El Parlamento reprueba a María Jesús Montero por el bloqueo de las entregas a cuenta

El Parlamento ha reprobado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Los votos de PP, Ciudadanos y Vox, los que otorgan la mayoría al Gobierno de Juanma Moreno, han sido más que suficientes para dar forma a la sexta reprobación de la historia del legislativo andaluz, séptima si se atiende al número de iniciativas aprobadas.

"Siento vergüenza de reprobar a una ministra andaluza", ha asegurado Sergio Romero, el diputado que ha defendido la proposición no de ley de Ciudadanos que sustenta la reprobación de la ministra. No hace tanto, el ahora portavoz naranja en la Cámara defendía las bondades de los pactos presupuestarios que su partido firmaba con el PSOE. Y con María Jesús Montero de consejera de Hacienda.

"Es la respuesta institucional a unas decisiones arbitrarias que sobrepasan los límites de la legalidad y que podrían poner en riesgo la estabilidad financiera de Andalucía". Así ha ilustrado Romero el conflicto que mantienen el Gobierno de la Junta y el estatal por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y que, según el Ejecutivo andaluz, supone que el Gobierno central tenga retenidos 1.350 millones de euros contabilizados en el apartado de ingresos del Presupuesto regional vigente.

Reprobación basada en el retraso de las entregas a cuenta

Ayer, miércoles, la propia Montero reveló que las entregas a cuenta acabarán pagándose en los próximos días en virtud a una nueva interpretación de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que asegura que los pagos de las entregas a cuenta no condicionarán al gobierno que salga de las urnas el 10-N y, además, a la "extrema necesidad" de algunas comunidades como Valencia y Murcia.

La ahora diputada socialista y ministra ha sido el objeto de las iras de Romero, que ha a acusado a Montero de "mentir" desde su marcha a Madrid. La primera vez cuando reconoció que no iba a poder reformar el sistema de financiación autonómica, tal y como la ministra exigía desde su despacho de consejera de Hacienda de la Junta.

Ha sido la diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto quien ha recordado a Romero que su partido se quedó aislado en el acuerdo parlamentario -pergeñado por la izquierda y apoyado por el PP- que solicitaba una mejora de la financiación para Andalucía cifrada en 4.000 millones de euros.

La intervención más disruptiva del debate ha sido la del parlamentario de Vox Manuel Gavira, que ha acusado a los partidos mayoritarios de defender un sistema autonómico "que rompe trozo a trozo la bandera de España". El diputado gaditano, que ha situado a su partido "fuera de ese sistema", ha citado algunas reprobaciones fallidas que se han debatido en el Parlamento, como la de Pedro Solbes o la de Manuel Chaves.

El diputado del PSOE Felipe López, que ha calificado la iniciativa de "charlotada parlamentaria", ha defendido el "orgullo" que supone para los socialistas el trabajo de Montero tanto en el Ministerio de Hacienda como en su etapa andaluza. López criticó además que ningún miembro del Gobierno andaluz atendiese a un debate que ha dividido levemente a los dos partidos del Ejecutivo, pues en el PP había quien era reacio a una reprobación de Montero.

Seis reprobaciones en tres décadas de Parlamento

La aprobación de esta iniciativa, con la abstención de Adelante Andalucía y la única negativa del PSOE, deja a Montero, diputada en el Hospital de las Cinco Llagas hasta hace poco más de un año, al mismo nivel que a Josep Antoni Duran y Lleida, el dirigente catalanista retirado que en 2011 se quejó de que los andaluces cobraban el PER "para pasar la mañana en el bar del pueblo".

También está en el catálogo de reprobados el ex diputado andaluz y alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo, por las ocupaciones de fincas realizadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en 2012. El más reciente de los casos es el del ex consejero de Justicia Emilio de Llera tras sus palabras sobre la independencia de los jueces.

La nómina la cierra José María Arenzana, quien fuera miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía designado por el PP, por amenazas a otro miembro del mencionado órgano de extracción parlamentaria en un incidente registrado en 2013. La primera de las reprobaciones registradas en el Parlamento regional data de 1990 y fue una respuesta a unas acciones violentas registradas en el espacio natural de Doñana.