El Gobierno crea un grupo de trabajo para abordar la nueva financiación autonómica

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba la nueva senda de déficit que permite a las autonomías contar con 2.500 millones de euros más para elaborar sus presupuestos

María Jesús Montero y Meritxell Batet, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
María Jesús Montero y Meritxell Batet, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
Carlos Rocha

20 de julio 2018 - 05:00

Pedro Sánchez dijo que no habría reforma de la financiación autonómica en esta legislatura, pero, al menos, habrá un grupo de trabajo “a nivel político” que sirva para “relanzar” la reforma del modelo actual, que data de 2009 y lleva casi un lustro caducado. Éxito a medias para las aspiraciones del Gobierno andaluz, que vio ayer cómo su ex consejera de Hacienda, la ahora ministra María Jesús Montero, impulsaba la creación de este organismo. "El Gobierno ha reconocido la urgencia de reformar el sistema de financiación de las comunidades", afirmó ayer su sucesor, Antonio Ramírez de Arellano.

El Ejecutivo de Susana Díaz no tenía previsto renunciar a la reactivación de la reforma. El informe que ayer trasladó Montero a los consejeros de Hacienda es el punto de partida de este nuevo grupo de trabajo para avanzar en una reforma que parecía bloqueada. La principal diferencia con el grupo de expertos creado en 2017 por el Gobierno del PP para reformar, sin éxito, el modelo, estará formado por “gente que sea capaz de llegar a algunos acuerdos básicos”, explicaron ayer desde el Ministerio de Hacienda.

Por la mañana, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, garantizó que sus reclamaciones a Sánchez serán “las mismas que al anterior presidente”. El consejero andaluz mantuvo este posicionamiento antes de un Consejo de Política Fiscal y Financiera marcado por la ausencia de Pere Aragonès, el titular de Hacienda catalán, que prefiere las negociaciones bilaterales. Para Ramírez de Arellano esa fórmula no sería “correcta”, pese a que el propio Pedro Sánchez habló de compensaciones individuales a las regiones infrafinanciadas.

Más déficit para las comunidades

La ex consejera andaluza logró sacar adelante su propuesta de senda de déficit para 2018 y 2019, que deja el límite de endeudamiento en el 2,7% del PIBpara este año y 1,8% para el siguiente. El medio punto extra previsto para el próximo ejercicio servirá para que las regiones cuenten con 2.500 millones de euros más para elaborar sus presupuestos.

Antonio Ramírez de Arellano podrá contar con un déficit del 0,3% cuando comience a cuadrar las cuentas autonómicas de 2016, lo que se traduce en 350 millones más. Esta disponibilidad de gasto será posible gracias al apoyo del Gobierno, pero también al de todas regiones con presencia socialista en sus ejecutivos, excepto Valencia, cuyo representante se abstuvo. Madrid, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Galicia, con gobiernos del PP, rechazaron la senda propuesta por Montero, al igual que Canarias.

Si los populares mantienen esta postura cuando la senda de déficit llegue al Senado, donde tienen mayoría absoluta, la victoria lograda ayer por el Gobierno quedaría desactivada. Si la Cámara Alta tumba los nuevos objetivos, las administraciones se verán obligadas a volver a los anteriores.

Esto significa que las comunidades no podrán contar con los 2.500 millones. “Nadie lo entendería en Europa”, explican desde el departamento de Montero, ya que la relajación del control del déficit es resultado del acuerdo entre el Gobierno y la UE.

Avances en la armonización fiscal

La titular de Hacienda informó también a los consejeros del techo de gasto que el Consejo de Ministros aprobará hoy, primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Además, Montero sacó adelante su propuesta para crear un grupo de trabajo que permita avanzar en la armonización fiscal.

Esta era una de sus principales peticiones en su etapa andaluza, sobre todo en plena polémica por la rebaja del impuesto de Sucesiones. La propuesta de Montero pasaba por equiparar el tipo de esta gravamen para evitar el dumping fiscal y hacia esa dirección se encamina la idea del Gobierno socialista, con el apoyo de la Junta.

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