Europa pone 6.700 millones de euros para forjar la era de la bata blanca

La Unión Europea ha puesto sobre la mesa de Andalucía 6.700 millones de euros para el periodo 2014-2020. Esta es la inyección del sexto marco europeo que se pone en marcha desde que en 1986 España formalizó su entrada en lo que entonces se denominaba la Comunidad Económica Europea (CEE). Eran los tiempos en los que el euro era un futuro inalcanzable y las políticas comunitarias se manejaban en ecus. Desde entonces han pasado 32 años. En este periodo Andalucía ha recibido algo más de 100.000 millones de euros en fondos comunitarios, cifra que equivale a tres presupuestos actuales completos de la Junta de Andalucía.

¿Qué hubiera sido de Andalucía sin este dinero? El catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía Manuel Alejandro Cardenete ha llevado a cabo una investigación para tratar de explorar el efecto real que ha tenido el último marco presupuestario (2007-2013). De acuerdo con sus conclusiones, el producto interior bruto (PIB) regional experimentó una subida del 15%. De no haber dispuesto de esta inyección se hubiera quedado en 130.000 millones de euros en lugar de los 150.000 millones que alcanzó. Esta evolución es similar a la que registró la renta disponible, que se situó en 142.000 millones y que de no haber contado con este empuje se hubiera quedado en 122.000 millones.

Manuel Alejandro Cardenete subraya que el impacto de los distintos programas europeos ha sido "multiplicador" con el paso de los años, porque "ha habido un efecto aprendizaje, de mejora de la gestión y, por tanto, son más eficientes". En contrapartida, también se ha producido un efecto de acomodación, porque la economía en una región como Andalucía recibe, como promedio, de 2.500 a 2.700 millones de euros anuales y su peso en el PIB es importante. Esa es la razón por la que cundió tanto el pánico cuando se estaba negociando el actual marco financiero y se temía que se llevara a cabo un recorte severo en las cuentas comunitarias.

Sin embargo, no ha sido así. Andalucía tiene asignados unos 6.700 millones de euros de fondos estructurales hasta el 2020, que le corresponde gestionar a la Junta de Andalucía. Frente a los 7.302 millones del periodo 2007-2013, se produce una caída del 7,8%. Si se tiene en cuenta el cómputo global, incluidos los fondos que gestiona la Administración central en el territorio andaluz y las subvenciones agrícolas, se ha pasado de 25.300 millones a 23.000. Es un descenso de unos 2.300 millones (-9%) que el catedrático Manuel Alejandro Cardenete, considera que pasará prácticamente desapercibido en una economía que crece a una media del 3% anual.

Los 6.700 millones programados hasta 2020 -sin incluir las subvenciones agrícolas de la PAC que superan los 10.500 millones- se distribuyen en 3.200 millones para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 1.400 destinados al Fondo Social Europeo, y 1.910 millones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Aprobados a finales de 2015, arrancaron de forma efectiva en 2017, y se espera que sea este año cuando alcancen velocidad de crucero.

La misión en esta ocasión ya no es el cemento, sino I+D, empleo, formación, emprendimiento, competitividad y sostenibilidad ambiental. "Puede que el efecto multiplicador ahora no sea tan inmediato. La I+D tiene un impacto en el PIB más a largo plazo que construir una carretera, pero también proporciona mayor estabilidad y crecimiento", conjetura Manuel Alejandro Cardenete.

En resumen, menos carreteras y más bata blanca. Si antes el objetivo era la convergencia con Europa, partiendo de forma tan significativa como visible de la mejora de las infraestructuras, ahora los esfuerzos se encaminan a atacar las debilidades estructurales y, sobre todo, a reparar algunos de los daños más dolorosos que ha dejado tras de sí la crisis económica. Los problemas han cambiado. España ya no es aquel país de 1982 con 192 kilómetros de autovías y autopistas, sino el tercero del mundo, detrás de China y Estados Unidos, con una red que supera los 15.000 kilómetros.

Los desafíos pasan, por tanto, por el empleo, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y la formación, con especial atención al abandono temprano de la educación, punto en el que Andalucía figura a la cabeza de Europa con una tasa superior al 23%, aún a pesar de la fuerte corrección que se ha producido precisamente durante la crisis porque en 2008 este índice estaba por encima del 31%.

En cualquier caso, Andalucía es considerada ahora región en transición. Perdió el estatus de región Objetivo 1, porque el programa marco 2014-2020 se negoció cuando el PIB per cápita andaluz superaba el 75% de la media europea y el mensaje de la Unión Europea para las zonas en transición es claro: ya no hay fondos estructurales para hormigón, salvo que con él se alcancen otros hitos.

María de la Luz Picado, directora general de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, subraya, no obstante, el efecto de la crisis. Una de sus consecuencias es que ha hecho retroceder a la región hasta quedar otra vez por debajo del 75% del PIB comunitario. "Sigue habiendo necesidades de infraestructuras", puntualiza. "Seguimos necesitando, por ejemplo, equipamientos sanitarios. Ahora la opción que tenemos es trabajar con la Comisión para hacer reprogramaciones y ajustes, pero siempre dentro de los límites de los reglamentos y de la concentración de prioridades".

Con estas premisas, el cambio más sustancial se registra en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Feder, una marca impresa en la casi totalidad de los carteles que cuelgan de carreteras, plataformas ferroviarias, puertos y aeropuertos de España. En esta ocasión, el 60% de los 3.200 millones hasta el 2020, o sea 1.920 millones, se tienen que destinar necesariamente a mejorar la competitividad de las pymes, potenciar la I+D+i, promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y fomentar una economía baja en carbono. El 40% restante del presupuesto Feder tiene obligatoriamente que emplearse en proyectos orientados a la sostenibilidad, el cambio climático, la protección del medio ambiente, la formación y lucha contra la exclusión social. La única manera de poder destinar un euro a cemento sería, por ejemplo, justificando que se eliminan puntos negros de la red de carreteras.

Antonio Valverde, subdirector de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, recuerda que en esta ocasión está expresamente prohibido destinar recursos comunitarios a puertos y aeropuertos. "Se supone que la dotación es ya más que aceptable", indica Valverde. Tampoco se podrán acometer con estos recursos depuradoras, salvo que pese sobre ellas alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según agrega el subdirector de Fondos Europeos de la administración regional. Se persigue "un apoyo decidido a la tecnología y a la innovación como base para crear una política industrial". Porque el objetivo es crear empresas competitivas y empleo de calidad, no que la investigación se quede en un cajón y no tenga aplicación práctica.

La web del Instituto Néstor Almendros de Tomares (Sevilla) explica alto y claro en su página principal que las nóminas de los profesores de formación profesional básica, de bachillerato bilingüe, Pedagogía Terapéutica, los nuevos itinerarios de la ESO y los nuevos ciclos formativos las paga en parte el Fondo Social Europeo. El anuncio expuesto urbi et orbi es expresivo de un programa que no sólo no ha sufrido ningún recorte respecto al marco anterior, sino que registra en Andalucía un incremento del 19% hasta superar los 1.400 millones de euros.

El Fondo Social Europeo opera en tres frentes: el empleo, la educación, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Con este horizonte, la formación es fundamental en una comunidad con una tasa de abandono temprano de los estudios del 23% y 492.000 parados de larga duración, dos circunstancias que implican serios riesgos de exclusión.

En este campo se enclavan, por ejemplo, tanto titulaciones de formación profesional como las denominadas iniciativas de cooperación social que se gestionan a través de los ayuntamientos para mejorar la empleabilidad y promover la contratación. Desde que se aprobaron en 2015 y hasta febrero de este año se han realizado más de 31.700 contratos, de los que 17.200 han sido para trabajadores menores de 30 años y 14.500 para mayores de esa edad. Es cierto que muchos de estos empleos se encuadran en áreas de cualificación media y baja, pero también es cierto que sorprende cuántos han sido para titulados superiores: 500 ingenieros, 400 informáticos, 542 arquitectos, 369 maestros de primaria, 360 psicólogos, 200 delineantes o 200 sociólogos.

Andalucía está obligada a destinar el 20% de los 1.400 millones que recibe a través del Fondo Social Europeo a promover la inclusión social, al tiempo que debe concentrar en no más de cinco prioridades el 70% del presupuesto. María de la Luz Picado resalta el interés de la Unión Europea en el empleo, la formación y la inclusión porque no solo se han incrementado las partidas de este programa, sino que también el Feder ofrece un acusado perfil social.

Antonio Valverde recomienda volver la vista para valorar el arraigo de la población rural en Andalucía. "Nuestros pueblos no pierden población como sucede en otras regiones del país. Sería conveniente tener en cuenta hasta qué punto puede ser gracias al Feader y al trabajo de los grupos de desarrollo rural", sugiere. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural puede tener otro público objetivo, pero desde luego comparte los principios generales, que pasan por la innovación, la sostenibilidad, el empleo y la competitividad de las pymes, de ahí que funcione en ocasiones como un Feder para el campo, que se encarga, por ejemplo, de combatir la brecha digital. Un proyecto paradigmático ha sido la red Guadalinfo que ha llevado hasta los puntos más ignotos internet y la formación en tecnologías.

Un informe de la Junta de Andalucía sobre el Feader entre 2007 y 2013 destaca que este programa contribuyó a mitigar el impacto de la crisis en el medio rural. Por ejemplo, aportó 1,8 millones y 520 empleos en actividades forestales y agrarias, así como 16,5 millones y 222 empleos adicionales en el sector agroindustrial, además del impacto sobre la biodiversidad. Un dato revelador: la modernización de regadíos ha permitido reducir un 19% el arrastre de nitratos.

Anticipar el efecto que tendrán en Andalucía los fondos europeos que se gestionan desde Andalucía es prematuro, sobre todo porque los programas están arrancando ahora. No obstante, el profesor de Análisis Económico de la Universidad de Valencia José Boscá ha realizado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) una prospección del efecto del actual marco de fondos Feder en las regiones españolas. Su conclusión principal no alberga matices: el PIB crecerá en Andalucía en 926 euros por persona y por cada millón de euros invertido se crearán nueve empleos. Es el horizonte de la que se espera que sea la era de la bata blanca.