Igualdad amplía el plazo hasta junio de 2025 para que las comunidades abran los centros contra la violencia sexual

Serán unidades móviles de actuación urgente que complementan el servicio de atención a las víctimas del Instituto Andaluz de la Mujer

Andalucía, la comunidad con más agresiones sexuales múltiples, no cuenta con ningún centro de crisis para las víctimas

Manifestación a favor de la Ley conocida como "Solo sí es sí"
M. H.

19 de diciembre 2024 - 13:28

Sevilla/Andalucía, así como el resto de las comunidades autónomas, dispondrá de seis meses más, hasta el mes de junio de 2025, para abrir los centros de crisis de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, según ha confirmado este jueves el Ministerio de Igualdad.

En este sentido, el departamento que dirige Ana Redondo, ha indicado que ha logrado una flexibilización de los plazos de ejecución y justificación, hasta el próximo 2 de junio de 2025, "para que las autonomías dispongan de más margen para poder justificar los créditos procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

"El objetivo final es que los centros cuenten con la estructura y con servicios mínimos exigidos por la legislación en vigor", ha recalcado Redondo.

Hasta la fecha, Andalucía, la comunidad con más delitos sexuales registrados por parte de más de un agresor en el año 2023, no cuenta con ningún centro de los citados.

Según el Ministerio de Igualdad, por comunidades autónomas, País Vasco es la que más centros operativos tiene, con tres (en Bilbao, Vitoria y San Sebastián).

Le sigue la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha con dos, y Madrid, Huesca, Teruel, Albacete y Guadalajara.

En España tan solo hay en marcha 23, de los 52 que deben estar operativos en junio de 2025 tras la prórroga concedida.

De este modo, el Gobierno y las comunidades autónomas se volverán a reunir el próximo lunes, 23 de diciembre, en Conferencia Sectorial de Igualdad Extraordinaria, para formalizar el acuerdo que permite esta ampliación.

Compromiso de 2021

Desde 2021, el Ministerio de Igualdad ha transferido a las comunidades y ciudades autónomas un total de 83 millones de euros, procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, destinados a la creación de los centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias que aún no se han puesto en marcha.

a secretaria de Estado para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia, Aina Calvo; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la delegada del Gobierno contra la violencia de género del ministerio de Igualdad, Carmen Martínez / Europa Press

En desarrollo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, los centros deberán cumplir con los criterios de atención permanente y actuación urgente, facilitando atención psicológica, jurídica y social para las víctimas y las personas de su entorno.

Unidades móviles

Se trata de unidaddes móviles donde habrá personal cualificado para ofrecer a las mujeres que lo necesiten acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, las 24 horas del día todos los días del año.

Así, siempre que una víctima lo precise, a cualquier hora del día, cualquier día del año, se activarán los protocolos que permitan la atención y la actuación de las personas profesionales que se requieran las 24 horas del día y, en su caso, puedan realizar acompañamiento presencial y emocional en función de la situación que haya que abordar y en cualquier localización que se encuentre la víctima.

Servicio y atención a las víctimas

Con todo, la Junta de Andalucía ha asegurado que la atención a las víctimas está garantizada con el servicio autonómico.

El departamento que dirige Loles López recordaba esta semana que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) presta este servicio de atención psicológica las 24 horas para víctimas de este tipo de violencia.

De este modo, la Junta de Andalucía recuerda el teléfono de atención a las víctimas 900 200 999, operativo las 24 horas todos los días del año, en el marco del programa dirigido a mujeres menores de edad que han sufrido violencia sexual en su relación de pareja, así como protocolos de actuación con diferentes consejerías, incluido aquel contra la sumisión química.

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