Dos interventores de la Junta de Andalucía ratifican el fraccionamiento indebido de los contratos del SAS

Dos interventores de la Junta de Andalucía han ratificado este miércoles en el juzgado los informes que detectaron el fraccionamiento indebido de los contratos menores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz por un valor de 235 millones de euros, según fuentes próximas al caso consultadas por Efe.

Los dos interventores, José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, han declarado este miércoles como testigos ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García, que investiga estos hechos a raíz de una denuncia realizada por Podemos.

Dicha formación política basó su denuncia en los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, según relató al juzgado, habían detectado "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".

La denuncia relataba que los informes de la Intervención de la Junta detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistema 91,9 millones de euros (el 46% del total de las contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén fueron 69,8 millones de euros (el 33% del total de contrataciones); en Cádiz fueron 235,4 millones (el 23% del total de las contrataciones) y en Córdoba se registraron 61 millones de euros, el 22% del total de las contrataciones. En esta provincia se firmaron 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un solo medicamento, por un monto total de 2,2 millones de euros.

La denuncia señaló además que los informes apuntaban a irregularidades en las prórrogas de contratos de servicios concertados. Los juzgados de Sevilla que recibieron esta denuncia las remitieron a los de las distintas provincias.

El juzgado de Cádiz, el único que ha abierto diligencias, ha emprendido esta semana sus primeras pesquisas, citando como testigos a dos interventores y a dos jefes de servicio.

La juez ha dejado sin efecto la personación de la Junta en el caso como perjudicada, por lo que queda como responsable civil subsidiaria, atendiendo a la última solicitud de la administración andaluza.

En la sesión de este miércoles, según las mismas fuentes, la defensa de la Junta ha puesto en cuestión los informes de la Intervención en los que se ha basado la denuncia y ha pedido que la causa investigue el fraccionamiento de contratos y no las prórrogas forzosas de contratos de servicios.

Además, ha pedido que Podemos, denunciante de los hechos, quede fuera del proceso como acusación popular, petición que no ha sido admitida, según las mismas fuentes.