La Junta de Andalucía cesará a mil funcionarios con hasta treinta años de servicio

Sevilla/Este miércoles, la intervención en la sesión vespertina en el Parlamento de Andalucía del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, tendrá interesados a más de mil funcionarios. Son los que, al menos si no se modifica la intención inicial, cesarán en sus puestos. En su mayoría se trata de mujeres con más de 50 años de edad y con 15 y hasta 30 ejercicios continuados en la administración autonómica. Algunas de ellas, han llegado a su plaza después de superar hasta media docena de exámenes.

La estricta aplicación de la Ley 20/2021 como consecuencia de una directiva comunitaria, obligaba a todas las administraciones a desarrollarla para que el porcentaje de temporalidad de sus trabajadores, se quedara en un 8%. La mayor parte de ellas, paralizaron estos procesos y estabilizaron a su personal salvo la Junta de Andalucía. Las entidades locales, desde ayuntamientos a universidades, diputaciones e incluso los entes instrumentales, convocan procesos para esta consolidación de las personas, por lo que este grupo de funcionarios considera que es una víctima de un agravio comparativo.

Fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico, defienden la actuación en este caso y concretan que “Andalucía cumplió con lo que fijaba la Ley de Presupuestos, no así otras comunidades autónomas que no podrán volver a ofertar estas plazas que estaban ya inmersas en un proceso de Oferta Pública en desarrollo. La Junta sí podrá ofertar estas plazas estructurales que estaban ocupadas de manera ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”.

La solución que se ofrece a estos trabajadores es que dado que su cese “se producirá después de la toma de posesión de los opositores que aprobaron la plaza en los procesos selectivos”, podrán “formar parte de una bolsa que tendrá carácter preferente”.

Según han manifestado a esta redacción los funcionarios afectados, “los jueces del tribunal de Unión Europea consideran que estos procesos de selección convocados no pueden entenderse como una solución al problema generado” y “no eximen a las administraciones del cumplimiento de la obligación de establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización laboral abusiva de este personal en fraude de ley. Estos procesos estaban, además, abiertos a opositores que no han sido víctima de estos abusos”.

Los trabajadores únicamente piden “un trato justo, que nos valoren de una manera digna y consecuente la labor que hemos ido desempeñando a lo largo de tantos años en la administración. No podemos consentir este trato injusto y discriminatorio por lo que solicitamos unos procesos justos de acuerdo a la ley, tal y como van a realizar nuestros compañeros de sanidad, justicia, universidades, ayuntamientos, entes instrumentales y la creación de la bolsa preferente recogida en el decreto 12/2022 de 29 de noviembre”, algo que, en un principio puede ser la medida que dé a conocer esta semana por parte del consejero de Administración Pública durante el debate parlamentario.

La creación de esta bolsa de trabajo para incluir a los interinos cesados, puede ser una salida para este colectivo. No obstante, todavía no está creada y tiene fecha de caducidad en diciembre de 2024, “por lo que tampoco es una solución al problema creado”, señalan algunos de estos funcionarios.

Los trabajadores reconocen que “la administración no ha medido las consecuencias de estos ceses ya que nadie puede ser tan cruel con un colectivo de trabajadores que han demostrado su capacidad desarrollando su trabajo, su mérito con muchos años (en algunos casos 35) de experiencia y con muchos procesos selectivos aprobados. Un colectivo vulnerable, que de llevarse a cabo los inminentes ceses y sin una bolsa creada, quedaría en exclusión social”.