Los imputados de los ERE mantienen la 'ley del silencio' ante la juez Alaya

Vuelve la ley del silencio al caso de los ERE. Cinco ex altos cargos de la Junta se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que les había citado a declarar tras ampliarles la imputación en el último auto en el que la instructora imputó a otras 20 personas.

Por el despacho de la magistrada desfilaron el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler Márquez, los ex viceconsejeros de Empleo Justo Mañas Alcón y Agustín Barberá Salvador, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez. Ninguno de ellos prestó declaración, acogiéndose a su derecho a no declarar. Ni la Fiscalía ni ninguna de las acusaciones particulares solicitó nuevas medidas cautelares.

El ex consejero Martín Soler presentó un escrito en el que se desvincula de la ayuda a Abantia Ticsa, que fue concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación. En el escrito, la defensa alega la "falta de participación" de Martín Soler en este expediente, por cuanto asegura que el mismo se inicia después de que fuera cesado como titular de Innovación. Martín Soler había comparecido ante la juez Alaya ya en junio pasado, fecha en la que también se acogió a su derecho a no declarar. .

Otros dos imputados que estaban citados ayer no acudieron a la comparecencia: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, por el reciente fallecimiento de su madre, y la directiva de Vitalia María Vaqué.

Las nuevas 20 imputaciones y las ampliaciones de imputaciones a los ex altos cargos se producen en relación con los ERE de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

En la nueva relación de imputados figura el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, que ha sido citado a declarar el próximo jueves en relación con las ayudas concedidas el 17 de noviembre de 2011 por importe de 5.026.425,51 euros a Astilleros de Huelva. Según Alaya, esta subvención excepcional fue pagada el 27 de diciembre, al margen de la orden de 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas sociolaborales.

La Intervención delegada en la Consejería de Empleo, precisa Alaya, emitió un reparo por la ausencia de aplicación de esa orden y exigió que se le diera al expediente la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad.