Las cesiones del Gobierno a País Vasco y Cataluña marcan la agenda andaluza

El control de los grupos del Parlamento andaluz al presidente de la Junta de Andalucía y a sus consejeros está completamente contaminado por las últimas cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts y al País Vasco. Para ser más precisos, con los anuncios que hace Junts de las cesiones del Gobierno central. Desde el Ejecutivo andaluz entienden que todo es una estrategia para “desmontar el Estado” por parte de los independentistas y a la que Sánchez está poniendo alfombra roja.

Desde el PSOE andaluz, por el contrario, apoyan la quita de la deuda, consideran que puede ser una oportunidad para ampliar las competencias autonómicas de Andalucía...aunque incomoda gravemente el traspaso de las políticas de inmigración, sobre todo por las declaraciones de Junts al respecto del “grado de catalanidad” que tienen que tener los residentes en Cataluña, entre los que se encuentran 480.000 andaluces.

La portavoz del PSOE, María Márquez, enfrentaba su primer cara a cara con Juanma Moreno en la Cámara andaluza debatiendo sobre igualdad. “Desde que el PP gobierna en Andalucía, se ha recortado en política de igualdad y de violencia de género diez millones de euros”, o que la Junta “sólo ayuda al 2,8%, a 66 de las 2.277 asociaciones de mujeres” y “feministas” de Andalucía.

Desde Por Andalucía, Inma Nieto afeaba a Moreno el “no cumplir” un “estándar ético”, con la imputación de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud o la de dos cargos del PP de Sevilla, mientras que desde Adelante Andalucía insistían en la precariedad de las Enfermeras de Andalucía, (que estaban manifestándose en las puertas del Parlamento) con una altísima temporalidad.

Pero todos los debates terminaban igual, con las cesiones que el Gobierno central está firmando con los partidos independentistas, “un agravio cansino ya” en palabras de Juanma Moreno. El presidente andaluz no dejaba pasar la oportunidad: “Si el acuerdo que han firmado con Junts lo llega a firmar el PP, ¿qué estarían ustedes diciendo ahora?” se preguntaba de forma irónica durante su debate con el portavoz del PP, Toni Martín. “¿Hasta dónde van a llegar? A este paso, Sánchez va a firmar un pacto con Vox y dirá que es un acuerdo progresista, que se han sumado al bloque progresista”, decía entre las risas en la bancada del PP y la negativa de la de Vox, mientras en el PSOE guardaban silencio. “¿le parece progresista cederle las competencias de migración a partidos políticos que quieren identificar y expulsar, no sé si de Cataluña, a aquellos que no hablan catalán?”, preguntaba a María Márquez.

Si había nervios en el PP por la irrupción de María Jesús Montero en el panorama político andaluz, a medida que pasan los días y el Gobierno central sigue firmando acuerdos con los independentistas de Junts como la cesión de competencias en inmigración, la sensación de seguridad se va incrementando. Sobre todo porque consideran que estas cesiones, y las declaraciones de Junts asegurando que expulsarán de Cataluña a todos los que no hablen catalán, es un mensaje que no sólo no se entiende en Andalucía sino que, además, genera rechazo.

Eso además de las concesiones al País Vasco sobre la Agencia de Meteorología, “¿para qué lo quieren? es un pulso nada más; a nosotros nos ayudan”, decía un miembro del Gobierno andaluz

La política, además, se hacía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Parlamento, con los miembros de Jupol y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la tribuna de invitados, aprobaba la declarción de Zona de Especial Singularidad para Cádiz, más medios para el narcotráfico y la vuelta del operativo Ocón, de lucha contra el narcotráfico.