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Los funcionarios de más nivel son los más dispuestos a denunciar el fraude
La encuesta de la Oficina Andaluza Antifraude recoge que el 42% de los empleados confía bastante en el Gobierno andaluz frente al 29% que prefiere el central
El 44% de los funcionarios de la Junta ha tenido tentaciones de corrupción
La encuesta que la Oficina Andaluza Antifraude ha realizado entre los 270.000 funcionarios que trabajan en la Junta de Andalucía y en todo el sector público, empresas, fundaciones y entidades, ha dejado una segunda batería de respuestas que están analizando los técnicos de esta entidad independiente que emana del Parlamento andaluz.
Resulta llamativo destacar que, en general, los funcionarios públicos andaluces expresan bastante desconfianza hacia los gobiernos central y autonómico. Una respuesta que casa con la percepción de que tienen de falta de eficiencia de la administración. Pero no es lo único que dicen. Según los datos de esta encuesta, el personal empleado público muestra una mayor confianza hacia el Gobierno andaluz que hacia el Ejecutivo central. Concretamente, hay una diferencia de 13 puntos porcentuales (un 42% de los empleados confían bastante o mucho en el Gobierno andaluz frente a un 29% que lo hace en el Ejecutivo central ), una acentuada diferencia entre ambos niveles de gobierno favorable al autonómico.
La confianza en el Gobierno andaluz es también un elemento impulsor de la denuncia: aquellos empleados públicos que muestran una mayor confianza en el Gobierno andaluz se sienten más impulsados a comunicar irregularidades.
Pero tampoco en este capítulo hay un comportamiento homogéneo de los funcionarios, si bien esta encuesta ha desvelado comportamientos similares entre los mismos grupos profesionales.
Los datos de la encuesta de la Oficina Andaluza Antifraude desvelan que sólo uno de cada diez empleados públicos ha denunciado casos de fraude. Y quienes los denuncian suelen tener funciones relacionadas con la gestión de fondos públicos; un 32% tiene una actitud valiente ante la posibilidad de denunciar (denunciarían, aunque les generara problemas) y ya conocen la Oficina.
La disposición a denunciar, es decir, la actitud favorable y sin reservas a comunicar irregularidades se extiende a casi un 40% de los empleados públicos. Entre ellos, la probabilidad de mantener esa disposición hacia la denuncia aumenta conforme aumenta el grupo profesional y el nivel, es decir, a medida que aumentan las responsabilidades del empleado público. También aumenta sensiblemente la disposición a denunciar en aquellas personas que ya conocen la Oficina Andaluza Antifraude.
Aunque más del 90% de los empleados públicos manifiesta que denunciaría cualquier irregularidad de la que tuviera conocimiento, sólo un 38% lo haría, con independencia de cualquier consecuencia negativa que pudiera acarrear.
Una oficina abierta a todos los ciudadanos en una dirección web
La Oficina Andaluza Antifraude no es un juzgado ni tramita denuncias penales. Es más, cuando tiene conocimiento de algún delito, inmediatamente traslada la información hacia los juzgados. Pero sí tiene una ventanilla abierta 24 horas al día todos los días del año (www.antifraudeandalucia.es) para que cualquier persona pueda denunciar hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros del ámbito territorial de Andalucía. La oficina puede sancionar a los altos cargos que incumplan su normativa específica en materia de incompatibilidades, recogida en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. Las sanciones pueden ir desde la declaración del incumplimiento en el BOJA hasta la no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo, la destitución del cargo ocupado, o no poder ser nombrada la persona para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años.
Presiones sobre los empleados públicos
Entre los empleados públicos que manifiestan haber sido contactados para obtener algún beneficio en un servicio público, es interesante reflejar que la edad influye de manera directa ya que los funcionarios de más edad los que en mayor medida reconocen estas situaciones. Las consecuencias que saca de estos datos la Oficina son que “se observa un posible efecto de fenómeno en extinción, ya que las generaciones jóvenes no perciben tantas situaciones de irregularidad, coincidiendo con la percepción generalizada del descenso del fraude en Andalucía por parte del personal empleado público (un 69% del personal empleado público así lo ha manifestado)”.
La corrupción, en general, afecta a la vida personal de los empleados públicos, pero lo hace, curiosamente, en mayor medida a la de los funcionarios que no tienen relación con la gestión de fondos públicos. “Esta correlación resulta contraintuitiva, lo que puede indicar un cierto efecto mediático o ambiental en la percepción, que se alimenta colectivamente de un escenario de fraude que no podemos decir que exista de acuerdo con los datos recibidos”.
Los hombres se muestran más afectados que las mujeres, y también afecta más a grupos administrativos y auxiliares que a grupos superiores y de administradores, lo que refleja un mayor impacto entre niveles y perfiles de menor responsabilidad.
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