La muerte de una ecologista británica acaba imputando a un teniente coronel de Sevilla

La muerte en diciembre de 2017 de la conservacionista británica Wendy Clements, una activa defensora de Doñana, ha terminado con la imputación por presuntos delitos de abuso de autoridad del teniente coronel que poco después fue jefe del Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma IV) en la base sevillana de El Copero.

La investigación contra el mando militar se ha desencadenado porque el brigada que era pareja de la ecologista fue instado a suspender sus vacaciones reglamentarias para asistir a una reunión del Ejército de Tierra en la que tuvo que dejar su teléfono móvil en un cajetín y no pudo atender sus numerosas llamadas de auxilio.

El juzgado togado militar de Sevilla practicó las primeras investigaciones y se inhibió a favor del juzgado central de Madrid, dada la graduación del teniente coronel investigado, que declaró el pasado 13 de julio.

La escocesa Wendy Clements residía en España y se había convertido en una activa defensora del entorno de Doñana con iniciativas vinculadas a proyectos de recuperación del burro.

Su muerte ocurrió el 5 de diciembre de 2017, cuando estaba convaleciente de una caída y falleció de una embolia al encontrarse sola en su domicilio.

Su pareja, un suboficial del Ejército de Tierra, disfrutaba aquellos días de sus vacaciones reglamentarias para cuidarla pero fue instado desde su unidad a incorporarse a una reunión para preparar la participación del Ejército en la campaña navideña de Expo Joven en Sevilla.

Durante el encuentro todos los participantes debían dejar sus móviles en un cajetín, con la fatalidad de que el brigada no vio las numerosas llamadas de Wendy pidiendo ayuda, y al volver a su domicilio comprobó que su mujer había fallecido.

Una segunda pesadilla empezó entonces para él: cuando pidió, a través de su abogado, los documentos oficiales por los que le convocaron a la reunión del 5 de diciembre, el Cuartel General de la Fuerza Terrestre le respondió que no poseía tal información. Según el denunciante, lo hizo “intentando justificar que el acudir a la reunión fue por propia voluntad” del brigada.

A raíz de esa petición, el denunciante observó un “cambio radical de actitud” de algunos mandos hacia su persona, con conductas de acoso y persecución como revocarle una baja médica sin explicación convincente, la supuesta orden expresa del teniente coronel investigado que entonces dirigía el batallón de que no se le entregase ninguna documentación médica, la ausencia de complementos económicos en su sueldo y otras “situaciones ingratas” relativas al trabajo y a la autoestima profesional.

El teniente coronel declaró en calidad de denunciado por videoconferencia desde Sevilla el 13 de julio, según informan a este periódico fuentes del caso. Sobre lo ocurrido con ocasión de la muerte de Wendy no pudo declarar por no ser entonces el jefe de la unidad y sobre la negativa a entregar documentación médica aseguró que su orden consistió en no facilitar nada sin previa petición por escrito.

Sin embargo, el mando responsable de entregar esa documentación médica declaró como testigo y confirmó la denuncia del brigada, algo que -según dijo- era la primera vez que le había sucedido en su trayectoria profesional.

Los juzgados militares continúan la investigación por haber observado “indicios racionales de criminalidad” contra el teniente coronel, aunque sin abordar aún el fallecimiento de Wendy Clements.

Según los conservacionistas, Wendy fue una entusiasta defensora de Doñana sin caer en la búsqueda de culpabilidades sino ofreciendo “ideas positivas y colaboración” con entidades oficiales y otros colectivos ecologistas. Uno de sus proyectos de mayor impacto internacional fue la recuperación del burro y su utilización para desbrozar el entorno del parque nacional.