Varios abogados defensores creen que la comisión "vulnera los derechos"

Sevilla/Varios defensores en la causa penal por los ERE falsos creen que la comisión parlamentaria de investigación está siendo un "disparate" que "desprecia" la investigación judicial y "atropella los derechos fundamentales de los imputados".

En declaraciones, los abogados de varios imputados han denunciado la vulneración de los derechos de los comparecientes a la intimidad, al honor y a guardar silencio, han criticado el "rosario de insultos y moralina" del que son objeto y han lamentado la falta de voluntad de los políticos por reconocer la posible parte de responsabilidad que tuvo el Parlamento en el sistema de ayudas. Las comisiones parlamentarias "deberían estar prohibidas por ley hasta que los tribunales de Justicia se pronuncien porque pueden afectar a derechos fundamentales de las personas", ha afirmado Javier Gimeno Puche, defensor de la dueña de la empresa ACYCO, quien ha añadido que "cada uno tiene su función dentro del poder en el que está y los políticos no pueden meterse a jueces, igual que los jueces no se pueden meter a hacer política".

El letrado Miguel Villegas, defensor de un abogado del bufete Villasís, critica el "disparate parlamentario teniendo en cuenta la existencia de la instrucción judicial, hacia la que todos y cada uno de los parlamentarios han mostrado un desprecio irresponsable" en unas intervenciones que sólo han revelado "su vanidosa personalidad". "Ha sido muy duro, decepcionante y preocupante comprobar el nulo respeto hacia la instrucción judicial, el trabajo de las defensas, y sobre todo hacia los derechos fundamentales de los imputados", ha añadido Villegas.

En el mismo sentido se ha pronunciado Manuel Pérez Cuajares, abogado del ex director de Trabajo Juan Márquez, quien ha manifestado que "no se puede admitir bajo ningún concepto que se reproche a un compareciente que se acoja a su derecho a no declarar, cuando es el primer derecho que le ofrece la propia comisión", pues de esta manera "se está penalizando el uso de un derecho y, lo que es peor, por quien lo está ofreciendo". Igual que sus compañeros, Pérez Cuajares cree "inconcebible" una comisión parlamentaria simultánea a una investigación penal, algo que no contempla casi ningún país europeo porque la declaración de los imputados en el parlamento "puede afectar de manera evidente a su derecho de defensa en el proceso judicial".

Fernando de Pablo, abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ha dicho que los parlamentarios se están centrando "en los aspectos más morbosos de la investigación judicial" y no reflejan un deseo de "sacar conclusiones que mejoren los procedimientos" sino que sus preguntas responden a un "interés mediático y de espectáculo" como se vio la semana pasada, cuando se suspendió la comisión para discutir la ubicación de las cámaras de televisión porque algunos grupos no estaban satisfechos con el encuadre que se daba de ellos. Juan Carlos Alférez, abogado de un jefe de servicio de la Consejería de Empleo, ha destacado que las declaraciones en la Comisión han revelado "aspectos técnicos y jurídicos que contrarían las tesis" de la juez Mercedes Alaya, pues según varios altos cargos "el tronco común del procedimiento investigado tenía cobertura por la Ley de Presupuestos" y "tanto la competencia de la dirección general de Trabajo como el mecanismo de la transferencia de financiación y los controles eran plenamente legales".

A su juicio, una vez demostrado que el procedimiento era legal "porque así lo quiso el Parlamento andaluz otorgándole validación presupuestaria durante diez años", algunos integrantes de la Comisión "no dudan en achacar las culpas a simples técnicos o cargos intermedios en lugar de asumir la parte de responsabilidad que los propios parlamentarios han tenido". Con ello "dan la impresión de que pretenden autoxonerarse en lugar de buscar soluciones que mejoren los procedimientos para el futuro", ha dicho Alférez, y ha añadido que "muchos juristas nos preguntamos qué pasaría si la investigación determina que el procedimiento criticado es exclusiva responsabilidad del poder legislativo y, en ese caso, si tendría capacidad jurídica, a través de la comisión, para declararse responsable".

También Fernando de Pablo cree que las primeras semanas de comparecencias han demostrado la legalidad del sistema y el hecho de que "todos han tenido, de una u otra manera, distintos grados de participación e interés en su continuidad". Borja Ortas, defensor de un "intruso" en los ERE recientemente fallecido, ha señalado que "la única forma de ir al fondo de la cuestión es a través del procedimiento judicial para depurar todo tipo de responsabilidades políticas y penales, así como de quien, teniendo conocimiento, no tomó medidas".