.

La lección de la juez Mercedes Alaya recuerda a la decisión del Tribunal Supremo en el caso de la sentencia de los ERE, donde a pesar de que los recursos de casación se debatieron antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, el Alto Tribunal no hizo público su veredicto hasta más de un mes después de las elecciones.