La investigación de Ángel Ojeda acabará en manos de Alaya

La investigación que un juzgado de Cádiz ha iniciado tras la detención del ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés acabará con toda probabilidad en manos de la juez Mercedes Alaya, quien desde septiembre del año pasado mantiene abiertas unas diligencias relacionadas con las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para los cursos de formación y en las que ya se estaban investigando las empresas relacionadas con este empresario.

En un reciente auto, la juez Mercedes Alaya aludió precisamente a las sociedades de Ángel Ojeda cuando hace tan sólo varias semanas decidió imputar al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que ha sido citado a declarar el 16 de octubre. La instructora atribuyó a Antonio Fernández haber concedido “con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, “sin convocatoria ni bases reguladoras” y en contra de la ley de subvenciones y del Real Decreto 395/207 que regula las ofertas públicas formativas.

Alaya imputó también al ex consejero por haber permitido la "subcontratación de actividades formativas" en los expedientes de subvenciones cuando dicha subcontratación no estaba autorizada.

Esto habría ocurrido en el expediente 98/2008 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi, donde fueron subcontratadas entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

El juez de Instrucción número 2 de Cádiz ha abierto la investigación a raíz de un atestado remitido ahora por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Brigada Central, por lo que este juzgado no conocía con anterioridad de esta causa, lo que puede provocar la inhibición a favor de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según han explicado fuentes de la investigación, un informe de la Inspección General de Trabajo alertó del “grave perjuicio” que se había ocasionado a la tesorería de la Seguridad Social y al propio presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ángel Ojeda.

El fraude, precisaron las mismas fuentes, consistiría en unos casos en el abono de subvenciones por cursos inexistentes, que no se habrían dado a los desempleados, mientras que en otros supondría la simulación de contratos y el abono de percepciones o becas que estarían por encima de lo legalmente establecido, lo que generaría una contraprestación ilegal que completaría las prestaciones por desempleo que ya estarían percibiendo los trabajadores, como en el caso de la multinacional de automoción Delphi.

De esta forma, otras fuentes apuntan a que la investigación de la Udef sobre las empresas del ex consejero de Hacienda se ha solapado con la que está llevando a cabo desde hace meses la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo las órdenes directas de la magistrada Mercedes Alaya.

Como no pueden coincidir dos órganos judiciales distintos en una misma investigación, lo normal es que uno de ellos se inhiba a favor del otro para el conocimiento de las actuaciones, y en este caso la investigación quedará en manos del juzgado que abrió en primer lugar las diligencias previas, en este caso el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Hasta ahora y aunque hay una decena de juzgados en Andalucía que mantienen abiertas diligencias previas relacionadas con los cursos de formación, la juez Mercedes Alaya ha asumido la investigación más general que deriva directamente de la actuación de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta y de las ayudas concedidas a la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), mientras que las ayudas concretas que se han ido otorgando por las distintas delegaciones provinciales de la Junta a empresas concretas han recaído en distintos juzgados de las capitales andaluzas.

En el auto en el que Alaya imputó al ex consejero Antonio Fernández, la magistrada cifró en 950 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía destinó en cuatro años a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiarias a justificar el gasto de estas subvenciones, de acuerdo con las resoluciones de exoneración dictadas entre 2008 y 2011.

La magistrada explicaba en ese auto que según se desprendía de la declaración testifical prestada ante la UCO de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación de las subvenciones dictadas por la Administración a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros “en subvenciones sin justificar”.

Alaya imputó a Antonio Fernández por haber concedido 70 millones para la formación de los ex trabajadores de Delphi, en la que habría permitido la “subcontratación” de actividades formativas –entre ellas a empresas de Ángel Ojeda- y por haber otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido”, entre otros motivos.