La Fiscalía archiva la denuncia de UPyD contra el abogado del PP porque no aprecia delito alguno

La Fiscalía de Sevilla ha decidido archivar la denuncia contra el abogado del PP en el caso de los ERE fraudulentos, al que UPyD denunció porque fue secretario de una sociedad que recibió 2,6 millones del fondo de reptiles, al no apreciar ningún delito en la actuación del letrado. En un decreto de archivo, el Ministerio Público señala que los hechos no pueden ser constitutivos de delitos de deslealtad profesional, ni de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución ni de encubrimiento.

Con respecto al primer delito, que contempla el artículo 467.1 del Código Penal, la Fiscalía señala que lo relatado por el denunciante "no tiene encaje posible" por cuanto la defensa de personas con intereses contrarios ha de tener lugar "en el mismo asunto, amén de que este delito no es un delito meramente formal, sino que exige la producción al cliente de un perjuicio económico o que al menos afecte a las acciones o pretensiones del mismo".

El departamento que dirige María José Segarra tampoco aprecia un delito de omisión del deber de perseguir delitos porque "aún admitiendo que el abogado denunciado conoció lo decidido y actuado por los miembros del consejo de administración de la compañía Al Ballut Dehesas de Calidad en orden a la percepción de las ayudas públicas, ello en ningún caso podría ser constitutivo de la infracción penal de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, puesto que esta conducta omisiva para que tenga trascendencia jurídico penal requiere que esté referida a delitos que afecten a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual".

Para la Fiscalía, tampoco hay delito de encubrimiento, pues el mismo "precisa de una intervención posterior a la comisión del hecho delictivo consistente bien en auxiliar a sus autores para que se beneficien del mismo; o bien en ocultar o inutilizar los efectos o instrumentos del delito, extremos que ni tan siquiera menciona el denunciante".

La denuncia de UPyD aseguraba que durante los años 2003 y 2004 la sociedad mercantil Al Ballut Dehesas de Calidad recibió 1.450.759 euros del conocido como fondo de reptiles, y la empresa MSM Montanera de Jabugo -cuya administradora única era Al Ballut- también recibió en febrero de 2004 otros 1,2 millones.

El portavoz de UPyD señalaba que el abogado Luis García Navarro fue nombrado en 2002 secretario de Al Ballut y aseguraba que cuando la empresa recibió la ayuda "no tenía ninguna actividad ni trabajadores, situación que se prolongó hasta el año 2006, fecha coincidente con el cese de García Navarro como secretario de la sociedad que estaba presidida por José Enrique Rosendo", uno de los empresarios de la Sierra Norte que recibió un importante volumen de ayudas de la Junta que también está siendo investigado por la juez Alaya.

UPyD sostenía que el abogado del PP, que fue diputado provincial de esta formación antes de ejercer la acusación en los ERE, debía conocer que el dinero recibido procedía del fondo de reptiles, puesto que "el secretario de los órganos de gobierno de una sociedad es parte fundamental en la acción de los mismos, debiendo velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del consejo y, operando, además, como medio de comunicación entre la administración y los consejeros".