La Junta abre otro frente contra el Gobierno al oponerse a la ley de tasas

La ley de tasas es "discriminatoria", un "atentado directo", un "fraude de ley", es "irracional", "insolidaria", "injusta" y "desproporcionada". Estos términos son sólo un ramillete de los calificativos que el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, dedicó ayer al llamado tasazo al anunciar el recurso de la Junta ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo andaluz no hizo ayer sino dar a luz una intención que se ha estado gestando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la ley. Desde el primer momento, la Junta mostró su desacuerdo, cuando no su rechazo, con el proyecto del Ministerio de Justicia.

De Llera se encargó de detallar los pormenores del recurso. Los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la ley constituyen una "vulneración" del principio de igualdad y el derecho a la tutela efectiva al perseguir un "efecto disuasorio" de gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, que echarán el freno antes de plantear litigios judiciales. El Gobierno autonómico entiende que el objetivo que persigue el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es abortar pleitos antes de que lleguen a los tribunales, en la creencia de que así se aliviará la saturación que sufre desde lustros la administración de Justicia.

Esto puede constituir un "fraude de ley", toda vez que esa disminución de la inmensa carga de los juzgados "no se producirá", según De Llera. Antes florecerá lo que se conoce en el ámbito judicial como querella catalana, que consiste en desviar el pleito a lo penal -donde no se aplican las tasas- para intentar el fruto que se quiere cosechar con una demanda civil, por lo que será la jurisdicción penal la que sufra la saturación.

Lo que también provoca el tasazo, advirtió el consejero, es la instauración de dos tipos de justicia, "una para las clases muy pobres, que no pagarán las tasas" al acogerse al servicio de asistencia gratuita por su situación económica, "y otra para las clases muy altas, que no serán disuadidas por su potencial económico". Y la Junta no está dispuesta a consentir que las circunstancias económicas de los ciudadanos marquen el acceso a un servicio esencial como es la justicia, de ahí que haya lanzado la voz de alarma ante lo que considera un ataque frontal al principio de igualdad.

De Llera subrayó además que la ley blinda la superioridad del empresario sobre el trabajador en el orden social, porque para recurrir en suplicación y casación el empleado tendrá que pagar tasas. El consejero ilustró el caso con el ejemplo de un trabajador con un salario bruto de 1.200 euros mensuales, una antigüedad de cinco años y al que la empresa debe tres nóminas: tendrá que abonar una tasa de 224 euros si el recurso es de suplicación y de 324 euros más si recurre al Supremo.

Mientras tanto, a la Junta sólo le queda esperar. No puede mitigar los efectos de la ley porque "normativamente no se tienen posibilidades al no tener competencias", lamentó De Llera.