El TSJA obliga a la Junta a pagar 165 millones de euros al promotor del Nevada

Granada/La paralización de las obras del centro comercial Nevada de Granada va camino de salirle muy cara a la Junta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó ayer que la Administración autonómica, "única responsable" de la paralización cautelar de los trabajos del edificio, tendrá que pagar una indemnización de 165 millones de euros a la promotora General de Galerías Comerciales en concepto de daño emergente y lucro cesante por los siete años y cuatro meses que la gran superficie perdió por un procedimiento judicial -el contencioso-administrativo- que finalmente resultó a su favor.

La compensación impuesta por el TSJA, que la Junta deberá pagar a la empresa de Tomás Olivo, supera los 157 millones fijados inicialmente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada. La sentencia, que sigue sin concederle a Olivo los 260,5 millones que reclamó en el recurso, sí considera que la valoración del juzgado granadino se quedaba corta, puesto que "imponía al perjudicado la situación de ganancia más baja de las posibles".

Siguiendo la media de ingresos de cuatro centros comerciales similares al Nevada -situados en Almería, Mataró, Marbella y Roquetas de Mar-, la sentencia determina que el lucro cesante durante los 88 meses que el centro pudo estar abierto de no haberse solicitado la medida cautelar asciende a casi 188 millones de euros. A esta cantidad, el TSJA le aplica una reducción del 17% atendiendo parcialmente el recurso de la Junta sobre la ausencia de valoración de los gastos.

Pero la cuenta no se queda ahí. La Junta también tendrá que abonar 959.832 euros en concepto de cuantía debida por stands; otros 5,7 millones de euros por la compensación económica que el centro tuvo que abonar a Leroy Merlin como consecuencia del incumplimiento del contrato, y otros 2.999.101 euros en concepto de daño emergente -el dinero que le costó a la empresa la paralización de las obras-. En total, 165.644.282,41 euros.

La sentencia, que la Junta recurrirá al Supremo por su "total desacuerdo", desmonta prácticamente todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno andaluz en su recurso. Para empezar, la sala del TSJA pone distancia entre el procedimiento penal y el contencioso-administrativo, asegurando que la Junta no puede escudarse en que Tomás Olivo fue condenado en firme en el proceso penal -lo que motivó la demolición de 1.457 metros cuadrados del centro- o en el hecho de que aquel juzgado también decretara la suspensión de las obras en 2007.

Además, rechaza el argumento de la Junta de que la "excesiva dilación" en la resolución del TSJA tuviera incidencia en el daño. La "anormal" duración del proceso -que comenzó en agosto de 2006 yu finalizó en abril de 2014-, no quita que la Administración tuviera en su mano "solicitar en cualquier cmomento la finalización de la medida cautelar".