Luz verde para la convalidación del decreto de simplificación administrativa

La Diputación Permanente del Parlamento convalidará mañana, salvo sorpresa, el decreto-ley de simplificación administrativa que presentó el pasado 9 de marzo después de la sesión del Consejo de Gobierno. Aquel día, el Ejecutivo andaluz hizo un esfuerzo de estrecheces y ahuecamiento en la sala de prensa para que seis de sus miembros hicieran acto de presencia en la rueda de prensa. El objetivo no era cualquier cosa, había que enfatizar el calado de una medida que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de asociaciones de diversa índole, sindicatos y de los partidos de la oposición.

El Decreto-ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva modifica 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas –según explicó entonces el Gobierno andaluz–, entre los que figura la simplificación de procedimientos y la modificación de tasas en ámbitos como el turístico, comercial, sanitario, industrial agroalimentario, medioambiental, urbanístico, audiovisual, energético, de pesca y servicios sociales.

La convalidación de este decreto-ley favorecerá un crecimiento de alrededor el 2,5% en los próximos cinco o diez años, según señalan los cálculos elaborados por el Gobierno andaluz y cuyos detalles ha recogido Efe. En cualquier caso, la llegada de la pandemia del coronavirus y la consecuente caída de la economía obligará al Gobierno a anticipar nuevas previsiones y a mirar diferentes horizontes.

Empresarios y autónomos, a favor

A favor de esta "revolución normativa", como la han llamado desde el PP, están los representantes de la patronal y de los autónomos. "Es algo que los empresarios llevamos esperando mucho tiempo", señaló entonces el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz y del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez Rojas, nada más conocer el tenor del nuevo decreto del Gobierno andaluz.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Rafael Amor, por su parte, manifestó que su organización siempre ha visto como una "urgente necesidad" la revisión, reducción y celeridad" en la resolución de los trámites administrativos.

Según los cálculos del PP, las empresas andaluzas necesitan casi medio año para empezar a funcionar, concretamente, más de 160 días, dependiendo del tipo de actividad empresarial. Con esto es con lo que quiere acabar el Gobierno andaluz.

La oposición, sindicatos y ecologistas, en contra

"Agilizar", "acelerar", "autopistas" de negocios son los términos de acción usados por los partidos que sustentan al Gobierno de la Junta para describir los efectos del decreto de simplificación que no sólo no seducen a otros sectores de la población andaluza sino que los pone en guardia. La simplificación, para muchos de los colectivos que han mostrado rechazo a esta nueva normativa, no es más que desprotección. Las llamadas trabas, a fin de cuentas, tienen el fin de la regulación, del control de la actividad industrial.

Las voces críticas con este decreto señalan las consecuencias negativas que en material laboral, social y medioambiental pueden conllevar la aplicación de estas políticas a los sectores industriales andaluces. Si desde el PSOE hablan de que la nueva norma "beneficia a unos pocos a costa de los demás" y ha pedido su retirada por falta de consenso, desde Adelante Andalucía han criticado que dar curso al decreto acarreará la implantación de "la ley de la selva", en referencia a la desaparición de los controles preceptivos que se llevan a cabo en la actividad industrial.

También se han opuesto a la medida los sindicatos. Desde CCOO han advertido de que el nuevo decreto rescata en Andalucía "la cultura política del pelotazo" característica de las décadas anteriores, justo antes de la crisis financiera. En CCOO se preguntan el significado exacto de "simplificar y eliminar burocracia" y sospecha que "el Gobierno andaluz da manga ancha a empresarios y grupos de presión".

Hay colectivos muy preocupados por los efectos del decreto en materia urbanística y medioambiental. Es el caso de Greenpeace, que opina que la norma "agiliza la destrucción del medioambiente". Para los ecologistas, el Gobierno andaluz debería dedicarse a "minimizar los impactos y reducir emisiones", dada la situación de "emergencia climática".