La Fiscalía de Cádiz reclama a la Junta que aclare su cambio de personación en el caso de los contratos del SAS

La Fiscalía de Cádiz ha pedido a la Junta de Andalucía que explique las razones por las que ha querido cambiar de personarse como perjudicado a hacerlo como responsable civil subsidiario en la causa abierta por un juzgado para investigar el presunto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En un escrito, que ha adelantado El Diario y confirmado Efe, la Fiscalía se ha dirigido al juzgado de instrucción número tres de Cádiz, que investiga los hechos a raíz de una denuncia de Podemos por el supuesto fraccionamiento de contratos del SAS por valor de 235 millones de euros en la provincia, e indica que habría sido deseable que el gobierno andaluz explicara las razones de su cambio de postura en la personación.

Una vez que el juzgado admitió la denuncia de Podemos y abrió el caso, la Junta de Andalucía pidió personarse en las diligencias. La jueza denegó esta solicitud dos veces porque la Junta no aclaraba en calidad de qué quería hacerlo. Cuando la Junta especificó que solicitaba su personación en calidad de perjudicada, la jueza admitió su presencia en las diligencias como acusación particular. Y poco después pidió personarse como responsable civil subsidiario, lo que, según Podemos, era una contradicción y "un disparate jurídico".

Colaborar con la Justicia

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, manifestó entonces en una rueda de prensa al ser preguntada por ello que el Ejecutivo autonómico lo que quiere siempre es "colaborar" con la Justicia y aportar la máxima información posible y que si los servicios jurídicos de la Junta han estimado este cambio "será porque es lo más oportuno".

La Fiscalía ha expresado ahora al juzgado que el SAS debería explicar, porque no lo ha hecho, las razones de su cambio de postura con respecto a su personación como perjudicada o como responsable civil subsidiaria.La Fiscalía indica que de momento la cuestión carece de trascendencia, a la espera de que se practiquen las diligencias que ha pedido para poder concretar contra quién se dirigirá el procedimiento. Será entonces, entiende la Fiscalía, cuando se determinará cuál será la posición procesal del SAS.

Declaraciones

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García, que investiga los hechos, ha citado a declarar como testigos este miércoles 2 de abril a los interventores José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón. Para un día después, el 3 de abril, están citados también como testigos las jefas de servicio Beatriz Tallóin Cádiz y María Jesús Correro Fernández.

Estas son algunas de las primeras diligencias que se realizan para investigar la denuncia que interpuso Podemos el pasado octubre, basándose en los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que habían detectado "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".

La denuncia

La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistemas 91,9 millones de euros (el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones de euros,(el 33,2 % del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2 % del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones de euros, el 21,9 % del total de contrataciones.

Podemos interpuso esta denuncia en un juzgado de Sevilla, que decidió dividirla y remitir a órganos judiciales de cada provincia los hechos que afectaban a cada territorio. El de Cádiz ha sido el primero en admitirla y emprender una investigación.