Justicia destina 139.000 euros al servicio de orientación jurídica en las prisiones
Asesoramiento legan en las cárceles
La Consejería libra la subvención que permite a los reclusos disponer de asesoramiento gratuito sobre cuestiones penitenciarias
La Consejería de Justicia ha dispuesto una subvención de 139.035 euros para sufragar el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria que han prestado los abogados en los centros penitenciarios de Andalucía durante 2020. Gracias a esta prestación, la población reclusa en la comunidad andaluza cuenta con un servicio de asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.
De este servicio se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las 14 prisiones de la comunidad andaluza para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.
Esta prestación que financia la Consejería que dirige Juan Marín forma parte de un convenio firmado por la Junta con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces.
Además del servicio de orientación jurídica penitenciaria, la Consejería de Justicia financia la asistencia jurídica gratuita dirigida a la población en general con menos recursos económicos. En este caso, la Junta abona los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.
El año pasado la Consejería de Justicia llevó a cabo la modificación del Reglamento de la Asistencia Jurídica Gratuita que ha permitido acortar los plazos de pago, de tal forma que, pese a que lo comprometido son 45 días tras la entrega de las certificaciones, el abono se está realizando en unos 25 días. Igualmente, se ha incrementado el gasto de funcionamiento de los colegios profesionales de un 8% al 10%, y se está negociando la nueva orden de baremos del turno de guardia y de oficio.
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