Los ecologistas insisten en la restauración del Guadiamar para nutrir de agua a Doñana

La catástrofe medioambiental que supuso la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar en 1998 sirvió para varias cosas. La principal fue la necesidad de un control efectivo de las administraciones a los yacimientos mineros. El accidente de Aznalcóllar estuvo a un suspiro de empapar de aguas tóxicas el Parque Natural de Doñana. Aquella hecatombe medioambiental sirvió también para que el Congreso de los Diputados aprobara en 1999 una norma, el Real Decreto-ley 7/1999, que estableció la urgencia de un número de intervenciones para proteger y recuperar el ecosistema de Doñana. Más de 25 años después, aquel Real Decreto-ley sigue esperando el cumplimiento.

No son pocas las voces que exigen que las leyes se cumplan. También ese decreto ley de hace un cuarto de siglo. Los investigadores de Doñana y los colectivos ecologistas acumulan trienios, quinquenios y décadas solicitando la restauración del caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, dos cauces que han servido históricamente de arterias fluviales para nutrir de vida a las marismas. La renaturalización de estas dos fuentes de agua estaban incluidas en la norma de 1999. Es una medida que está incluida igualmente en el Acuerdo Marco acordado hace poco más de un año por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Ecologistas en Acción le ha pedido ahora al Gobierno andaluz que tome partido definitivo por esa apuesta medioambiental.

Un acuerdo entre las administraciones

La asociación ecologista ha recomendado este martes a la Junta que "se ponga de acuerdo con el Estado para comprar fincas más necesarias y más prioritarias para la restauración hídrica de Doñana, que pasa por recuperar el río Guadiamar", aparte de la nueva compra anunciada ayer de la finca Tierras Bajas. El portavoz de la organización en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado en unas declaraciones a Efe que apoyan "incrementar el patrimonio público" en Doñana pero que hay, sin embargo, "cuestiones previas en las que tenemos dudas y que no están resueltas".

"Todas estas tierras a finales del 2023 fueron sometidas a un procedimiento administrativo de deslinde del dominio público marítimo terrestre. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿estará comprando la Junta Andalucía dominio público marítimo-terrestre?", ha señalado Romero, quien ha añadido que "no lo tiene claro" y que su asociación "piensa indagar y resolver esta cuestión".

Otras compras prioritarias

Al margen de tal cuestión, Ecologistas en Acción ha sugerido a la Junta que "se ponga de acuerdo con el Estado para comprar fincas más necesarias y más prioritarias para la restauración hídrica de Doñana, que son el río Guadiamar y el Brazo de la Torre". "Para recuperar el río Guadiamar en el corazón de la marisma hay que comprar la finca de Cerrado Garrido, Cochinato y Hato Blanco", ha precisado el portavoz ecologista, quien ha añadido que para hacer lo propio con la finca de Veta la Palma con soluciones basadas en la naturaleza "tienen que recuperar el Brazo de la Torre y comprar fincas como Cantarita y Veta de Alí".

Por último, ha recordado que estas obras ya fueron declaradas de interés general por el Estado, que forman parte del Acuerdo marco entre Junta y Estado y que también son una recomendación dada por la Unesco para la restauración hidráulica del espacio protegido de Doñana, aparte de la mencionada ley de 1999 que formó parte del proyecto Doñana 2005 surgido después del accidente de Aznalcóllar.