El Congreso debatirá el 8 de abril la ley de gafas gratis impulsada por Adelante Andalucía

El próximo día 8 de abril, en la tribuna del Congreso de los Diputados, tres parlamentarios andaluces defenderán la ley que pide incluir la inclusión en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, de los productos ópticos. Serán la popular Beatriz Jurado, la socialista Pilar Navarro y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, el grupo que ha promovido la iniciativa, quienes defenderán la financiación pública de las gafas para todos los menores de edad y para los mayores según su nivel de renta. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Parlamento andaluz el pasado 16 de octubre y al ser una norma con carácter estatal ahora tiene que pasar el último trámite que es el proceso de debate y aprobación en la Cámara Baja.

El portavoz de Adelante, se ha mostrado muy satisfecho de poder estar en el Congreso “representando al Parlamento de Andalucía defendiendo una ley con vocación estatal que es de sentido común porque hay aspectos de salud que no pueden depender del dinero que tenga cada uno en el bolsillo” “Queremos que todos los productos de salud visual, sean gratuitos para todos los niños y que para los adultos se paguen en función de renta, para que ver bien deje de ser un privilegio de clase, para que las gafas y lentillas dejen de ser algo que cuesta tanto dinero por lo que mucha gente no puede graduarse o no puede cambiarlas porque directamente no puede pagarla” .

La Ley de Gafas Gratuitas podría beneficiar al 61% de la población mayor de 15 años que utiliza gafas, en Andalucía el 54%. Adelante Andalucía ha denunciado en numerosas ocasiones que el 31% de los menores tiene problemas visuales no resueltos o que en Andalucía hay un millón de personas que debe usar gafas pero no las utiliza porque no puede pagarlas, por los que esta propuesta podría mejorar directamente su calidad de vida.

La principal derivada para ponerla en práctica de una manera efectivo (y que no pase como con la ley de los enfermos de ELA) es la dotación de una partida presupuestaria. La disposición adicional única de la proposición señala que "la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, determinará la cuantía y la forma de abono a las comunidades autónomas de las cantidades necesarias para la financiación de la prestación prevista en esta ley". Dicho de otro modo: las gafas gratuitas a menores y a adultos según su nivel de renta, será prestada por Andalucía, pero pagada con el dinero que le llegue del Estado central.

A estas alturas no parece nada probable la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, imprescindibles para dotar de dotación económica a esa medida, toda vez que no se ha conseguido sacar adelante el objetivo de déficit y de deuda, un paso previo para comenzar la elaboración de las cuentas.

El Parlamento andaluz había aprobado una proposición de ley para reformar la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para incluir la prestación de la gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad, así como una ayuda proporcional a su renta en el caso de los beneficiarios mayores de edad, en la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud. Adelante, pretendía con la inclusión de dicha medida mediante la vía del artículo 172 del Reglamento del Parlamento, esquivar una más que previsible negativa de la mayoría absoluta del PP en la Cámara andaluza a tener que financiar esa medida con cargo a sus propios presupuestos.

No obstante, la ley establece en la disposición transitoria única que "en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud apruebe un plan o alcance un acuerdo de financiación de dicha prestación". No obstante, no hay una obligación legal de cumplirlo, o dicho de otra manera, no hay consecuencias de no hacerlo.

El coste de dicha propuesta, se sitúa solo en Andalucía en 50 millones de euros que se elevarían 260 en toda España, únicamente para el caso de gafas gratuitas a los menores de edad. Si se añaden los adultos con bajos niveles de renta, el coste ascendería a 140 millones de euros para Andalucía y 700 millones para todo el territorio nacional. El Gobierno andaluz, que tiene transferidas las competencias de sanidad, también podría asumir el 100% de la medida, aunque se hubiera encontrado con un gasto no previsto que, sin duda, hubiera hecho descarrilar esa iniciativa.

La ley parte de un hecho como es que la mayoría de la población tanto española como andaluza, utiliza gafas o lentillas para su normal desenvolvimiento. El porcentaje en España está próximo al 61%, mientras que en la comunidad autónoma llega al 55%, la menor de todas las regiones. Ese aspecto define, a juicio de Adelante, lo que se conoce como "pobreza visual", es decir "personas que no tienen acceso a la salud visual íntegra debido a sus condiciones económicas o sociales". El porcentaje de población que padece estas deficiencias visuales como consecuencia de no poder pagar los costes de los métodos para su corrección (gafas o lentillas) es del 9%.

Hay que tener en cuenta también el hecho de que “el coste medio de unas gafas oscila entre los 150 y los 400 euros” señaló a este periódico, José Ignacio García, quien en el momento del anuncio de la medida el pasado mes de mayo, añadía que “es una cuestión de salud, no un artículo de lujo”.