Una comisión inédita en el Parlamento por los sobresueldos del PP de Sevilla

El próximo miércoles se va a reunir, por primera vez en su historia, la Comisión de seguimiento y control de la financiación de los partidos políticos del Parlamento de Andalucía. Lo han pedido dos grupos en la Cámara andaluza, el PSOE y Adelante Andalucía, porque es el camino que han encontrado para que los sobresueldos e irregularidades del PP de Sevilla en los años 2011-2015 desvelados por este diario consten por escrito en un órgano legislativo.

La reunión del miércoles 12 de marzo, que por el momento no tiene hora de celebración, será sólo de la mesa de este órgano con el objetivo de “organizar los trabajos de la comisión”. Eso, en el supuesto de que los haya porque habrá que votarlo y está por ver lo que deciden los diputados populares en este órgano. Porque lo que pretenden los grupos de la oposición con la convocatoria de esta comisión, que preside la diputada socialista Pilar Navarro, es forzar al PP andaluz a posicionarse sobre un asunto mucho más que incómodo, como la contabilidad B del PP de Sevilla que ha salido publicada.

Jamás se ha reunido

Existe desde el año 2008 cuando los casos de corrupción política estaban en su punto más álgido. Entonces, los periódicos publicaban noticias casi diarias de las tramas de corrupción en los ayuntamientos de la Costa del Sol gobernadas por el GIL, el caso ERE estaba en todo su apogeo y por todos los rincones saltaban escándalos. El Parlamento andaluz, tratando de cerrar una vía de agua en la actividad política, la creó en sus comisiones no legislativas con el rimbombante nombre de Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos del Parlamento de Andalucía.

Desde ese año, la comisión se constituye formalmente en cada inicio de legislatura. Se designan a los diputados que la conforman, a los responsables de la mesa de la misma... y sólo se ha convocado cuando algún diputado ha salido de la misma por cualquier motivo. Hasta ahora.

Ardid parlamentario

Los grupos que auspician esta convocatoria han tenido mucho cuidado en la redacción de su iniciativa para sortear los mecanismos legales. En los escritos, idénticos, que han presentado el PSOE y Adelante Andalucía -los demás grupos no se han querido sumar- solicitan la convocatoria de la comisión “con el fin de analizar la situación actual de los partidos políticos y plantear soluciones que aumenten la transparencia de la misma y eviten la desviación de fondos públicos”.

Y todo ello “habida cuenta del debate abierto sobre la legalidad del uso indebido de subvenciones recibidas por un partido político con representación parlamentaria”.

La realidad es que las irregularidades del PP de Sevilla no afectan al grupo parlamentario. Ni ha salido dinero de la Cámara Andaluza ni es responsabilidad del Parlamento controlar a los partidos.

La Intervención del Parlamento fiscaliza el dinero que entrega a los grupos para su funcionamiento cada año y fruto de ello, en esta legislatura Vox ha tenido que devolver 800.000 euros de su asignación por no estar debidamente acreditados. Eran fondos de 2022 que auditaron en 2023, el año de su reintegro. Lo mismo sucedió con Adelante Andalucía que ha devuelto a las arcas del Parlamento un total de mil euros que se gastaron en la contratación de un autobús para una manifestación.

Lo mismo sucedió con los 23.000 euros que Podemos tuvo que reintegrar por “errores” en el pago de los alquileres de sus diputados afines a Teresa Rodríguez que cobraban las dietas y pagaban el alquiler con fondos del Parlamento.

La Diputación Provincial

En el caso de las irregularidades en la contabilidad del PP de Sevilla, los fondos han salido de la partida que la Diputación Provincial transfiere para el funcionamiento del grupo provincial, por lo que su fiscalización corresponde al Tribunal de Cuentas que es el órgano que fiscaliza las cuentas de financiación de los partidos políticos.