La Junta cumplirá el decreto de ahorro energético mientras estudia si lo recurre por invasión de competencias

El frente abierto entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Gobierno central por el decreto de medidas de ahorro energético se quedará por el momento en la confrontación política en el caso de Andalucía. La Junta asegura que cumplirá el decreto de medidas de ahorro energético, y mientras tanto estudiará en paralelo si la norma aprobada por el Gobierno, que empieza a aplicarse esta medianoche, invade competencias autonómicas. Así lo ha anunciado esta mañana el Gobierno andaluz, que prevé agotar el plazo de tres meses para interponer un posible recurso, aunque asegura que no quiere abrir una "batalla judicial" en el Tribunal Constitucional. "Hay tiempo para que el Gobierno reaccione, vuelva al diálogo y negocie con las autonomías y con los sectores afectados", ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La reclamación, que ya formularon ayer las comunidades al Ministerio para la Transición Ecológica, es que sean las autonomías las que determinen qué medidas aplicar para alcanzar el 7% de reducción en el consumo de energía que España ha comprometido ante Bruselas, en el marco del plan europeo para hacer frente a las restricciones de gas por la guerra de Ucrania. Para ello, exigen la retirada del capítulo 1 del título 5, el que recoge las limitaciones de temperatura, alumbrado y otras prescripciones que afectan a edificios públicos, comercios y bares. "Es absurdo tomar una decisión para el conjunto del país con la diversidad térmica que tenemos, desde la cornisa cantábrica al valle del Guadalquivir hay quince grados de diferencia. El Gobierno tendría que haber dejado a las comunidades adaptar el decreto a nuestra peculiaridades", ha expuesto Moreno, que ha calificado el decreto de "ideologizado, de un trágala" y ha considerado "razonable" una convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para alcanzar un acuerdo.

El presidente popular se separa así de la postura de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado ya el recurso al Constitucional, pero al mismo tiempo la Junta mantiene la posibilidad sobre la mesa al asegurar que tiene tres meses para estudiarla. Eso es lo que harán los servicios jurídicos de la Administración autonómica, han advertido hoy Moreno y dos de sus consejeros tras analizar el Consejo de Gobierno un informe elaborado por la Consejería de Política Industrial y Energía sobre la norma y sobre las medidas para la reducción del gasto energético que ya está ejecutando y programando la Junta.

"Andalucía nunca duda de que estará con la UE y cumplirá con su responsabilidad en cuanto a ahorro energético, pero necesitamos actuar de otra forma", ha destacado el consejero del ramo, Jorge Paradela. "Lo propuesto por la Comisión Europea se basa en consultas y un trabajo previo con los estados miembros, un plan dialogado, pero el Gobierno de España no ha contando con las comunidades autónomas, municipios y sectores económicos", ha criticado. No obstante, ante la entrada en vigor de la norma, asegura que "por supuesto que lo llevaremos a cabo, cumpliremos la ley como no puede ser de otra forma".

Ese cumplimiento no acarreará multas en un primer momento. La dureza del régimen sancionador de la norma, que tendrá que ser aplicado por las comunidades autónomas, es una de las críticas de las comunidades del PP, aunque en su aplicación la Junta se adscribirá a la tesis expresada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha negado que este decreto tenga un fin punitivo. Este mismo martes, Ribera ha reconocido que será necesario "dar margen" a los establecimientos afectados mientras se adaptan, sin poner multas "inmediatamente". Aunque "si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente", el Ejecutivo contactará con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar "meses ni semanas", ha advertido.

Plan de la Junta

Mientras tanto, ha resaltado Paradela, la Administración autonómica ya ha comenzado a implementar iniciativas para la reducción de su gasto energético con el objetivo de superar incluso el 7% marcado. Y también diseña un paquete de nuevas medidas al respecto. Para ello, utilizará las posibilidades que le brinda la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (Redeja), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, y que ya viene realizando acciones de mejora de la eficiencia energética desde diferentes ámbitos.

La ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios, auditorías energéticas con el objetivo de definir las acciones necesarias a acometer, el análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y fomento del autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes son algunas de las medidas que recoge el plan. En el corto plazo, ha señalado el consejero, se hará un análisis de las competencias y horarios de la administración, se limitarán las temperaturas a los 19 y 27 grados establecidos.

A medio y largo plazo se plantean también la optimización de rutas de los vehículos de la administración y la sustitución del parque móvil y el impulso de las renovables aprovechando para ello los fondos europeos del marco 2021-2027 y Next Generation.

Entre las actuaciones ya en marcha está la gestión de un contrato centralizado que engloba 5.000 puntos de suministro eléctrico entre hospitales, institutos, instalaciones deportivas, oficinas administrativas y universidades andaluzas y que, por primera vez en Andalucía, garantiza que el 100% del suministro procede de energías renovables, lo que contribuye a una disminución de 500.000 toneladas de CO2 anuales.

Entre las iniciativas que la Administración autonómica ya tiene puestas en marcha, esta destaca el Plan de Inversiones Redeja para mejorar la eficiencia en edificios como sedes judiciales y hospitales, por ejemplo, en los que está invirtiendo 27 millones de euros financiados con fondos Feder, así como el "impulso de una contratación centralizada para la realización de estudios energéticos en edificios públicos que permitirá optimizar costes y agilizar los procedimientos para la contratación de estos informes".

Asimismo, desde el pasado mes de febrero, la Junta cuenta con una nueva flota de 147 vehículos 100% eléctricos, que han supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros (cofinanciados a través del programa MOVES), y durante la última legislatura los 10 programas de ayudas gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía para instalar autoconsumo en hogares y empresas, para almacenamiento, para mejorar la eficiencia energética de viviendas, negocios e industrias, y para apostar por la movilidad

sostenible han movilizado inversiones cercanas a los 1.730 millones de euros para la realización de más de 38.800 proyectos de mejora energética en Andalucía.