Un armario acorazado custodia las actas lacradas de los ERE

Las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía de 2001 a 2010 están desde ayer bajo custodia de la juez que investiga el caso de los ERE, tras el auto del pasado lunes en el que le reclamaba estas actas como medida cautelar hasta que el Tribunal Supremo decida si son o no secretas. La Junta se mostró ayer "muy satisfecha" del dispositivo habilitado, que consta un armario acorazado en el que se depositaron las actas y de la vigilancia permanente de la Guardia Civil con cámaras de seguridad.

La insólita ceremonia la presenciaron el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, el comandante de la Guardia Civil encargado de la vigilancia de los edificios judiciales sevillanos y la juez instructora, Mercedes Alaya.

Las 480 actas se guardarán en 11 sobres lacrados, a la espera de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, órgano adscrito al Tribunal Supremo, decida sobre el conflicto abierto entre la juez y la Junta, que tras un aviso de delito de desobediencia, accedió a entregar las actas bajo la fórmula acordada.

El Supremo podría tardar entre dos o tres meses en resolver si tiene razón la Junta o la juez.

El objetivo de la Junta respecto al traslado de las actas era reforzar la seguridad de los juzgados con medidas especiales, ya que "entendemos que estos documentos, de máxima importancia, deben tener la máxima seguridad", según las fuentes consultadas.

La juez Alaya quiere conocer si los Consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes irregulares.

En su investigación interna, la Consejería de Empleo detectó 183 irregularidades, de las que 111 define como "discordancias administrativas" y 72 intrusos o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas.

La juez, por otra parte, ha pedido a la Junta un funcionario de refuerzo que apoye la tramitación de los tres sumarios de gran volumen que investiga: los ERE de la Junta, los cuatro sumarios en que se encuentra desgajado el caso Mercasevilla y la investigación sobre el delito societario del ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.

Dicha petición fue entregada el pasado 31 de marzo a la Delegación de la Consejería de Justicia en Sevilla y aún no ha recibido respuesta, según indicaron a Efe fuentes del caso.

Alaya ya fue eximida la semana pasada por la Junta de Jueces de Sevilla del reparto de nuevos asuntos penales durante seis meses, dado el volumen de los que ya tramita.