La Fiscalía Antidroga pide a Defensa la colaboración de la Armada para abordar a los narcos en alta mar

La Fiscalía Antidroga ha pedido al Ministerio de Defensa la colaboración de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos", ha defendido la fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, en una entrevista a Efe, en la que ha expuesto las propuestas que ha realizado esta misma semana al fiscal general del Estado a raíz del asesinato de los dos guardias civiles arrollados y asesinados por una narcolancha en Barbate (Cádiz).

Antes de este trágico suceso, desde Antidroga ya se estaba "impulsando que sea más fácil la colaboración con la Armada" y, el pasado 23 de enero, mantuvieron "una reunión con Defensa y con la Armada", según ha desvelado la fiscal jefe.

Una ayuda que Defensa ha respondido que sí estaría dispuesta a prestar, si bien ha trasladado a Antidroga que para ello sería necesario cambiar un protocolo interno que establece la necesidad de contar con un auto judicial que autorice ese abordaje.

Una salvedad que Morán cuestiona en base a un memorándum con Defensa en el que la Fiscalía expone que esa resolución previa no puede existir porque hasta que el Ministerio Público no interpone la correspondiente querella no hay una competencia judicial determinada cuando esos abordajes se realizan en "aguas internacionales".

Respecto a la situación "estresante y complicada" que están sufriendo sus compañeros en Andalucía, la responsable de Antidroga ha asegurado ser "muy consciente" de la falta de medios que transmiten, a través de esos fiscales delegados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El problema, a su juicio, es "integral", ya que afecta también, "y en el que debería tomar medidas", el Ministerio de Justicia, principalmente por el colapso de los juzgados en los que recaen esas causas.

Para tratar de paliar esta situación, Morán ha remitido esta misma semana una serie de medidas al fiscal general del Estado.

Plan Nacional sobre drogas

Entre ellas, recuperar las antiguas competencias del Plan Nacional Sobre Drogas, cuando dependía del Ministerio del Interior y estaba también enfocado a la lucha contra el narcotráfico, y no como ahora, que depende del Ministerio de Sanidad y se centra únicamente en "la demanda", el consumo de drogas, "pero no en la oferta".

Ese antiguo Plan estaba dotado, entre 1993 y 2003, de un órgano de coordinación como era el Consejo Superior de la Lucha Contra el Tráfico de Drogas, "que es lo que yo he pedido ahora al fiscal recuperar".

Ese órgano lo integraban el ministro del Interior, el director general de la Policía, el de la Guardia Civil y el Delegado de Hacienda, además del responsable de Vigilancia Aduanera y el Fiscal jefe Antidroga.

Ahora, ha explicado, no hay ningún órgano que permita mantener este tipos de reuniones para buscar estrategias de reducción de la oferta. "No hay esa instancia, no existe", ha lamentado.

"En ese en ese sentido va también la queja de lo que decíamos en la Memoria y que transmití en su momento al secretario de Estado de Seguridad. Y es que nosotros no conocemos los planes de actuación de la Policía".

Y es que entiende que los fiscales y los jueces, sin entrar en la planificación en sí de las concretas operaciones policiales, deben conocer cómo se aborda la lucha contra el narcotráfico, "y a lo mejor también en algún momento podemos dar nuestra opinión".

Otra de sus propuestas, que es la que afecta directamente al Ministerio de Justicia, es replantear la "organización judicial" porque la actual "no funciona contra los delitos a los que nos enfrentamos".

Además de revisar las competencias de la Audiencia Nacional para trasladar a ese tribunal determinadas investigaciones que impliquen a organizaciones criminales, Morán entiende que habría que prescindir en materia de narcotráfico de los juzgados territoriales, que acumulan causas dispares desde divorcios a delitos más graves, y crear juzgados especializados como en su día se hizo con los de violencia de género.

Una juez sustituta en Barbate

Como ejemplo de la ineficacia del actual sistema, ha destacado que el asesinato de los dos guardias civiles está en manos de una juez sustituta, y el mes que viene se hará cargo de ese Juzgado un titular "recién salido" de la Escuela Judicial.

"Yo creo que hay que tomar medidas que permitan un tratamiento judicial adecuado, ahora hay colapso" en los juzgados, lo que redunda en "desencanto" y "frustración" por parte de los fiscales que en Andalucía se dedican a combatir el narcotráfico.

Gasolina como delito

Pone como ejemplo de ese malestar una reciente resolución en la que el juzgado dejó en libertad a los ocupantes de una narcolancha en la que falleció uno de los ocupantes y en la que transportaban miles de litros de gasolina.

La fiscal del caso, que ya ha recurrido esa decisión, les atribuía un delito de tenencia de sustancia explosiva con grave riesgo, y, al dejarles en libertad, la juez "llega a decir que le hace falta una pericial de la gasolina para decir que es gasolina". "Entonces eso a mis compañeros les genera desesperanza", ha señalado.

Ante este tipo de resoluciones, la Fiscalía también planteó en su día la tipificación de la tenencia y almacenamiento y transporte de gasolina sin licencia a partir de unos determinados litros, tal y como ya se hizo en Gibraltar en 2021. "Yo lo propuse, la Fiscalía General lo asumió, y a partir de ahí no tenemos noticia de nada más".

Se trata, ha añadido, de una propuesta en la misma línea por la que en 2018 se implantó la consideración de género prohibido para las narcolanchas.

Debido a ello, estas embarcaciones normalmente no entran en los puertos, salvo cuando hay temporal (como ocurrió el pasado viernes en Barbate), por lo que solo pueden abastecerse de gasolina si se la llevan desde otras lanchas.

Por eso cree que si ese transporte se considera un delito por si mismo, los jueces lo tendrán que considerar independientemente de que no se pueda acreditar que esa gasolina está destinada al narcotráfico.