La Fiscalía alega que se ha "incrementado el riesgo de fuga" de los ex altos cargos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves a la Audiencia de Sevilla que acuerde el ingreso en prisión de cuatro ex altos cargos condenados en la sentencia de los ERE, al estimar que desde que se dictó esta resolución se ha "incrementado el riesgo de fuga" y además ha recordado otra condena que tienen los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez por el caso Umax, así como las distintas piezas separadas de los ERE en las que figuran como investigados.

Las defensas de los cuatro ex altos cargos se han opuesto a la petición de la Fiscalía, alegando fundamentalmente que no existe ese riesgo de fuga, porque durante todos estos años de instrucción han colaborado con la Justicia, con las comparecencias fijadas, cuentan con arraigo familiar y carecen de solvencia económica como para darse a la fuga.

El argumento principal de la Fiscalía Anticorrupción para pedir el ingreso en prisión de los ex directores de Trabajo y de los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera es precisamente la sentencia condenatoria en la "pieza política" de los ERE y también las demás piezas separadas de la macrocausa de los ERE que están abiertas y en las que están siendo investigados.

Los fiscales delegados de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra y Francisco Sánchez Mellado han citado incluso los casos de los "préstamos participativos" acordados por la dirección general de Trabajo y la agencia Idea al amparo de otro programa de la Consejería de Innovación, no de la partida 31L de los ERE -conocida como el fondo de reptiles- para las empresas Scafa y Promi, en las que la juez María Núñez Bolaños volvió a incluir a los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández y a los ex directores de Trabajo, entre otros.

Las defensas de los ex altos cargos han mantenido en sus intervenciones que la Fiscalía y la acusación popular "no han fundamentado" ese riesgo de fuga y han insistido en que desde que se inició la instrucción de la macrocausa, en el año 2011, siempre han mantenido una actitud de colaboración con la Justicia, además de que cobran entre 400 y 700 euros mensuales, al tener embargados sus salarios y sus bienes inmuebles, por lo que han concluido que "es imposible" que se den a la fuga, además de contar con arraigo familiar.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero Antonio Fernández, ha recordado que el ex consejero lleva siete años y medio compareciendo en el juzgado, donde ha realizado en este tiempo casi 150 comparencias apud acta, primero con carácter semanal y luego mensual, y ha puesto como "evidencia" de que no hay riesgo de fuga que ha acudido hoy a esta vistilla y también lo hizo en el año 2012 cuando declaró ante la anterior instructora, Mercedes Alaya, "sabiendo lo que iba a pasar", en alusión que la juez acordó entonces su ingreso en prisión provisional. Todos estos elementos, según del Hoyo, "excluyen el riesgo de fuga".

El letrado de Antonio Fernández ha pedido al tribunal un plazo extraordinario de tres días que contempla la ley para aportar nuevas pruebas que "completen" las alegaciones de la Fiscalía sobre las causas que tiene abiertas, ya que a su juicio, los argumentos del Ministerio Público "no responden a la realidad" al haber sostenido la Fiscalía que Fernández va a ser enjuiciado en las piezas de Acyco y Surcolor, cuando hay resoluciones de exclusión dictadas por la Sección Séptima de la Audiencia, en aplicación del principio 'non bis in ídem', que han "dejado sin efecto" el enjuiciamiento del ex consejero en estas piezas.

El tribunal le ha dado finalmente de plazo hasta mañana para aportar la documentación oportuna y ha citado de nuevo a los cuatro ex altos cargos a las 13:30 horas para notificarles su decisión.

Tanto Antonio Fernández como Francisco Javier Guerrero han sido condenados a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez fueron condenados por los mismos delitos a siete años y un día de cárcel y 18 años y un día de inhabilitación absoluta.

La condena de Umax a los ex directores

No es la única condena para dos de los ex altos cargos, dado que la Audiencia de Sevilla condenó en mayo pasado a Javier Guerrero y Juan Márquez a penas de más de cinco años –cinco años y nueve meses a Guerrero y cinco años y tres meses a Márquez–, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores algunos de los cuales estaban relacionados con sus "vínculos de vecindad y amistad", a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal”.

Hasta ahora, sólo Antonio Fernández y Javier Guerrero han pasado ya por la cárcel, dado que la juez Mercedes Alaya los envió a prisión provisional tras tomarles declaración. Javier Guerrero fue el primero de los investigados que pisó la cárcel, el 9 de marzo de 2012, cuando Alaya ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, y permaneció privado de libertad hasta el 22 de octubre. Guerrero volvió a prisión el 22 de marzo de 2013, tras una nueva operación relacionada con el pago de las sobrecomisiones de los ERE y salió el 5 de junio de 2013. El ex director de Trabajo ha pasado 303 días en prisión.

Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en agosto de ese mismo año tras pagar los 450.000 euros fijados como fianza por la Audiencia de Sevilla.