Acuerdo por Doñana: El objetivo es salvar el acuífero

El Acuerdo por Doñana que se firmó entre Junta y Gobierno hace poco más de un año, empieza a tener sus consecuencias. En un principio se trata del cumplimiento de los objetivos económicos. Ya se hizo con los 14 ayuntamientos a los que vincula el pacto, con los que el pasado mes de mayo se suscribieron unas ayudas que llegan a los 70 millones de euros. No obstante, el mayor avance llegó con motivo de la visita de la vicepresidenta tercera a las autoridades vinculadas al pacto. Sara Aagesen anunció la publicación de dos órdenes. La primera estaba destinada a financiar proyectos de agricultura y ganadería sostenible en el entorno de Doñana y estaba dotada con 11,5 millones de euros. La segunda, la más significativa, destinaba 28 millones de euros al abandono de cultivos. Da para 400 hectáreas (a 70.000 euros cada una), pero habrá más.

El objetivo principal es tratar de que los agricultores sin derechos de riego y que pinchan directamente a un acuífero agotado, dejen de hacerlo.

Junto a éste, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) hizo público el Marco de Actuaciones para Doñana. Consultado por este periódico, contempla 17 medidas que llegan hasta los 356 millones de euros para poner encima de la mesa hasta el año 2027. Estas medidas van desde el cierre de pozos, la recuperación de los cauces, la actuación en zonas determinadas del entorno del Parque Nacional y las mejoras en los sistemas de saneamiento.

Todas ellas, parten de un hecho incontestable, “el deterioro de amplias zonas del territorio de Doñana que se debe a la actuación humana en su entorno”. Los descensos en los caudales de los arroyos que nutren el acuífero, han propiciado que “tres de las cinco masas de agua subterránea (La Rocina,Almonte y Marismas) se han clasificado como en mal estado” y “en riesgo de no alcanzar el buen estado”. También se constata que “las lagunas de Charco del Toro, Zahillo y Taraje, han pasado de recibir agua del acuífero a perderla para recargarlo”. Sobre el núcleo turístico de Matalascañas, a pesar de que su influencia sobre el acuífero en cantidad no es tan significativa, sí lo es por el momento en el que se produce, esto es, durante un verano en el que los niveles se encuentran en sus niveles mínimos. Todos estos efectos se han visto agravados por el cambio climático, con temperaturas más altas y veranos más largos.

Por lo tanto, se pretende la “recuperación de la hidrología superficial” y se señala uno de los planes más ambiciosos para que surtan efecto a corto plazo. El más trascendente de todos ellos, es la reconexión de la marisma con el río Guadiamar.

Desde 2016 se han puesto en marcha en el entorno un total de nueve campañas de teledetección que han permitido identificar una media de 1.013 hectáreas de invernaderos situadas fuera de la zona de Suelo Agrícola Regable del Plan de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa que ahora el Consejo de Participación ha llamado a renovar. La última actualización de este plan de vigilancia y control realizada el pasado mes de febrero, se cifraron en 217 el número de pozos ilegales clausurados.Se han precintado, mediante medidas cautelares, 43 pozos y se han cerrado por sustitución por aguas superficiales otros 450.

El descenso de los niveles piezométricos (límite entre la capa freática y la zona vadosa en un acuífero) en los límites oeste delparque en las zonas próximas al norte del Rocío y al Sur de Villamanrique de la Condesa, “provoca desde la disminución de caudales hasta la desconexión de la masa de agua subterráneas con los ecosistemas”. La batería de pozos para el abastecimiento de Matalascañas “afecta al extremo oeste del Complejo Lagunar de Lagunas Peridunares”. Por ello, la disminución de la presión sobre las aguas subterráneas, se antoja como fundamental.

En las masas de agua de La Rocina y Almonte se producen “preocupantes conos de depresión piezométrica”, por lo que el Miteco considera que “la recuperación de concesiones, reutilización de aguas depuradas e incluso la aplicación de los trasvases intercuencas”, se apuntan como posibles soluciones. El plan prevé sustituir hasta 26.8 hectómetros cúbicos de esas lagunas, incluso haciendo un llamamiento a la transferencia de los 19,99 hectómetros del Tinto-Odiel-Piedras, pedidos pero todavía no ejecutados.

Esta necesidad de restablecer los niveles de agua del acuífero, lleva a poner sobre la mesa uno de los asuntos más espinosos: “la adquisición de terrenos con derechos de riego en los que se sustituirán aguas subterráneas por superficiales destinadas al abastecimiento urbano de los municipios de la comarca del Condado”.De hecho se han recuperado ya 6,8 hectómetros gracias a la compra de la finca Los Mimbrales, otros 3,1 en el abastecimiento urbano y 4,6 con clausura de pozos.

El embalse del Agrio es la única infraestructura existente en la cuenca del Guadiamar.Con las alternativas que se manejan en la zona, se podrían sustituir 8 hectómetros cúbicos de extracciones y recuperar zonas de alto valor ecológico como el llamado Ecotono Norte, perdidas desde hace varias décadas. En este caso, se estudia la reutilización de aguas depuradas.

Otro asunto especialmente sensible es el del núcleo de Matalascañas. Se propone por parte del Miteco “la clausura de los dos sondeos existentes en el extremo oriental por otros dos en el punto más occidental, para así favorecer la recuperación del sistema de lagunas”.En una segunda fase, se renovará la arteria principal de abastecimiento; dada la antigüedad de la red de distribución, “se producen numerosas roturas que originan cuantiosas pérdidas”. También se abordará la transferencia desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Tinto, una solución “técnicamente sencilla que precisa una conducción de 25 kilómetros de longitud paralela a la carretera y autorizar el preceptivo trasvase para llevarla a efecto”. Junto con la estación de Depuración de Aguas residuales que se proyecta en Matalascañas, se planteará también la “reutilización total del efluente que se empleará en el riego de zonas verdes y para el campo de golf”. Estas dos líneas de actuación supondrán la movilización de más de 21 millones y medio de euros.

La denominada línea 3 es la que, junto con las medidas de saneamiento y depuración, tiene un presupuesto más elevado. En ellas se contempla la reorganización del flujo subterráneo de la línea que une Villamanrique de la Condesa con el Rocío y la desembocadura del Arroyo de La Rocina que ha motivado que la relación con el acuífero se invierta”, de aportar a recibir. Se analiza de la misma manera, “un nuevo estudio de alternativas que precise y defina las actuaciones para la reconexión de la marisma a través del CañoGuadiamar con su cuenca natural y que se beneficiará de las avenidas invernales”.

Uno de los puntos de actuación es el arroyo El Partido, uno de los afluentes de La Rocina. En este lugar se favorecería la restauración hidrogeomorfológica y naturalización del tramo final de su cauce para favorecer la recarga del acuífero, un proyecto que supondrá la inversión de 1,7 millones de euros hasta 2027. Asimismo, se detiene en la mejora de la continuidad longitudinal del arroyo Majalberraque a lo largo de más de 23 kilómetros, último de los afluentes del Guadiamar ante de llegar a las marismas del Guadalquivir. En parecidos términos se actuará en la eliminación de captaciones y obstáculos en el arroyo la Cañada.

Una de las zonas visitadas por la ministra Aagesen, fue la finca de Las Marismillas. Allí se han llevado a cabo una mejora completa de sus hábitats con la repoblación de conejo de monte y otras especies; creación de fajas cortafuegos y aclareo de masa arbórea para prevenir incendios; recuperación del hábitat del enebro costero y de canizañes enJuncalbejo y El Chujarro. En este mismo capítulo se plantean la estabilización de la zona denominada Quintanilla-el Capitán del Brazo del Este, así como la restauración de las marismas de la Algaida, ya en la provincia de Cádiz.

Como queda dicho, el capítulo que se lleva mayor cantidad de presupuesto corresponde a la mejora de saneamiento y depuración en el entorno de Doñana. De los 356 millones de euros previstos en todos los proyectos, 168,4 corresponde al apartado más ambicioso de todos. Las actuaciones, además de la referida nueva depuradora de Matalascañas (causante de buena parte de las multas impuestas por la UE por no tratar las aguas residuales urbanas en los últimos años), la de tratamiento de Sevilla, la de Isla Mayor, Gerena, Lucena del Puerto, Guillena, Burguillos, Escacena del Campo, Mazagón ySanlúcar de Barrameda. Además de cumplir la legislación vigente, se trataría de “mejorarla calidad del agua que circula por ríos y arroyos y llega al Parque Nacional, tanto en la Marisma como en el frente litoral y poder utilizarla así para el regadío en sustitución de las aguas subterráneas”.

A estos desarrollos hay que añadir los 3,5 millones para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; los 3,8 para la mejora del conocimiento de procesos y monitorización del sistema hidrológico o una pequeña partida para la información pública de los avances logrados. Se trataría, tal y como señaló en este mismo periódico una de las voces más autorizadas en el conocimiento del Parque Nacional, JuanjoCarmona de WWF de que ante la desecación por tercer año consecutivo de la Laguna de Santa Olalla (algo que no había sucedido nunca) “no convirtamos en normal algo que es extraordinario”.

Los 14 municipios ejecutan el 34% de los 70 millones

Vino a “escuchar a todos los alcaldes de los municipios afectados por el Acuerdo por Doñana” y así lo hizo. En su primera visita como responsable del Ministerio de Transición Ecológica, Sara Aagesen departió con los responsables de cada uno de ellos en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Los pueblos que abarca el Acuerdo recibieron un total de 70 millones de euros para comenzar con los proyectos de cara a realizar proyectos que ayuden a la revitalización económica y medioambiental de la zona.A pesar de que Hinojos y, sobre todo, Almonte, se opusieron al reparto, una vez conocido el detalle de los planes de Junta y Gobierno, parece que las divergencias quedaron atrás.

Según pudo contratar este periódico, del montante global de 70 millones de euros, cuando se han cumplido apenas seis meses desde su firma (por parte de Teresa Ribera en el mes de mayo), el 34,4% de esa cantidad, se encuentra ya en marcha. Sobresalen las localidades de Palos en Huelva y Pilas en Sevilla; ambas recibieron 4,1 millones de euros cada una de ellas. La localidad onubense ha destinado poco más de 3,5 millones en un proyecto de edificación sostenible destinada a actividades de emprendimiento y formacion vinculadas al sector de la naturaleza, agrícola y turístico; el municipio sevillano tiene comprometidos más de 3,7 millones en la peatonalizacion de distintas plazas.

También destacan las inversiones llevadas a cabo por Villamanrrique de la Condesa, Moguer, Isla Mayor y la Puebla del Río, con cantidades comprometidas por encima de los dos millones de euros en distintos corredores verdes y de restauración de su patrimonio hídrico. Por encima del millón de euros se encuentran las localidades de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Rociana del Condado e Hinojos en la provincia de Huelva. Sanlúcar de Barrameda en Cádiz sobrepasa los 800.000 euros, mientras que Bollullos Par del Condado y Alnalcázar apenas han destinado 225.000 y 301.500 respectivamente de los 4,1 millones que recibieron cada una de ellas. En total, de los 70 millones de euros iniciales, se han movilizado ya más de 24.