Cesan a cinco de los ocho altos interventores de la Junta de Andalucía

El conflicto abierto que tienen los interventores de la Junta de Andalucía se ha agudizado. El nuevo interventor general de la administración, Miguel Ángel Figueroa Teva, ha cesado a cinco de los ocho altos altos con funciones de dirección que tiene a su cargo. Según ha podido saber este diario, el pasado jueves Figueroa firmó el cese del director de División de Fiscalización, del director de División de Auxilio Judicial, de la directora de División de Control Financiero Permanente y Supervisión continua I, del director de Fondos Europeos y Subvenciones y del director de División de Coordinación a quien ha cambiado de puesto. A estos se suma el director de la División de control financiero permanente y supervisión continua II que ha dejado su puesto por su propia iniciativa, ya que había avisado con anterioridad que quería dejar este puesto.

El Consejo de Gobierno designó a Miguel Ángel Figueroa como interventor general de la Junta el 8 de enero en sustitución de María Antonia González Pavón, quien llevaba dos años en el cargo e, inmediatamente, ha tomado las primeras decisiones en su tarea de fiscalizar las cuentas de la Junta de Andalucía.

El cese de estos altos cargos, todos nivel 30 de la administración autonómica, es decir el más alto en el rango jerárquico y retributivo de la Junta de Andalucía, responde a una crisis abierta en un servicio clave, ya que es el que controla todo el gasto público andaluz y quien realiza informes vinculantes y de calado para todas las consejerías. Fuentes de la intervención explican a este diario que estas salidas han generado un mal ambiente entre los interventores, puesto que la mayoría de los cesados, "se han integrado en el nuevo cuerpo de interventores y llevan más de doce años de ejercicio profesional". En este sentido entienden que está "en riesgo" la independencia de la Intervención General de la Junta, "porque todos los que cesan son los mejores en su materia".

Desde el Gobierno andaluz, sin embargo, entienden que se trata de los ajustes propios de una nueva dirección en la Intervención General que ahora está haciendo "su equipo" para fiscalizar las cuentas de la Junta, una práctica que ha sido habitual también en otros tiempos. Los interventores cesados eran todos jefes de división, lo que significa que tenían a su cargo entre cuatro y ocho interventores, estos ya con el siguiente nivel jerárquico en la admnistración andaluza, nivel 28.

Según entiende el Gobierno andaluz, "todos los cambios obedecen a una reestructuración organizativa de la intervención y a una necesidad de renovar equipos", y explican que entre 2014 y 2024 se produjeron 473 cambios, (entre 70 y 80 de media cada año) sólo en los puestos organizativos de máximo nivel (28 y 30).

Quejas retributivas

Claro que estos cambios se producen en el marco de una crisis entre los interventores y el Gobierno andaluz por dos motivos. El Consejo de Gobierno ha cesado a la interventora general tras dos años en el cargo y tras haber firmado los informes de actuación sobre los contratos de emergencia del SAS alertando de un "abuso" en este tipo de contrataciones. Un cese que ha venido motivado, sobre todo, por una tensa negociación por las mejoras retributivas del cuerpo de los interventores de la Junta tras la aprobación de la Ley que los regula, en un conflicto que no se ha resuelto.

Desde el Gobierno andaluz insisten en que "ninguno de los interventores que han cesado tienen ninguna responsabilidad ni competencia en relación con los informes emitidos por la Intervención Central del SAS". Es más, en la Intervención General del SAS "no se ha producido ningún cambio".

Los interventores entienden que no se están cumpliendo los compromisos retributivos y de mejoras en sus puestos de trabajo que esta norma recogía (y que se ha desarrollado en un reglamento de funcionamiento), mientras que la Consejera de Hacienda explicaba en rueda de prensa que hay negociaciones abiertas y confiaba en que se llegará a un acuerdo "con diálogo y entendimiento".

Reacciones políticas

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha manifestado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "está purgando la Intervención General de la Junta de Andalucía y parece dispuesto a laminar a todo funcionario que emita informes críticos con su gestión". A su juicio, los nuevos "ceses, con competencias muy sensibles, también son un mensaje del PP a los altos funcionarios de la Junta": "Quien no esté dispuesto a afirmar que los burros vuelan, durará poco en su cargo".

Inma Nieto entiende que se busca "enviar un mensaje intimidatorio a los altos funcionarios de la Junta". "Esta es la transparencia y el respeto a la profesionalidad y a la independencia del personal técnico de la Junta de Andalucía que tiene Moreno Bonilla y su Gobierno". Inma Nieto ha mostrado su preocupación por el "ataque a la independencia de los órganos de control interno" que, a su juicio, se está produciendo por parte del Ejecutivo andaluz.