La Junta garantiza el 'blindaje' de Andalucía frente a la ley Celaá

La Junta de Andalucía llama a la calma. La libertad de elección de centro educativo por parte de las familias queda garantizada. Así lo ha hecho saber a última hora de este lunes la Consejería de Presidencia, que asegura que dicho derecho queda "blindado" en el actual decreto de escolarización, que entró en vigor el pasado marzo y donde la demanda social se convierte en el principal criterio a la hora de adjudicar las plazas sostenidas con fondos públicos, un principio opuesto al defendido por la Lomloe.

En un escueto comunicado, la consejería que dirige Elías Bendodo ha explicado que, gracias a este decreto (que provocó la primera huelga sectorial contra el gobierno andaluz de PP y Cs), la octava reforma educativa introducirá modificaciones que afectarán sólo "a algunos casos muy específicos".

De igual modo, y con el objetivo de tranquilizar a las familias, desde Presidencia se apunta que para garantizar la libertad de elección de los padres no es imprescindible aprobar, "de momento", ninguna resolución, sino que se puede hacer a posteriori, una vez que haya entrado en vigor la ley Celaá, que ahora debe pasar el trámite de aprobación en el Senado. "Y así se hará", asevera la Junta.

En este sentido, desde el Gobierno autonómico se insiste en que se ejercerán "al máximo" las competencias en materia educativa "para minimizar los impactos negativos" de la Lomloe.

Unas declaraciones que se producen después de las pronunciadas este lunes por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en las que garantizaba el derecho de elección, aunque, eso sí, sin la necesidad de adelantar el proceso de escolarización, como aseguró el líder del PP, Pablo Casado, que se haría en todas las comunidades gobernadas por su partido para esquivar la reforma educativa.

Imbroda, incluso, ha señalado que, respetando el criterio de demanda social y el de "la cultura del esfuerzo", intentaría llegar a un punto de consenso con el Ministerio de Educación a la hora de desarrollar la ley en Andalucía. Un lenguaje más conciliador que el mostrado por los representantes a nivel nacional del PP, que han manifestado que en las comunidades donde gobiernan mantendrán una férrea oposición a la ley Celaá. El consejero de Educación, no obstante, aportará este martes más detalles sobre las medidas a tomar por la Junta respecto a dicha reforma.