Los funcionarios de Andalucía deberán aprobar un periodo de prácticas para acceder a su plaza

La Junta de Andalucía se enfrenta en los próximos cinco años a la jubilación de más del 40% del personal de la Administración general. Fueron contratados cuando la autonomía fue adquiriendo funciones fruto del desarrollo que siguió a la aprobación de su Estatuto. Para afrontar ese proceso de contrataciones masivas, la Consejería de Administración Pública publicó el primero de los tres decretos que supondrán la completa renovación de toda la vida laboral de los más de 40.000 trabajadores que prestan sus servicios en la administración general (quedan fuera los de salud y educación, por ejemplo). El aspecto más significativo, según reconoció el consejero, José Antonio Nieto, además de este nuevo modelo, es conseguir “la adaptación de los trabajadores a las nuevas necesidades”.

Con la salvaguarda de conseguir la mejor atención posible a los ciudadanos, verdadero objetivo que se plantea a la hora de configurar la plantilla de trabajadores públicos, se introduce una novedad que supone un cambio radical en los mecanismos de acceso a la función pública. Hasta ahora era necesario superar unas pruebas de conocimientos teóricos para poder acceder a una plaza. A partir de ahora todos aquellos que las superen (seguirán existiendo) deberán enfrentarse a un periodo de evaluación del desempeño. Se crea la figura del funcionario en prácticas, habitual en la empresa privada, en las administraciones de otros países europeos y en educación y salud.

De hecho, ya se ha creado para los nuevos perfiles de contratación, por ejemplo en la rama jurídica de la Administración general que hasta el momento no existía. Ese periodo de prácticas trata de evaluar si el perfil del funcionario corresponde exactamente al que la Administración buscaba y si es el más idóneo para prestar el mejor servicio posible. Tendrá una duración de entre tres y seis meses que estarán remunerados.

Puede darse el caso de que el aspirante a funcionario se quede sin plaza por no haber superado ese periodo. Para ello, en cada convocatoria de puestos a cubrir, se dispondrá de un 20% más de plazas. Los que no accedan a esos puestos, se quedarán en una bolsa en la que dispondrían de una opción preferente durante los dos años siguiente para poder hacerse con la condición plena de funcionario. Las habilidades de atención al público o poder formar parte de un equipo serán evaluadas de manera pública y transparente, sin dejar margen a la discrecionalidad.

La intención de los responsables de la Junta es conseguir a los mejores, a los mejor preparados a aquellos que tengan las mejores capacidades para prestar el servicio que requieren los ciudadanos. El consejero aseguró que se pretende “superar el modelo de administración del siglo XX que hemos seguido hasta ahora y entrar en la mejor manera para captar el talento en este siglo”. Para Nieto, se persigue la puesta en marcha de un “ecosistema nuevo que responda al desarrollo y a la motivación que precisan los funcionarios, junto con el verdadero objetivo de todo este nuevo modelo que es, no lo podemos olvidar, el de prestar la mejor atención posible a los ciudadanos”.

El nuevo decreto que entró ayer en vigor ha sido negociado y acordado durante meses con todos los sindicatos a excepción del SAF. Por ello, desde la Consejería han querido aclarar que ese 20% más de plazas no supone que ese número se va a quedar fuera del sistema, sino que, por el contrario, hasta ahora si esos aspirantes a funcionario no accedían a la plaza su única opción era que los llamaran de interinos, volver a presentarse y aprobar. Con el nuevo modelo, tendrán opción a que, hasta que haya otra convocatoria, los llamen pero directamente como funcionarios de carrera.

La nueva legislación también busca no volver a repetir el error cometido con los interinos que se quedaban años de manera provisional antes de poder acceder a su plaza. Esta situación, prohibida expresamente por la legislación europea, precisó un largo proceso que concluyó en diciembre del año pasado con la regularización de los últimos 700 que se encontraban en esa situación.

También los funcionarios ven reconocida su capacidad de especialización y movilidad. La primera de ellas entra en funcionamiento para evitar que el talento se vaya de manera mayoritaria a la empresa privada. No existía en la administración y ahora se quieren poner en marcha mecanismos que ayuden a evitar la idea generalizada de que en la privada se gana más dinero. Lo que ocurre, explicaron, es que en un principio una empresa paga poco de manera inicial, pero ofrece incentivos y ejerce de tutor de los trabajadores a los que capta en las universidades y les asesora para que, después de un tiempo, consigan esos incentivos.

Sobre la movilidad –y este es otra de las novedades importantes– se pone en marcha un concurso abierto y permanente de promoción horizontal dentro del mismo subgrupo y otro que se convocará obligatoriamente cuatro veces cada año. Se contempla, además, la movilidad geográfica por razones de salud y de violencia de género, amén de las adaptaciones para personas con discapacidad que hasta ahora era complejo tenerlas en cuenta, especialmente aquellos que padecían alguna limitación de tipo psíquico.

Este nuevo modelo intenta superar uno procedente de 1912 que ha ido corrigiéndose hasta la fecha con sucesivas adaptaciones legislativas. Lo que entra en vigor ahora es un cambio radical. De hecho, aunque haya un cambio en la Consejería e incluso en el partido que dirige al Gobierno andaluz en un futuro, tendrá que basarse en los preceptos que entran hoy en vigor.

El decreto, denominado de Planificación y Ordenación del Empleo Público, es el primero fruto de la aprobación parlamentaria de la Ley de Función Pública de Andalucía. El siguiente hito será el Decreto de Teletrabajo. Sobre éste, que se encuentra en la fase de informes, Nieto adelantó que en la actualidad se establece uno por semana; los sindicatos pedían hasta tres y, definitivamente se ha acordado dos jornadas semanales. Ese decreto regulará quiénes pueden acceder a esa modalidad, así como las condiciones que deberán ser exigidas por ambas partes. El que queda, es el de Evaluación y Desempeño, el más importante de ellos y en el que todavía no se ha alcanzado la fase de acuerdo con los sindicatos.

Plantilla envejecida

La edad media del personal en activo de la Junta es de 54 años. Un 71,30% del personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía tiene más de 50 años, mientras que en el Estado ese porcentaje es del 64%. El 49,47% está en la franja de 51 a 60 años (en el Estado el 43,54%). Es una administración envejecida, si bien también eso supone que existe una gran experiencia profesional acumulada. La edad media de acceso ha aumentado de 29 años a 36 años en la última década. Las jubilaciones serán generalizadas hasta 2030, por lo que se van a afrontar procesos de contratación masivos ya que no se plantea un adelgazamiento de las plantillas.