Detectan más de mil hectáreas de cultivos ilegales que se riegan con agua de Doñana

Ante el comienzo de la nueva campaña agrícola, la asociación ecologista WWF denuncia que en estos momentos se siguen regando 1.180 hectáreas en el entorno de Doñana fuera de la superficie agrícola regable delimitada por el Plan Especial de la Corona Forestal. De esa superficie, que equivale a unos 1.400 campos de fútbol, cerca del 80% son cultivos de frutos rojos. WWF pide de manera inmediata el cierre cautelar de los pozos y las fincas ilegales y solicita la aplicación del Plan de la Corona Forestal en su redacción actual, tal y como está acordado para el cumplimiento de la sentencia de la Comisión Europea y las recomendaciones de la Unesco.

La superficie regada sin autorización supondría un volumen estimado de al menos seis millones de metros cúbicos (6 hm³) de agua extraída ilegalmente del acuífero, el equivalente a 2.400 piscinas olímpicas, explica WWF en una nota que ha sido presentada este lunes en Huelva. Se trata de una producción de aproximadamente 30.000 toneladas de fresas y frutos rojos cultivados ilegalmente que podrían comercializarse en los mercados europeos a partir de diciembre si no lo impiden la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Junta de Andalucía.

La actual superficie de cultivo ilegal en Doñana es ligeramente inferior a la del año anterior -cuando ascendió a 1.360 hectáreas-, lo que muestra que, pese a denuncias de organizaciones como WWF y los esfuerzos de la CHG, el Seprona y la Fiscalía, la superficie continúa sin descender de forma significativa. Desde la aprobación del Plan de la Corona Forestal de Doñana en 2014, recuerda WWF, la superficie de cultivo irregular nunca ha bajado de las 1.000 hectáreas.

WWF ha detectado estas ilegalidades en el uso del suelo y agua a través de imágenes satelitales y otras tecnologías aéreas. Es una información a la que también puede tener acceso la CHG con la nueva herramienta que puso en marcha en septiembre. Ésta “proporciona teledetección en tiempo real, con una actualización cada cinco días, el tratamiento automático de las imágenes en muy poco tiempo, aproximadamente dos minutos, y el análisis de la información para la toma de decisiones vinculadas a la estricta inspección de los bombeos y la clausura de captaciones”.

“Al igual que WWF, las administraciones también disponen de nuevas tecnologías, satélites, drones y otras herramientas para conocer en tiempo real las ilegalidades que se están cometiendo en este momento. El acuífero de Doñana está sobreexplotado con un índice de explotación del 109%, tal y como ha demostrado WWF a partir de datos oficiales, por lo que no podemos esperar un año más a que acaben las campañas agrícolas para actuar. Pueden y deben impedir que el agua se siga extrayendo ilegalmente y que la situación se agrave aún más”, afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Exigencia de acciones inmediatas a las administraciones central y autonómica

WWF exige por ello a la Junta de Andalucía -en el ámbito de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras- y la CHG una actuación inmediata y a gran escala, aplicando medidas cautelares, como el cierre de pozos y el precinto de hectáreas ilegales. Con estas medidas se lograría impedir que se sustraiga ilegalmente agua del sobreexplotado acuífero de Doñana, que cuatro años después de declararse en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, continúa en declive y sigue sin contar con un programa de actuación, legalmente obligatorio e imprescindible ante su falta de recuperación alguna. Y, por otro lado, impedir que las fresas cultivadas ilegalmente lleguen a los estantes de los mercados nacionales y europeos a partir de diciembre.

“Acabar con las ilegalidades en el uso del suelo y el agua, acelerar la recuperación del acuífero y acabar con la grave competencia desleal a los productores legales está en las manos de la Junta de Andalucía y la CHG. Por ello desde WWF les exigimos una vez más que adopten medidas cautelares inmediatamente durante esta nueva campaña agrícola, como el cierre cautelar de pozos y precinto de hectáreas ilegales. Eso es vital para que los incentivos que se contienen en el Marco Socioeconómico para Doñana del Gobierno central tengan utilidad”, afirma Del Olmo.