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Sevilla/El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado que el Gobierno de la comunidad autónoma andaluza "no tendrá ningún inconveniente en aceptar ir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)" si la financiación que se ofrece "se da a unos tipos que son aceptables y no se imponen condiciones políticas". Griñán se ha pronunciado de este modo en una entrevista con la cadena SER en la que ha querido dejar claro que, por el momento, "Andalucía no ha recibido ningún anticipo (del Estado) ni se ha sometido al FLA hasta no conocer sus condiciones".
"Tenemos margen de tiempo para conocer la estructura del fondo que ha dicho el Gobierno que estará en pocos días", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha rechazado "seguir manteniendo esa especie de carrera en la que parece que quien llega se lleva el fondo". Griñán ha admitido que "ahora mismo en las condiciones de financiación que hay en los mercados no contamos con el crédito que hemos contado siempre" y que permitían que "cuando la economía crecía hiciéramos subastas de liquidez que beneficiaban a la entidades públicas a los bancos".
"Es verdad que la financiación de todas las administraciones, empezando por el Gobierno de España, es muy complicada porque no se está moviendo el dinero", ha subrayado el presidente de la Junta, que ha defendido que este problema no se soluciona "enfrentando a unas administraciones con otras". Ha recordado que "cuando se habló del rescate de Cataluña se dijeron verdaderas barbaridades y yo entiendo que parte de los catalanes se sintieran molestos, porque no es verdad que sea el conjunto de España el que va a socorrer a Cataluña". "No puede tampoco utilizarse acogerse a un fondo de liquidez como una carga que se impone a Cataluña o a cualquier otra comunidad, porque de igual manera que tratamos de conseguir que haya eurobonos, queremos que haya hispanobonos".
Créditos a precio razonable
"Andalucía, como es natural, ha acudido a todos los mecanismos de financiación que ha puesto a su disposición la Administración General del Estado, y acudirá a cuantos mecanismos ponga a disposición de las comunidades autónomas". Con esta frase, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, desveló en el Parlamento los planes del Ejecutivo autonómico ante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que el Gobierno central tiene previsto activar el próximo mes de octubre. Aunque esquivó en todo momento utilizar el término rescate, la consejera lo dejó muy claro: ante un panorama en el que los mercados financieros están cerrados a cal y canto, la Junta tirará de todo aquello que "garantice la obtención de créditos a precio razonable". Unos recursos, que como se afanó en defender, no responden a un "interés por endeudarse", sino por "tener más para financiar servicios esenciales y mantener la protección social".
Con este anuncio se abrió el periodo de sesiones en la Cámara autonómica, en el que el Ejecutivo aclaró cuál es el paso siguiente que va a dar para obtener dinero, después de la solicitud hace una semana de un anticipo de 1.000 millones. Y aunque hasta ahora se había mostrado reticente a decir con rotundidad si se acogería o no hasta conocer todos los detalles, avanzó en esta intención de sumarse así a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, que ya han anunciado oficialmente que pedirán financiación a este fondo de liquidez que pondrá en circulación 18.000 millones de euros.
Lo que la Junta no está dispuesta es que acogerse al FLA suponga pagar ciertos peajes: ni que se establezcan "condiciones extraordinarias", ni que sea una carrera que genere desequilibrios, porque a lo que se aspira a una "distribución equitativa y eficiente". "Limitar los recursos del FLA a garantizar el pago de la deuda financiera sería injusto e ineficiente, porque premiaría a las comunidades más endeudadas y perjudicaría a las que han mostrado mejores resultados", dijo Martínez Aguayo en clara alusión a Andalucía, que presenta un menor nivel de endeudamiento y que, lejos de una ventaja, parece estar convirtiéndose en un lastre.
La consejera no desaprovechó la ocasión para criticar la tardanza del Gobierno central, muy contraproducente para las arcas autonómicas, como la andaluza, "ya que las entidades financieras que comprometerán recursos, automáticamente dejan de financiar a las comunidades". Esto ha empujado a tener que solicitar ese anticipo al Estado, del que aún se está esperando una respuesta afirmativa, como ya la han tenido Cataluña (1.805 millones), la Comunidad Valenciana ( 1.398) y Madrid (710).
La consejera encontró el apoyo del socio de Gobierno. El portavoz económico de IU, Ignacio García, denunció la existencia de una "clara discriminación" del Gobierno a las regiones en relación a los anticipos y al límite de endeudamiento, favoreciendo claramente a las regiones gobernadas por el PP, "a las que sí les abre el grifo". Dijo esperar que el Gobierno cambie su posición en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque, no de ser así, "no se podrá asumir un recorte de 3.000 millones en los Presupuestos de 2013". Cuentas que se perfilan como "muy difíciles y complicadas".
El PP, en su estrategia de dudar de la solvencia de las cuentas andaluzas, insistió en su línea de presentar a la Junta como una administración volcada en su política "gastar más de lo que se ingresa y generar deuda". Una forma de gobernar que luego, como precisó el portavoz popular, Carlos Rojas, les conduce a pedir ayuda precisamente a "ese al que atacan", a un Gobierno central que "es el que presta".
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