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Andalucía acogerá un nuevo grupo de niños migrantes con los centros llenos

El Gobierno va a repartir 4.400 menores entre las comunidades en medio de otra tormenta política y sin que todavía se conozcan los datos definitivos

Los servicios sociales de la Junta de Andalucía atendieron el año pasado 2.606 menores, un 17% más que en 2023

"Los menores migrantes son moneda de cambio"

Un grupo de inmigrantes al ser atendidos por los miembros de la Cruz Roja en la isla del Hierro / Europa Press

El reparto de los niños migrantes que llegan solos hasta las costas españolas entre las comunidades autónomas vuelve a estar en el centro de la polémica. Porque se repite la misma situación que ya se vivió en el verano de 2024 cuando 400 menores se distribuyeron entre las diferentes comunidades en una bronca política que supuso la ruptura de Vox con los gobiernos del PP en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. Ahora, el problema es mayor puesto que hasta 4.400 niños migrantes están acogidos en Canarias y Ceuta, desbordando los servicios de atención.

Al margen del número concreto de estos menores, el problema sigue sin resolverse: los niños migrantes van llegando hasta Canarias y Ceuta, y también hasta Andalucía en las pateras, y cuando se llega a una situación límite, se inicia la distribución por las diferentes comunidades.

Y ahí empiezan las tensiones como la que se está viviendo en estos días. El Ministerio de Infancia y Juventud ha anunciado que va a aplicar los mismos criterios de reparto que las autonomías pactaron en la Conferencia Sectorial de 2022: población, renta per cápita, tasa de paro, dispersión de la población, así como el esfuerzo que ha hecho cada comunidad en la distribución de los años anteriores. Un reparto que debe establecerse en un Real Decreto que tiene que aprobar las Cortes Generales. Feijóo ya ha anunciado que el PP votará en contra y las críticas y el recelo de los gobiernos populares se suceden. El PP de Canarias, que gobierna la comunidad autónoma en coalición se ha mostrado a favor de este nuevo reparto, mientras que desde Andalucía, la consejera de Igualdad, Loles López critica el “auténtico caos” que es la política migratoria del Ejecutivo central, una “política desalmada e inhumana” porque, según dijo este viernes, “van a excluir a Cataluña y País Vasco”. “Los niños son meras mercancías baratas para el Gobierno de España”.

Desde Canarias, el presidente Clavijo desmentía estas sospechas: “No están fuera ni Cataluña ni el País Vasco; o se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo”. Claro que el secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguraba que “Cataluña no puede formar parte del café para todos” en la gestión de la inmigración.

Opacidad

Al margen de las polémicas políticas, una de las principales dificultades de este asunto es la opacidad en las cifras. El Ministerio de Infancia y Juventud no desvela los datos de acogimiento que tienen las diferentes comunidades autónomas y los gobiernos territoriales también son reacios a dar mucha información; hay que tener en cuenta que se trata de menores, de niños vulnerables a los que las administraciones tienen el deber de proteger.

Sin embargo, hay cifras objetivas. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, Andalucía acogió durante 2024 a un total de 2.606 menores migrantes, lo que supone un 17% más que en el año precedente y ello cuando la comunidad cuenta con 645 plazas específicas destinadas a atender a los niños migrantes, muchos de los cuales necesitan, además, unos tratamientos y cuidados especiales no sólo porque no conocen el idioma sino por los problemas de salud que tienen tras las visicitudes que han vivido.

Hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno andaluz denuncia que Andalucía ha acogido a 567 menores migrantes que llegaron a la comunidad trasladados como adultos, una cifra que no reconoce el Ejecutivo central ya que según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en esta situación están 90 menores que llegaron con apariencia de adultos. El Gobierno andaluz ha dado el primer paso para llevar a los tribunales al Estado, con el fin de que abone los 17 millones de euros que supone el gasto de mantenimiento de estos niños.

La situación actual en Andalucía es, por lo tanto de lleno total de los centros de acogida si bien la situación actual dista mucho de la crisis que se vivió en 2018. En aquel año, las costas andaluzas vivieron una grave crisis migratoria y la Junta tuvo que atender a 7.783 menores migrantes en su red de acogida, un 135% más que en el año anterior cuando también se batieron todos los registros. Andalucía no encontró solidaridad entonces.

Plazas totales

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno elaboró la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 que reservaba 645 plazas para atender exclusivamente a los niños migrantes que llegan solos, tratando de ofrecerles una atención más adecuada a sus necesidades especiales.

Pero la Junta no hace distinción entre los menores, “los niños son niños independientemente de la melanina que tengan”, decía Loles López el pasado martes. En total, el sistema de protección de menores andaluz cuenta con 5.860 niños tutelados, algunos en residencias, otros en centros, otros en familias de acogida o en proceso de adopción. El Ministerio de Infancia desveló este viernes que Cataluña tiene más de 4.000 plazas creadas, el 24%, mientras que Madrid cuenta con 1.900, lo que supone el 10%. El País Vasco, por su parte, dispone de 1.500 plazas, 500 para inmigrantes.

También es una cuestión de dinero: 150 euros al día

La polémica política por quién se hace cargo de los niños migrantes lleva aparejada también un problema económico. Según está establecido, el coste del mantenimiento de un menor es de 150 euros al día, una cantidad que abona el Estado a las comunidades autónomas que acogen a estos niños. Así, en el reparto de los diferentes contingentes de menores migrantes, el Ministerio de Infancia y Juventud envía los fondos correspondientes al número de menores que envía a cada territorio. Pero también haay que tener en cuenta que cuando una comunidad acoge a uno de estos menores se hace cargo también de su tutela legal, con todo lo que eso supone. Sobre todo de cara a su mayoría de edad. Andalucía tiene un programa de atención y acompañamiento para los jóvenes extutelados con el fin de no dejarlos desamparados cuando cumplen 18 años.

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