Los funcionarios de la Junta de Andalucía podrán teletrabajar hasta tres días

La Junta de Andalucía tiene en marcha una regulación del teletrabajo entre sus funcionarios, cuyo aspecto más destacado es la posibilidad de llegar hasta tres días a la semana las jornadas en las que los trabajadores públicos podrán no asistir de manera presencial a sus respectivos puestos, siempre que las necesidades operativas de los mismos se mantengan de manera inalterable. Hay que tener en cuenta que lo permitido con la actual normativa es únicamente un día de teletrabajo.

La Consejería Justicia y Función Pública tiene abierto hasta el próximo 28 de agosto el periodo para recoger las aportaciones que quieran hacer los agentes económicos y sociales al proyecto de decreto con el que se regulará el teletrabajo en Andalucía. La Administración autonómica pretende "situar de forma clara el ámbito de aplicación, la identificación de los puestos teletrabajables, los sujetos que forman parte del procedimiento de concesión, los requisitos para la realización del teletrabajo a distancia, los derechos y deberes del teletrabajador, las modalidades de prestación de servicios a distancia y la duración de este régimen de trabajo", entre otras cuestiones. La intención de la Junta es cerrar esta normativa en un periodo de unos tres meses después de que se analicen las aportaciones presentadas.

La intención del Ejecutivo autonómico es la de ampliar a dos días el teletrabajo a los empleados públicos y abrir la posibilidad a un tercero previa "evaluación de la implantación" de este sistema y "si existen evidencias de la optimización de recursos y la atención a necesidades organizativas de la ciudadanía". Si así se constatara, la Consejería propondría al Consejo de Gobierno la "ampliación hasta el máximo del 60%" de la jornada, es decir tres días.

Hay que recordar que son 285.021 las personas trabajan en la Junta. Éste es el dato que figura en el Proyecto de Presupuestos vigente para este año y que contempla un aumento de 5.000 empleados públicos más. La administración autonómica es la mayor empleadora de la comunidad, donde ahora trabajan 3,3 millones de personas, según el último dato de afiliación a la Seguridad Social.

La mayor parte de los funcionarios y empleados públicos de la Junta trabajan como docentes o como sanitarios, entre ambos suman 209.000 personas. El resto son trabajadores de la administración general de la Junta (46.392) y de Justicia (8.225), a los que hay que añadir los empleados de diversas agencias.

Por el momento y a la espera de concretar de manera específica el desarrollo normativo, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha defendido las "bondades" del teletrabajo, cuya regulación tiene en marcha ya la Junta de Andalucía, pero ha advertido de que "los trabajadores que decidan acogerse a esta modalidad laboral no pueden convertirse en esclavos digitales". Asimismo, ha recordado que a este personal le asisten "las mismas garantías" en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) que le son de aplicación a los trabajadores que desarrollan su tarea de forma presencial.

"La posibilidad de trabajar hasta tres días desde casa y la dotación de los medios necesarios para ello por parte de la Administración son, entre otros aspectos, dos grandes avances en la regulación normativa del teletrabajo", ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF-A, Pilar González, que, sin embargo, ha subrayado que "la modalidad de desempeño de un puesto a distancia debe realizarse con las totales garantías en lo que a riesgos laborales se refiere".

La secretaria autonómica de Seguridad y Salud Laboral del sindicato ha indicado que "sabemos de las bondades del teletrabajo y por ello desde CSIF apostamos firmemente por esta modalidad. Está demostrado que ayuda y facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, contribuyendo a la natalidad, la repoblación de entornos rurales, el ahorro económico y energético, la reducción de desplazamientos y su positiva repercusión medioambiental, entre otros".

"No obstante, es una realidad que, en muchas ocasiones, quienes optan por esta modalidad de trabajo sufren de tecnoestrés, fatiga informática, hiperconectividad, aislamiento social o ciberadicción", ha advertido. En este sentido, ha explicado que "los trabajadores sienten en muchas ocasiones que deben responder a esta oportunidad de trabajar a distancia estando siempre disponibles al otro lado del ordenador, móvil o similar, a cualquier hora del día, incluidos festivos y días de descanso, si se les requiere alguna información".

La Consejería que dirige José Antonio Nieto señala que la norma es "necesaria y oportuna" teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que "facilitan formas de trabajo alternativas a las estrictamente presenciales". "Es ineludible, por tanto, aprobar una nueva regulación de desarrollo que ofrezca un sistema integral regulatorio de la figura del teletrabajo", concluye.

 Para CSIF, "uno de los grandes avances de la nueva norma es aportar concreción, transparencia, claridad y seguridad jurídica, tanto a los trabajadores como a la Administración". Además, "se evitarán ambigüedades y arbitrariedades gracias a la creación de un catálogo de puestos y funciones en el que se establecerá el grado susceptible de teletrabajo para cada uno de los puestos". Dicho catálogo se irá integrando "progresivamente" en las distintas relaciones de puestos de trabajo (RPT), explicaba.

Asimismo, la central sindical valoraba "especialmente" que este marco normativo establezca un plazo de "sólo tres meses" desde la publicación del decreto para que los ámbitos donde no hay una regulación específica de la modalidad laboral no presencial, como Sanidad, Educación y Justicia, se dote de dicha regulación en sus respectivas mesas sectoriales. En cuanto a la dotación de medios para teletrabajar, CSIF reseñaba el compromiso para ello por parte de la Administración que está recogido en el decreto, "si bien de forma voluntaria se puede solicitar el teletrabajo de forma coyuntural usando material propiedad de los empleados".