Los otros algarrobicos de la costa de Andalucía

La mole que sigue adornando la playa de la localidad de Carboneras en la costa de Almería, se ha convertido, amén de un símbolo, en un sinónimo de urbanismo salvaje y desmedido, de algo que destroza el paisaje y que desafía a cualquier propuesta para fomentar el crecimiento económico de un lugar. Ha habido varios casos en los que se ha estado a punto de repetir la historia en Andalucía. Curiosamente al menos dos de ellos tienen como objetivo la playa de Los Genoveses, un enclave en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar que hace unos años vivió un episodio que fue atajado por la entonces ministra Cristina Narbona. Ahora, los colectivos ecologistas anuncian una batalla legal contra otro intento de convertir un cortijo en un establecimiento de una treintena de habitaciones. La demolición del hotel Atlanterra hace más de veinte años debería haber enterrado las ideas de urbanizar la costa de Cádiz aunque a tenor de los proyectos en Valdevaqueros, parece que se reactivan. La costa de Málaga, suficientemente invadida por el cemento, también ha sido, es y será objetivo de movimientos especulativos que olvidan la conservación del entorno y que buscan la rentabilidad del pelotazo económico a toda costa.

El primero de los casos hunde sus raíces hace más de 40 años. En 1984 comenzó a edificarse un edificio en la Punta del Castillo de San José, en pleno Cabo de Gata. El lugar elegido era un acantilado con vistas a la bahía de los Genoveses. El Ayuntamiento de Níjar concedió una licencia a pesar de que el inmueble invadía las servidumbres de tránsito y protección que determinaba la Ley de Costas. Diez años después, en 1994, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaraba nula la licencia y nueve años después. El 11 de noviembre de 2005, el Ayuntamiento nijareño, la Junta y el Gobierno firmaron un acuerdo para su demolición.

El coste del derribo de este edificio y de la edificación del mirador que se emplaza donde iba a estar en pie, fue según el informe de la organización ecologista Greenpeace de 800.000 euros, (muy lejos de los 7 millones que se manejan ahora. La indemnización a los promotores no llegó al medio millón de euros. El enclave lleva el nombre de Josefina Huertas, presidenta de la Asociación Mar y Sol que llegó incluso a protagonizar una huelga de hambre para pedir su demolición. Como dato curioso se señala que el dinero debía de salir del patrimonio de los concejales que votaron a favor de la licencia. Se solventó cuando el Ayuntamiento acordó la compra del edificio por una cantidad similar a esa indemnización. No fue fácil, ya que requirió de innumerables peticiones, cartas y denuncias en juzgados por un periodo de más de veinte años. Es demasiado tentador para no encontrar un calco con lo que sucedería unos años después apenas a 50 kilómetros en un una playa de Carboneras.

Más espectacular fue la demolición del hotel Atlanterra en Zahara de los Atunes. Sus nueve plantas desaparecieron en cinco segundos. Lo que duró la detonación que tuvo lugar en 2002. En aquella fecha, fue quien entonces era ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, a quien le correspondió el honor de apretar el botón. El edificio fue levantado en los años 70 por una empresa alemana. La Ley de Costas de 1988, lo situó en el dominio público marítimo terrestre. El coste del derribo fue de 1,6 millones de euros.

A comienzos de siglo, en concreto entre 2004 y 2006, se aplicó la Ley de Costas en nueve ocasiones que derivaron en otras tantas actuaciones de demolición tanto de edificios como de chiringuitos, e incluso un invernadero levantado en a localidad granadina de Albuñol. Los chiringuitos se localizaron en Nerja, Fuengirola, Estepona, Marbella; también se tiró abajo un pub en La Rábita, una venta en Torregorda en la provincia de Cádiz y un cerramiento ilegal en Torrenueva. No aprendimos la lección. Cualquiera que se pasee por alguno de esos lugares, comprobará que de poco sirvieron las intenciones de preservar la costa de las intenciones inmobiliarias.

Greenpeace en su último informe se detiene en las zonas del Faro de Trafalgar y de Tarifa en la provincia de Cádiz. Son dos lugares que acumulan un rosario de proyectos. En el primero de ellos, un restaurante y un centro de interpretación bendecido por todas las administraciones; el segundo ve año tras año como las playas de Valdevaqueros y Los Lances resisten (hasta ahora) a amenazas constantes sobre una zona sobre la que hay suficiente jurisprudencia del Supremo y del Constitucional para su preservación. Sobre Marbella sobrevuelan tres proyectos que han ido de despacho en despacho porque nadie, incluso en un lugar donde el cemento sobra, quiere dar su visto bueno definitivo. Entre ellos uno de cinco estrellas con dos edificios; otro con más de 300 villas y el último que añadiría mil viviendas, un lago con playa y un campo de golf; el número 13 de la localidad de Mijas se incluye en otro de sus proyectos al límite de una zona de especial conservación.

La última es para nota. En Rodalquilar, un cortijo pretende ser reformado en un hotel con 30 habitaciones y 70 plazas de aparcamiento en un paraje casi virgen. La respuesta ha sido unánime de todos los colectivos ecologistas y asociaciones vecinales que incluso han llegado a recaudar fondos para una batalla legal que, vistos los antecedentes, se augura larga y compleja. La respuesta está en el TSJA (de nuevo) que deberá decidir sobre la petición de paralizar el proyecto. La Junta y el Ayuntamiento de Níjar (de nuevo, otra vez) han dado su visto bueno a un establecimiento que según Greenpeace, incumple el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Cabo de Gata al encontrarse en una zona en la que sólo se permiten los cultivos agrícolas tradicionales, forestales, cinegéticas y de educación ambiental.

A pesar del tiempo transcurrido, de las dificultades de todo tipo a las que se enfrenta su demolición, a la batalla política, a los intereses económicos, el ejemplo del Algarrobico sigue planeando sobre demasiados proyectos que deberían, hace tiempo, haber aprendido la lección. Sobre todo la que deriva de una actitud social que ha cambiado. Ayer, el beneficio económico y de empleo era demasiado sustancioso; hoy las tornas se abrazan a la protección de un entorno al que no podemos renunciar.